El plan anticorrupción del Gobierno sí prohibirá a las empresas realizar donaciones a partidos políticos

En ese plan anticorrupción que ha pilotado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se incluirá la prohibición de donaciones de empresas a partidos, una petición que este martes defendió el PSOE en el Congreso a través de una proposición de ley pero que el PP rechazó a la espera de que sea el Ejecutivo el que lo incluya en una de sus leyes contra la corrupción.

El Consejo de Ministros ya aprobó el pasado 20 de septiembre un informe inicial con medidas de regeneración democrática que dividió en tres bloques normativos: uno relativo a la regulación de la actividad-económica financiera de los partidos; otro centrado en una mejor regulación de las funciones y ejercicio de los cargos públicos; y un tercero con medidas procesales y penales de lucha contra la corrupción.

La oposición no ha hecho aportaciones

La oposición ha renunciado a realizar aportaciones a ese plan anticorrupción hasta no conocer la totalidad del articulado de los textos legislativos del Gobierno, a pesar de que hace un par de semanas el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, se reunió con algunos grupos --PSOE y UPyD se ausentaron-- y les repartió un documento de 18 folios con las líneas generales de las propuestas anticorrupción.

En la Ley de control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos, el Ejecutivo planteará la regulación de los tesoreros o responsables de las finanzas de los partidos, que deberán comparecer anualmente ante el Parlamento.

Esta norma recogerá además la obligación de publicar en la web de los partidos todas las subvenciones recibidas, así como las donaciones superiores a la cantidad que se determine. Las formaciones también estarán obligadas a establecer un procedimiento de aprobación de cuentas en sus estatutos, a aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación, y a inscribir a las fundaciones o asociaciones que estén vinculadas a ellas. Además, se fijarán controles con respecto a las aportaciones que perciban esas fundaciones.

Regulación del ejercicio del cargo público

La segunda ley regulará el ejercicio del cargo público de la Administración General del Estado, incluyendo una codificación de derechos y obligaciones del cargo público, una ampliación del régimen de publicidad de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales y una concreción presupuestaria de las retribuciones.

Además, esta norma recogerá una homologación total del régimen de protección social en las mismas condiciones que el resto de trabajadores públicos; una concreción de los gastos de representación; la prohibición de tarjetas de crédito para gastos de representación; o la fiscalización 'ex post' del patrimonio de los cargos públicos por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses una vez que abandonen su puesto.

Hay un tercer bloque de medidas que prepara el Gobierno en el que se incluyen las penales y procesales contra la corrupción. Así, el Gobierno creará un nuevo Título VII en la Ley sobre financiación de partidos políticos que tipificará conductas como la financiación ilegal de los partidos, la falsedad de las cuentas de los partidos políticos y la administración desleal de los fondos de los partidos.


Además, se reforzará el tratamiento penal de las conductas de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraudes. También se modificará la Ley de Contratos del Sector Público para ensanchar los supuestos de personas que no pueden acceder a la contratación pública.