Génova 13, investigada: la Policía y un secretario judicial han pasado la noche en la sede del PP

   En un comunicado emitido después de que agentes de la Policía Nacional y el secretario judicial se personaran en la sede popular de la calle Génova para conseguir información al respecto, el PP ha reiterado su "total y plena" disposición a colaborar con la justicia, "igual que ha venido haciendo hasta la fecha".

   El juez Pablo Ruz, que investiga en una pieza separada del caso Gürtel la supuesta contabilidad B de los populares, ha enviado a agentes de la UDEF a la sede del PP tras comprobar que el partido remitió a comienzos de este mes información a la Fiscalía Anticorrupción que el juez había solicitado al partido en julio pasado y este no le había remitido.

   Según el PP, la formación ya entregó al juzgado el 10 de agosto de 2013 la documentación requerida por el juez sobre las citadas obras de rehabilitación en su sede y, el pasado 2 de diciembre, facilitó a la Fiscalía Anticorrupción "copia de parte de esta documentación" como "justificación a los razonamientos" que se contenían en su escrito.

   El secretario judicial, Javier Ángel Fernández Gallardo, ha acudido a la sede de Génova acompañado de varios funcionarios del juzgado de Ruz y ha sido atendido por varios trabajadores del PP que le han ofrecido la documentación que le requerían.

   La presencia de la comitiva judicial no era perceptible desde el exterior de la calle Génova, en cuya puerta estaban apostados dos policías uniformados, aunque una de las plantas superiores del edificio permanecía iluminada. Alrededor de las 21.00 horas, la sede echó el cierre metálico.


EL FISCAL FUE INFORMADO

   Ruz ha ordenado el registro de la sede del PP después de pedir su parecer al fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, que propuso volver a pedir a la formación la documentación que no había remitido. Sin embargo, el juez ha optado por enviar a los agentes de la UDEF a Génova para obtener la información sobre las obras, que fueron desarrolladas por la empresa Unifica.

   De esta manera, el juez pretende, según las citadas fuentes, obtener indicios delictivos que apuntalen la imputación tanto del arquitecto de Unifica, Gonzalo Urquijo, al que se atribuye un delito de fraude fiscal, como del exgerente del PP Cristóbal Páez y de los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, a los que considera cooperadores necesarios de este delito.

   El magistrado decidió suspender este jueves la declaración de Antonio de la Fuente, exjefe de Seguridad del Partido Popular (PP) y cuñado del extesorero Luis Bárcenas, y de la responsable de la ejecución de las obras que Unifica llevó a cabo en la sede de Génova, Laura Montero, por si tuvieran que declarar como imputados en lugar de como testigos, según informaron fuentes jurídicas.

   El aplazamiento de las comparecencias, que ha sido planteado por el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral y apoyado por las acusaciones en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, se produjo después de que las partes tuvieran conocimiento de nuevos informes de la UDEF que podrían contener indicios de delito con respecto a estos dos comparecientes.

   El magistrado, que interrogó el lunes a Urquijo, al exgerente del PP Cristóbal Páez y a la jefa de Obra, María Rey, investiga en una pieza separada del 'caso Gürtel' la existencia de una "contabilidad par  alela o en B" en el PP que se habría desarrollado de forma "continua en el tiempo".

   Ruz llegó a esta conclusión en un auto dictado el pasado 22 de noviembre en el que ponía de relieve, a partir de un informe policial, la coincidencia de tres pagos por valor de 888.000 euros, computados en 2008 en la supuesta contabilidad opaca del extesorero Luis Bárcenas, que coincidían con anotaciones halladas en el registro de la empresa Unifica, que llevó a cabo las obras de Génova.

   El instructor apuntaba que de esta forma se confirmaba "a nivel indiciario" la existencia de "una cierta corriente financiera de cobros y pagos" en el PP al margen de su contabilidad oficial que habría sido utilizada para pagar a Urquijo, al que imputó como autor de un delito contra la Hacienda Pública del que habrían sido cooperadores necesarios tanto Páez como Bárcenas.