El Colectivo de Conductores de Asuntos Generales de los parques móviles de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha remitido un explosivo comunicado en el que denuncia, entre otras cosas, que los altos cargos de la Junta estarían utilizando los vehículos oficiales de manera particular. Hablan de la intención del Gobierno de Cospedal de "privatizar" determinados servicios de los vehículos oficiales y niegan que se vaya a ahorrar con esta medida que, además, aclaran que no afectará a los vehículos que trasladan a los políticos sino a los que prestan servicios al ciudadano, por ejemplo, el traslado de un menor a un centro de acogida.
Los conductores de la Junta han remitido el comunicado para "puntualizar" las informaciones aparecidas en prensa sobre la intención del Gobierno regional de
reducir a la mitad el número de conductores del parque móvil de la Administración
autonómica y, con ello, un supuesto ahorro de 2,4 millones de euros.
Aseguran que es "absolutamente falso que sobren conductores en la Junta de
Comunidades porque los directores generales y altos cargos de la Administración
regional hayan dejado de utilizar los vehículos oficiales para viajar". Niegan, además, que dichos altos cargos se estén pagando sus viajes.
Los directores generales y altos cargos utilizarían vehículos oficiales de forma "particular"
Los directores generales y demás altos
cargos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "han estado, están y seguirán utilizando los vehículos oficiales y,
además, en múltiples ocasiones para su uso particular", denuncian.
El colectivo de conductores quiere "dejar claro" en su comunicado que "la intención de los
dirigentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no es eliminar los
servicios que el parque móvil presta a los altos cargos, sino todo lo
contrario" ya que, aseveran "lo que pretenden es eliminar los
servicios que presta al personal técnico y administrativo, que es el que presta
servicio al ciudadano, a la vez que aumenta el número de conductores que prestan
sus servicios a los altos cargos".
Dicen que así lo recoge el punto 6 de la Memoria Justificativa de la planificación de recursos humanos elaborada por los
dirigentes de la Junta de Comunidades.
"Es muy fácil caer en la trampa de
considerar vehículos oficiales exclusivamente a los que dan servicio a
políticos y altos cargos, y nada más lejos de la realidad. Un camión de
bomberos o un coche policial son vehículos oficiales, al igual que lo son los
vehículos con los que realizamos la mayoría de los servicios en los parques
móviles y que están destinados al buen funcionamiento de la Administración
autonómica. Estos son los que quieren eliminar", insisten.
Entre esas funciones, explican, están
inspecciones de campo para dar servicio a los agricultores en cuestiones como
atención de plagas, viñedos, obras de regadío, bodegas, cooperativas... o la recogida
de muestras de mataderos para su transporte a laboratorio; el traslado de muestras
de laboratorios de sanidad animal; los repartos de vacunas a centros de salud; las inspecciones a centros escolares; las inspecciones a residencias de mayores; las visitas a obras para la correcta gestión de los montes públicos; el control y
realización de obras en caminos y carreteras; el servicio de extinción de
incendios forestales; el control de granjas; el control de piensos para animales o el traslado de menores en situación de abandono, entre otras cosas.
"Es falso que se vaya a ahorrar 2,4 millones de euros"
En segundo lugar, quieren también "dejar claro
que es absolutamente falso que se vaya a producir un ahorro de 2,4 millones de
euros, porque el plan contempla la reubicación de los conductores afectados,
manteniendo su sueldo".
"Además, en caso de querer seguir
prestando esos servicios que se van a ver afectados tendrán que contratar a una
empresa externa y pagarles aparte, lo que al final sale más caro", aseguran.
"El objetivo es la privatización"
En su opinión, el único objetivo es "la privatización, al
igual que están haciendo ya con la sanidad y la educación públicas" y lanzan una propuesta "si el consejero de Hacienda y el
Gobierno de Castilla-La Mancha están tan seguros de que el parque móvil está
sobredimensionado deberían empezar la reestructuración eliminado a los ocho que hacen funciones de conductor en Presidencia y que cobran del doble
que un conductor del parque móvil, que, además, están puestos a dedo, sin haber
pasado por una oposición".
Sugieren también cubrir esos ocho puestos con
conductores del parque móvil "que sí han pasado por el proceso de oposición
según los criterios establecidos en la Ley: Igualdad, mérito y capacidad. Y
como siempre se han cubierto los puestos de conductores de la Junta de
Comunidades".
Los conductores, finalmente, rechazan su reubicación en el Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM) tal y como se ha publicado en ABC ya que, dicen, "esa reubicación conllevaría el despido
de personal interino cualificado para el puesto donde desarrollan su función",
así que, concluyen "¡que Dios pille confesado al que caiga en nuestras manos!, porque en la
oposición que aprobamos demostramos estar capacitados para desarrollar nuestra
profesión: conductores. Y dentro del ámbito sanitario no podemos hacernos
responsables".
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