Empresarios españoles preocupados por inversiones en Ecuador, Bolivia y Venezuela

Díaz Ferrán expresó esa preocupación en un encuentro con periodistas españoles durante la XVIII reunión de presidentes de organizaciones empresariales iberoamericanas, celebrada en Santiago de Chile y en coincidencia con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica.
El titular de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), se mostró convencido de que si en estos momentos hay inversores interesados en Venezuela, Bolivia o Ecuador, se debe, si acaso, a intereses especulativos.
No obstante, se mostró optimista porque, al final, a su juicio, los empresarios son "la gota de agua permanente que sigue cayendo en la roca" y confían en los cambios.
El presidente de la CEOE señaló que los nueve puntos recogidos por las organizaciones empresariales en su "Declaración de Santiago de Chile" son "las condiciones básicas para que Iberoamérica siga creciendo en los próximos años".
Díaz Ferrán entregó esta mañana a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, la citada declaración, en la que se destaca el elevado crecimiento económico en la mayoría de los países de la región, pero expresa su "profunda preocupación por el aumento de la inseguridad política y jurídica así como por los ataques a la iniciativa privada en algunos países".
En este contexto, hacen un llamamiento a los gobiernos para que restablezcan un marco positivo de colaboración con el mundo empresarial.
Exigen normas jurídicas "claras y estables" para la propiedad privada que den seguridad al emprendedor, una política económica y social que fomente la inversión privada, una fiscalidad equilibrada y un sistema educativo y de formación profesional eficiente.
La inestabilidad política y macroeconómica, recalcan los empresarios, son una de las principales barreras para el desarrollo sostenible de las empresas, por lo que es necesario, reclaman, "un manejo responsable de la política fiscal, presupuestaria, monetaria, crediticia y cambiaria"
Junto con estas consideraciones económicas, las patronales aseguran que el respeto al Estado de Derecho, a los principios éticos y a los valores democráticos es "indispensable" para el desarrollo de la empresa sostenible, que necesita además una gestión transparente y comprometida de las instituciones públicas.
En ese contexto, apuestan por el diálogo social entre empresarios, trabajadores y gobiernos, por el respeto a los derechos laborales y por el ejercicio de la responsabilidad social de las empresas.