El Gobierno intentará que Miguel Ricart, liberado pese al crimen de Alcàsser, no continúe por las calles

El recurso se basa en la consideración de que los beneficios penitenciarios otorgados después de 2006, cuando empezó a aplicarse la doctrina parot, deben ser computados sobre el total de las penas y no sobre el máximo legal de 30 años vigente cuando Ricart fue condenado.

LA RAZÓN titula: "La libertad de Ricart ataca la Constitución, dice el Gobierno" y detalla que uno de los argumentos de la Abogacía es que la excarcelación vulnera los preceptos constitucionales que hacen referencia a la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales.

Por otra parte, la Abogacía del Estado comunicó ayer al Consejo de Europa que no entregará a la etarra Inés del Río la indemnización de 30.000 euros concedida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por los "daños morales" de la aplicación con carácter retroactivo de la doctrina Parot.

El Estado destinará esa cantidad a las indemnizaciones por responsabilidad civil que deberían recibir las víctimas de los atentados en los que participó, calculadas en 1,6 millones de euros.