Las vías jurídicas que maneja el Gobierno para impedir el referéndum separatista de Artur Mas

En primer lugar, si el Gobierno de Mariano Rajoy recibe la petición formal de cesión de competencias según el artículos 150.2 de la Constitución de la Constitución, la respuesta será negativa. El citado artículo dice lo siguiente: "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado".

Ahora bien, más allá de lo anterior, que es una 'vía cerrada', la primera posibilidad legal que baraja el Ejecutivo de Rajoy para impedir la consulta es volver a solicitar ante el Tribunal Constitucional la suspensión de los artículos de la Ley de Consultas populares catalana [Ley del Parlamento de Cataluña 4/2010 de 17 de marzo de Consultas populares por vía de referéndum] en el caso de que se incumpla la petición de autorización al Estado para llevar a cabo una consulta independentista. Si la petición de autorización se produce, la respuesta, claro está, será negativa.

Pero todo depende de cómo se plantee la consulta, o, mejor dicho, cómo actúe la Generalitat, las vías que utilice. Según la forma utilizada, otra de las vías que maneja el Ejecutivo consiste en recurrir directamente ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de una decisión de la Generalitat que hubiera sido adoptada fuera del marco de sus competencias, como sería el caso de una consulta de estas características. Así las cosas, la suspensión de la convocatoria sería automática. De no acatar la Generalitat esa suspensión decretada por el Constitucional, estaría incurriendo en ilegalidad y desafío directo al Estado.

Pero todo depende, como decimos, de la vía por la que opten Artur Mas y sus 'socios': decreto de la Generalitat, petición formal al Gobierno del Estado, acuerdo de las Cortes catalanas, proposición de ley, etc... porque cada vía conlleva una respuesta legal diferente: unas van al Ejecutivo, otras a las Cortes Generales... y cada camino conlleva una solución distinta. En lo que sí hay acuerdo total es en la respuesta: será negativa en cualquier caso.

El último extremo a aplicar, y no deseable en ningún caso, es la suspensión de la autonomía prevista en el Artículo 155 de la Constitución, que dice: "1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas".

También hay otras vías para intentar frenar a Mas, en concreto, la penal. En calidad de firmante del decreto de convocatoria, se le podría acusar de desobediencia y hasta prevaricación, y ser inhabilitado. No son los instrumentos preferidos por el Gobierno, pero todo está sobre la mesa si los separatistas persisten en su empeño.



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