Los 16 miembros del directorio de Repsol han discutido este miércoles una oferta que difícilmente podrían haber rechazado. El pacto que propone Brufau al Gobierno argentino para cerrar el litigio por YPF y que contemplaba la principal condición fijada por la empresa:
el pago por las acciones expropiadas que alcanzará un mínimo de 5000
millones de dólares. El gobierno de Cristina Kirchner abonará esa
cantidad mediante la entrega de títulos soberanos con vencimientos que
van de 5 a 10 años, según fuentes ligadas a accionistas de la petrolera
española.
Se ve cumplida la condición que Repsol ha marcado para su cierre:
que la compensación se estableciera en activos que no estuvieran
sujetos a dudas sobre su cotización. Los anteriores intentos de
conciliación incluían participaciones en el yacimiento de Vaca Muerta,
cuya valoración despertaba polémica entre las partes.
Lo que aún genera dudas en la conducción de Repsol
-aunque no suficientes para tumbar el acuerdo- son las garantías que
ofrece el gobierno argentino sobre la deuda con la que aspira a dar por
terminado el conflicto que durante 19 meses congeló la relación con
España y trabó la llegada de inversiones al país.
Queda por ver la letra chica de lo que firmaron los
gobiernos en Buenos Aires. Repsol ha mostrado cierto temor en aceptar un
instrumento de pago que no pueda venderse en el corto plazo (el mercado
toma los bonos argentinos a cambio de fuertes descuentos) y que no
incluya garantías adicionales.
Ha sido una decisión delicada: la firma del plan implicaba
renunciar definitivamente a los juicios internacionales que Repsol
interpuso contra la Argentina en distintos tribunales internacionales,
donde pedía una compensación del orden de los 10.500 millones de dólares
por el 51% de sus acciones en YPF.
Los principales bancos de inversión consideraron
razonable la cifra de 5000 millones de dólares que ofrece la Argentina,
pese a que el valor en libro de los activos expropiados supera los 7000
millones (lo que obligará a la empresa a anotar pérdidas). Algunos
especialistas en hidrocarburos auguraban un mal negocio para los
españoles. "Si con este acuerdo se destraba la inversión en Vaca Muerta,
dentro de poco va a valer más el 12% que todavía tiene Repsol en YPF
que lo que cobrará por el 51% expropiado", señaló un empresario español
del sector.
Tras estudiar el preacuerdo y darle el visto bueno, el consejo expresa su deseo de que "se abra cuanto antes el periodo de conversaciones" entre el equipo de Repsol y el Gobierno argentino para abordar la complejidad propia de un acuerdo tan relevante.
Como parte del proceso, la petrolera española contratará a un banco de inversión internacional para que "apoye al equipo" encargado de participar en el proceso de concreción del acuerdo.
Retribuciones y apoyo a la direcciónEl consejo de Repsol ha aprobado también el pago de una retribución a los accionistas en el marco del Programa Repsol Dividendo Flexible y en sustitución del que hubiese sido el tradicional dividendo a cuenta del año 2013, equivalente a 0,50 euros bruto por acción, bajo la fórmula del "scrip dividend" y sujeto a los correspondientes redondeos de conformidad con las fórmulas previstas en el acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas, tal y como informó la compañía en un comunicado.
Por último, como órgano de administración de la compañía ha manifestado el "pleno apoyo a la estrategia de la misma y a la gestión que viene desarrollando el equipo de dirección", conforme a las mejores prácticas de gobierno corporativo. Todo ello se evidencia tanto en las tasas de crecimiento, como en resultados positivos y en rentabilidad de la acción y confirma el refrendo que los accionistas les vienen prestando por inmensa mayoría a través de su voto en las Juntas Generales. Este ha sido el único apartado que no ha sido aprobado por unanimidad en el consejo sino que tuvo un único voto en contra, el de Pemex Internacional España, S.A.
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