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División política ante el fin de ETA: la última operación policial acerca a los socialistas al Gobierno vasco

División política ante el fin de ETA: la última operación policial acerca a los socialistas al Gobierno vasco

> Casi nadie cree a Interior cuando se dice que con los arrestos se golpeó al terrorismo

viernes 10 de enero de 2014, 07:44h
El PSOE vasco cuestionó el "momento" de la intervención policial que acabó con 8 detenidos y confió en que estuviera "plenamente justificada", al tiempo que tildó de "penosa e injustificable" la filtración antes de que se produjese la operación. IU acusó al Gobierno de "boicotear la paz" y de actuar "con odio" y "al dictado" de las víctimas del terrorismo.

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La operación policial contra el llamado "frente de cárceles" de ETA que se saldó con 8 detenidos en San Sebastián fue cuestionada ayer por el Gobierno vasco. El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, consideró que la operación "constituye un paso atrás y refleja el empecinamiento por hacer ver que nada ha cambiado" por parte del Gobierno. Criticó la "burda orientación mediática" de la intervención y acusó al Ministerio del Interior de actuar según "el horario del Telediario".

PNV y PSE se unieron a Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián y firmaron una declaración para denunciar los arrestos, que calificaron de "obstáculo para la paz". La Diputación de Guipúzcoa, gobernada por Bildu, denunció en una declaración que el Gobierno "ha organizado una operación policial y mediática basada en la mentira" para "entorpecer el proceso de paz" y pidió al Gobierno vasco que haga frente "a las agresiones que el Estado lleva a cabo contra el proceso de paz".

El parlamentario de UPyD Gorka Maneiro apoyó al Gobierno y aseguró que este tipo de medidas resultan "indispensables" para la "derrota definitiva" de ETA y calificó de "lamentable" la reacción del Gobierno vasco. Rosa Díez consideró que el Estado de Derecho "debe detener a los delincuentes", aunque "sin interferencias políticas", en referencia a la "filtración que puso en riesgo el éxito completo de la operación". El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, afeó a Erkoreka que criticara las detenciones de los abogados de ETA y no la "foto de familia" de etarras en Durango.

Por otra parte, el grupo del PNV en el Congreso solicitó ayer la comparecencia urgente del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que dé explicaciones sobre el "sentido, interés y circunstancias" de la operación policial, que el partido vasco consideró una "provocación política". CiU se sumó a la solicitud. UPyD también pidió explicaciones al ministro sobre la difusión de la nota de prensa sobre las detenciones antes de que se produjeran.


La Fiscalía pide a Interior un informe sobre la nota de prensa

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias informativas para estudiar la posible relevancia penal de la difusión de la nota de prensa que el Ministerio del Interior emitió adelantándose a la operación de la Guardia Civil y pidió ayer a este departamento un informe sobre lo sucedido, que Interior achacó a un "error humano". Según apuntan ABC y LA VANGUARDIA previsiblementela investigación no tendrá consecuencias judiciales.

El jefe de prensa de Interior, Alberto Gimeno, puso su cargo a disposición del ministro, Jorge Fernández Díaz, tras lo sucedido.


La noticia en la prensa

EL MUNDO abre su portada con el siguiente titular: "Buscan contrarreloj las pruebas ocultas tras el 'error' de Interior" y subraya que "un senador bloquea la investigación". ABC destaca en portada: "PNV y PSE salen en defensa de los etarras detenidos". LA RAZÓN también titula en portada: "El PSOE vota con Bildu y PNV contra el 'jaque' a ETA".

Los diarios ofrecen hoy información sobre las actividades de la abogada de etarras Arantza Zulueta, detenida en la operación del miércoles. Según EL PAÍS, "Interior describe a Zulueta como un estorbo para la reinserción de presos". ABC dice que "Sortu acusaba a Zulueta de silenciar a los etarras débiles y de querer atentados". LA RAZÓN reproduce conversaciones intervenidas en las cárceles que "prueban que la abogada era la comisaria política" y que los propios presos rechazaban que Zulueta fuera mediadora.


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