La ley mordaza

El tercer miércoles de cada mes, un grupo selecto de ejecutivos de Wall Street se reúne secretamente en algún lugar del Midtown de Manhattan. Con seguridad, estos oscuros encuentros guardan relación con el mundo de las finanzas, con los grandes bancos y el mercado de derivados, el "capital golondrina" como estos denominan a las idas y venidas descontroladas de acciones y capital, con el capitalismo de casino y la especulación a escala planetaria.

En paralelo, la ciudadanía asiste atónita a cómo, día a día sus necesidades e intereses están siendo diezmados, y el empobrecimiento, la desigualdad, o el recorte de sus derechos laborales se han convertido en una macabra rutina a la que muy pocos creadores de opinión prestan atención.

Mientras tanto en España, el bienio negro del Gobierno Popular se ha saldado con un paquete de medidas económicas y políticas muy del gusto de los ejecutivos de Wall Street. Lo que de manera eufemística se ha denominado como Proyecto Reformista, no ha sido otra cosa sino la suma de enormes recortes de derechos y un serio destrozo al Estado del Bienestar. La consigna no puede ser más cruel: es necesario vuestro sufrimiento para volver a la senda del crecimiento.

Pero como sucede en todos los ámbitos de la vida, nada es lo que parece. Quienes gestionan nuestra educación, la sanidad o el bienestar social, no pueden evitar que entre tanto recorte surjan voces de descontento, colectivos rebeldes hastiados de tanto engaño, de corrupción sin castigo, de atracos perpetrados desde las más altas instancias del poder político, financiero y empresarial.

En todo este tiempo de la conocida como Crisis Financiera o Gran Recesión, han surgido voces insumisas, nuevas expresiones de contestación social que han salido a la calle para hacer visible su malestar. El 15-M, STOP-Desahucios, Mareas representativas de colectivos profesionales amenazados por la privatización y la pérdida de empleo, dos Huelgas Generales convocadas por los sindicatos de clase, etcétera.

En general, todo un conjunto de colectivos ciudadanos que no están dispuestos a permanecer en silencio, y observar como sus derechos básicos son cercenados por un Gobierno que se muestra magnánimo con los poderosos y cruel con los débiles.

Para mantener el orden, para silenciar todas estas voces, el Partido Popular ha ido tejiendo toda una serie de normas administrativas e incluso penales, destinadas a intimidar y reprimir todo atisbo de rebeldía e insumisión ciudadana.

Sanciones económicas desproporcionadas sobre quienes tengan la osadía de agruparse para pitar o abroncar a un cargo político, identificaciones policiales arbitrarias, en ocasiones chulescas y provocativas por parte de algún miembro de las fuerzas de orden público, detenciones, acusaciones ficticias por desórdenes públicos o resistencia a la autoridad; todo un conjunto de medidas represivas cuya culminación será la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Bajo una supuesta defensa de la "mayoría silenciosa", el PP ha ido capeando el temporal atribuyéndose esa "mayoría" para minimizar el seguimiento ciudadano a determinadas convocatorias. Curioso argumento éste si consideramos que la mayoría absoluta del PP en las elecciones generales de 2011 se obtuvo con cerca de 11 millones de votos, sobre un total de 24,5 millones de votantes.

Pero dejémonos de artificios, el tándem formado por Fernández Díaz - Ruiz Gallardón ha creado un marco legislativo a actuaciones policiales que hubieran sido intolerables unos años antes. En solo tres años 329 personas han sido detenidas en el transcurso de manifestaciones pacíficas, algunas de ellas con lesiones muy graves producto de las cargas policiales. El número de infracciones administrativas previstas en esta Ley pasan de 39 a 55; el mero hecho de grabar o difundir imágenes de las actuaciones policiales podrán ser consideradas delito, mientras las sanciones - si no se cambian- pueden oscilar desde 30.001 hasta 600.000 euros.

Como bien han sostenido los abogados del Colectivo de Juristas Andaluz, la propuesta de reforma de Fernández Díaz es una suerte de reedición de la Ley de Vagos y Maleantes aprobada en los años 30 del siglo pasado y ampliada durante el franquismo.

Si este proyecto de Ley como es de esperar próspera, el PP creará una gran mordaza para acallar a una ciudadanía a la que se pretende permanezca sumisa y resignada frente a los desmanes de una política económica que cada vez más le empobrece.

Quienes el tercer miércoles de cada mes conspiran en contra del 99% de la población mundial, pueden estar tranquilos: en España hay un Gobierno que vela por sus intereses y trata de poner sordina a la desesperanza.

Pese a todo, la inteligencia y voluntad popular siempre han sabido responder a leyes mordaza como esta que comentamos. Lamentablemente, al pueblo español le sobra experiencia en estas lides.

***Antonio Navarro Escudero

Miembro de la ejecutiva regional de CCOO CLM