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El lunes serán juzgados por una protesta durante un acto público de la presidenta regional

IU y CCOO apoyan a los acusados de injuriar a Cospedal y a Marcial Marín

IU y CCOO apoyan a los acusados de injuriar a Cospedal y a Marcial Marín

viernes 13 de diciembre de 2013, 16:03h
El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, José Luis Gil, ha mostrado el apoyo del sindicato a los siete jóvenes que el próximo lunes serán juzgados por un presunto delito contra el orden público y de injurias cuando se manifestaron en una protesta no comunicada durante la inauguración del Museo Provincial de Ciudad Real, ante la presencia de la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, y el consejero de Educación, Marcial Marín.

 José Luis Gil, que ha comparecido en rueda de prensa en Ciudad Real junto al coordinador de IU en la región, Daniel Martínez, ha dicho que "el conflicto social no es un conflicto de orden público en contra de lo que está tratando de establecer el Gobierno", y ha reclamado "un cambio de actitud que facilite espacios de consenso y diálogo que permitan encauzar la discrepancia y la movilización", ha informado CCOO en nota de prensa.

   "En estos momentos hay elementos de preocupación en Castilla la Mancha y en España, pues la actitud del Gobierno tiene un trasfondo muy peligroso que nos lleva a los tiempos de plomo que vivió este país, donde las libertades y la democracia brillaban por su ausencia", ha dicho Gil.

   Por su parte, el coordinador regional de IU, Daniel Martínez, ha manifestado que el juicio que se va a celebrar el próximo día 16 "escenifica la situación de represión que pretende atemorizar y amedrentar a la gente para que no salga a la calle a expresar libremente su oposición a las políticas tan injustas que está poniendo en marcha el gobierno del Partido Popular".

   "No son sólo las siete personas de Ciudad Real que van a juicio por la vía penal, sino que también se recurre a la vía administrativa, estando más de 300 personas sancionadas en toda la región", ha dicho Martínez, que ha explicado que estas sanciones administrativas "oscilan entre 400 y 1.000 euros y someten a indefensión a los ciudadanos".

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