El Gobierno
Rajoy saca pecho de su reforma laboral, más si cabe tras algunas aprobaciones internacionales y a los buenos resultados en creación de empleo de los últimos meses. Pero se acaba de llevar un importante revés en el ámbito judicial. La titular del Juzgado de lo Social 2 de Barcelona,
María Luisa Sanz, ha concluido que la reforma laboral emprendida por el Gobierno del PP en febrero 2012 vulnera la Carta Social Europea de 1961, según considera en una sentencia del 19 de noviembre.
En concreto, la juez ha llegado a la conclusión de que el contrato indefinido de apoyo a emprendedores puesto en marcha con la reforma laboral contradice la Carta "pues no fija ni plazo de preaviso ni indemnización por finalización del contrato durante el periodo de prueba de un año". "Es cierto que el RD Ley se dicta en el marco de una situación de crisis económica, pero también es cierto que durante esta situación no se puede desproteger a los trabajadores de sus derechos", recoge el auto judicial.
La juez también considera que la reforma laboral contraviene la legislación española en materia de contratación laboral porque el contrato de emprendedores con un periodo de prueba de un año va contra el Estatuto de los Trabajadores, que "siempre exige una causa para la contratación temporal".
Ley de seguridad ciudadanaY menos está gustando, parece que a todos, dentro y fuera de nuestras fronteras, el proyecto de Ley de Seguridad ciudadana. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa,
Nils Muiznieks, pidió hoy a la Unión Europea (UE) y a la troika (BCE, CE y FMI) que tengan en cuenta el impacto que los acuerdos de asistencia financiera y sus condiciones pueden tener sobre la situación de los derechos humanos en los países receptores. Además, aludió concretamente al borrador de la ley de Seguridad Ciudadana presentado por el Gobierno español al que calificó de "altamente preocupante".
"La comunidad internacional en ocasiones ha puesto condiciones muy duras (al conceder asistencia financiera) que atan las manos de los gobiernos", dijo Muiznieks tras presentar en Bruselas un informe del Consejo sobre el impacto de la crisis en la protección de los derechos humanos. El documento pone de manifiesto que las medidas de austeridad recomendadas por las instituciones internacionales y emprendidas por los Estados han afectado a la protección de los derechos humanos, especialmente a los derechos sociales y económicos de los más vulnerables (niños, jóvenes, discapacitados y mujeres, entre otros), al acceso a la justicia y al tratamiento igualitario.
EducaciónY aunque no ha habido una reprobación internacional, sí que la reforma educativa del ministro
Wert ha supuesto una guerra interna en España por la falta de consenso, al ser la Lomce una ley impuesta por el PP, en solitario. A ello no ha contribuido, claro, que se publicara el Informe PISA 2012. Los estudiantes españoles no alcanzan la media de los 65 países y regiones que participan en el informe PISA, evaluación de la OCDE que mide el nivel de los alumnos de 15 años.
La secretaria de Estado de Educación,
Monserrat Gomendio, que presentó los resultados del informe en España, dijo que la Lomce dará respuesta al "estancamiento" del sistema educativo. Gomendio insistió en que los resultados no están en consonancia con la progresión económica de los alumnos. Lo que no se ha modificado, dijo, es "el modelo educativo", que, a su juicio, es la "asignatura pendiente" de la enseñanza en España.
Desde Lisboa, la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que los datos de PISA "no se los puede permitir un país como España" y apuntó que el Gobierno trabaja para "cambiar esta situación".
La portavoz socialista en el Congreso,
Soraya Rodríguez, apuntó a la inversión como la única solución para aliviar las deficiencias del sistema educativo, y dijo que la Lomce empeorará más los ratios de los alumnos por profesor.
Joan Coscubiela, de Izquierda Plural, criticó los bajos salarios de los profesores con formación universitaria como elemento desincentivador del estudio, mientras que Rosa Díez, de UPyD, reclamó la recuperación de la competencia educativa por parte del Estado.
La consejera de Enseñanza de la Generalitat,
Irene Rigau, relacionó los peores resultados que obtiene Cataluña con respecto a otras comunidades con el fenómeno de la inmigración.
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