La hora de un proceso constituyente

La Constitución de 1978 está agotada. La ha agotado la derecha social y política que nunca aplicó los derechos sociales y económicos que en ella se establecían. La ha agotado también el PSOE que no los consolidó y desarrolló. El mayor golpe de gracia se lo dieron conjuntamente con su reforma del art. 135, que antepone el pago de la deuda y sus intereses a los servicios públicos y el empleo.

Durante estos 35 años algunos han utilizado la Carta Magna como arma arrojadiza, otros como parapeto y, para otros muchos, sólo ha sido un papel más en el que escudarse para realizar ciertas políticas, pero nunca se han preocupado de garantizar los derechos básicos y fundamentales que recoge.

A pesar de que su origen pueda ser puesto en cuestión en algunos aspectos, lo que sí está claro para todo el mundo es que la mayor parte de los derechos y normas que figuran en ella no se han cumplido y no se ha hecho prácticamente nada para que se cumplan. Al contrario, se han puesto en marcha políticas radicalmente contrarias a asegurar el ejercicio efectivo de esos derechos.

No se han preocupado por el derecho al trabajo (Art. 35) y a unas "prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo" (Art. 41), cuando hoy hay seis millones de parados; ni por el derecho a una vivienda digna (Art. 47), al reparto de la riqueza y la justicia fiscal (Art. 31) o el deber de poner la riqueza del país al servicio del interés general (Art. 128). Por no hablar de aquellos derechos que se ponen en almoneda cuando se recortan y privatizan los servicios públicos que los soportan, como es el derecho a la educación pública (Art. 27) o el derecho a una sanidad pública y de calidad (Art. 43).

El último golpe es el que han dado a las pensiones, pasando por alto el derecho a unas pensiones "adecuadas y periódicamente actualizadas", que aseguren "la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad" (Art. 50).

Como vemos, no sólo no se han garantizado los derechos recogidos en la Constitución, sino que habitualmente se retuercen para hacerlos coincidir con lo que ellos defienden.

Realmente, son los neoliberales de todo pelaje los que iniciaron hace tiempo un 'proceso contra constituyente' con una agenda, en parte oculta y en parte explícita, que lleva a que el texto constitucional sea antes que una garantía de derechos y libertades, una jaula que encierre el progreso, la democracia y las conquistas sociales de quienes viven de su trabajo. La crisis profunda del sistema con todos sus aspectos económicos, sociales y democráticos ha puesto a la luz del día esa estrategia.

Las fuerzas que como Izquierda Unida nos sentimos comprometidas con los intereses y aspiraciones de la mayoría social no vamos a rehuir esa batalla de gran trascendencia política para el futuro.

El problema de la configuración territorial del Estado es un buen ejemplo. Las distintas burguesías -la españolista y las demás burguesías nacionalistas- han cosechado un estrepitoso fracaso en su solución. Las burguesías francesa, italiana o alemana, por citar sólo estos ejemplos, resolvieron la situación hace mucho tiempo. Ahora corresponde a los trabajadores impulsar un nuevo modelo solidario de convivencia de todos los pueblos de España, superador de la recentralización y de la secesión. Un modelo que no sea deudor ni seguidista del interés de ninguna burguesía.

Pero este aspecto con toda su actualidad no debe ocultar otros aspectos fundamentales. Necesitamos una Constitución para la democracia económica y social, que garantice el uso social de la propiedad. Una Constitución para la participación democrática en la política que supere las claras insuficiencias e injusticias de nuestro modelo electoral, la deslegitimación de nuestras instituciones políticas y que garantice formas eficaces de participación ciudadana.

Una Constitución que asegure a las personas sus derechos sociales y, muy en primer lugar, la igualdad de hombres y mujeres, y tome como objetivos centrales la felicidad de los seres humanos y la protección del medio ambiente, mediante un desarrollo sostenible. Una Constitución laica que sitúe respetuosamente en el ámbito privado cualquier creencia religiosa. Una Constitución republicana que no sólo garantice que todas las magistraturas del Estado, incluida su Jefatura, se elijan de forma democrática, sino que aplique en todos los aspectos de la vida social el concepto profundo de 'res publica'.

Estamos en condiciones de poner en pie ese proceso constituyente desde los intereses de la mayoría. Este no es un debate académico, sino un impulso político y movilizador para cambiar la correlación de fuerzas. Un proceso que quedaría en poca cosa sin un proyecto constituyente, cuyos elementos esenciales quedan aquí expuestos y que se puede resumir en una República Federal y Solidaria para una democracia económica y social, en la que la ciudadanía tenga la palabra y la acción.

[*] Cayo Lara es coordinador federal de Izquierda Unida