En torno a la pertinencia de pensar en la reforma de la Constitución

Con la simpatía que le es inherente, el director de esta publicación me ha insistido en que envíe unas letras sobre esta temática. La vieja amistad me impide negarme, pero mi avejentada cabeza me advierte de que si bien la cuestión demanda obviamente respuesta afirmativa, no es menos cierto que el contexto reviste cada vez mayores dificultades. Todo ello significa que la materia excede con mucho a lo que modestamente pueda apuntar en unos breves párrafos.

Empecemos por recordar que gran mayoría de los profesores de Derecho Constitucional venimos insistiendo desde el propio momento en que se aprobó la Constitución: que la misma contenía una vía ordinaria, en su art. 167, para la reforma de la mayor parte de sus títulos (incluido el VIII) dotada de mínima rigidez -mayoría absoluta del Senado y mayoría de dos tercios del Congreso-, que era consecuencia de que nuestra Ley de leyes aceptaba la práctica común en las principales democracias europeas de la época sobre la necesidad de ajustes periódicos y frecuentes de sus respectivas constituciones políticas a los cambiantes requerimientos de la realidad. Además los constituyentes dotados de alguna cultura político-democrática, habíamos partido de que el curso de la práctica política en España pondría pronto de manifiesto ajustes necesarios a abordar mediante el pertinente consenso entre los principales partidos.

Lo anterior significa que la Constitución nació preocupada por facilitar su reforma, es decir, su permanente lozanía, que es tanto como decir que constitucionalizaba la preocupación por evitar incurrir en una quiebra como la que puso final a su abuela, la Constitución de 1876, que los políticos de la restauración se negaron siempre a reformar. Pero eso es una cosa y otra bien distinta que el último Título de nuestra Carta Magna, dedicado a regular la reforma de la Constitución, contenga ninguna solución jurídica para asegurar que la misma se modifique siempre que sea oportuno.

El marco de la reforma constitucional tiene naturaleza técnico-jurídica. La forma de una reforma ha de respetar las enseñanzas de la ciencia jurídico-constitucional. Las experiencias acumuladas en la actualización de otras constituciones europeas se deben valorar desde las mejores herramientas del Derecho Constitucional comparado.

Pero el contenido de toda reforma de una Constitución política debe ser fruto de un análisis, dotado del debido nivel, de la problemática de la convivencia pública y especialísimamente de un gran consenso al respecto, que con altura de miras, quienes tienen talla de estadistas han de labrar mediante un diálogo sosegado y huérfano de enfoques partidistas y, en mi particular opinión, guardando en el desván los simplismos ideológicos que solo conducen a dosis progresivas de crispación en una confrontación política que ha impedido desde hace bastantes lustros el forjar consensos constituyentes, pues nuestras dos reformas puntuales solo son un ejemplo a no repetir de la invocación de la urgencia para edulcorar la alergia al diálogo. Y a este respecto los escasos conocimientos de este profesor emérito de Derecho Constitucional carecen de toda utilidad.

Dicho en otras palabras, en nuestras bibliotecas hay miles de páginas escritas sobre lo mejorable de nuestra Carta Magna. Y, por supuesto, no voy a escribir a continuación ninguna frase molesta para quienes se encuentran al frente de las responsabilidades públicas, pues la antipolítica constituye un cáncer que lejos de sacarnos de las dificultades, amenaza con agravar la salud de nuestra flaqueante vida pública. Solamente, desde la experiencia que da la edad, creo que todos debemos invitar a la totalidad de los líderes políticos a seguir, conforme a su mejor criterio, análogos caminos de consenso a los que se recorrieron por nuestro pueblo hace treinta y cinco años y, a su manera han transitado con éxito tantos pueblos hermanos de Europa, de forma cotidiana. Confiemos en verlo y no estorbemos.

[*]  Óscar Alzaga ha liderado la democracia cristiana en España y es catedrático de Derecho Constitucional