En la prensa, esos ataques se manifiestan así. Por ejemplo, el diario ABC destaca que "el juez
Castro acorrala a la Infanta contra el criterio de Hacienda, el Fiscal y la Audiencia Nacional". Según este diario, se trata de una "decisión insólita", ya que "no se recuerda ningún caso en el que se acuse por estos delitos en contra de los informes de los técnicos".
En esta línea, LA RAZÓN señala que "Fiscal y Abogacía del Estado rechazarán que la Infante declare como imputada".
Por su parte, EL MUNDO, ya no en tono crítico, apunta que el juez Castro está "a solo un paso de volver a imputar a la Infanta por el caso Aizoon".
El último juez que acaba de recibir consecuencias por su acción judicial ha sido
Elpidio José Silva. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
Jesús Gavilán ha dado por terminada la investigación abierta contra él por presunta prevaricación en la instrucción del "caso Blesa" y concluye que existen "indicios racionales bastantes" para procesarle por este delito y los de retardo malicioso en la administración de justicia y contra la libertad individual. Le exige una fianza de 8.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias a las que podría ser condenado.
Por otro lado, la Agencia Tributaria (AEAT) ha remitido al juez un informe en el que señala que la
Infanta Cristina y su marido,
Iñaki Urdangarin, destinaron 436.703 euros de la sociedad Aizoon a reformar y equipar la vivienda familiar de Pedralbes, y otros 262.120 a otros gastos particulares.
Hacienda reconoce que el rastreo "no ha podido ser exhaustivo" porque hay salidas de Aizoon cuyo destinatario último no ha podido ser identificado.
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