Lo que la consulta esconde: el Defensor del Pueblo catalán alerta de una "clara erosión de derechos sociales"

En rueda de prensa, ha responsabilizado a gobiernos de diferentes colores que se han sucedido desde 2009, tanto en Cataluna como en toda España, y ha citado como ejemplos de este progresivo deterioro la ley de la Dependencia, la eliminación de la Renta Básica de Emancipación, la modificación del cobro de la Renta Mínima de Inserción en Catalunya, los desahucios y la gestión de las preferentes por parte de las entidades bancarias.

Esta situación tiene una clara traslación en las 13.354 quejas y actuaciones de oficio que ha tramitado la institución durante el último año: un 6,7% más que los 13.452 trámites de un año antes y un 32% más si se toman como referencia los datos de 2010.

El informe, que prevé presentar en el Parlament el 6 de febrero, especifica que el 39,3% de estos trámites tienen que ver con las políticas sociales, el 29,4% con la administración pública y los tributos --Ribó destaca la importancia de la campaña 'No vull pagar' contra peajes-- y el 13% con el consumo.

Mayor concienciación

No obstante, el Síndic ha aplaudido la mayor concienciación de las administraciones públicas y privadas para aceptar y aplicar sus recomendaciones pese a no ser vinculantes: las sugerencias se han aceptado total o parcialmente en el 98% de casos, y el informe para el Parlament detallará los 80 casos particulares en que la resolución no se ha aceptado.

Asimismo, ha celebrado que cada vez más ciudadanos hagan uso de sus derechos, un "acto democrático", y ha defendido la seriedad y el rigor de la institución, porque en un 30,3% de las quejas recibidas no se ha apreciado ninguna irregularidad.

Contabilizando también las consultas, el Síndic realizó más de 27.000 actuaciones el año pasado, que en total afectan a unas 38.300 personas --una cifra superior a las 31.300 personas del año 2010 pero que se mantiene estable en los dos últimos años--, de las que un 60% corresponde a mujeres.

El tiempo de tramitación de las quejas y actuaciones finalizadas durante 2013 fue de 121 días, cuatro menos que el año anterior y 48 menos que en 2010, aunque Ribó ha destacado que se podrían acelerar todavía más los procesos si las administraciones públicas culminaran su informatización.

Sin predicciones

El Síndic no ha querido opinar sobre las predicciones sociales positivas que algunos gobernantes han lanzado para 2014, y se ha limitado a constatar que la situación durante el último año "se ha agravado", una tendencia que ya se empezó a apreciar en 2009 y que, pese a hacerlo constar en su informe de entonces, fue obviado por los poderes públicos.

"El derecho social es un derecho moderno, democrático y de madurez que no se debería perder", ha destacado, además de lamentar la escasa conciencia sobre este problema de los gobernantes de los diferentes colores políticos, que según él suprimen o limitan partidas presupuestarias que habían demostrado su efecto positivo.

Entre las posibles mejoras, Ribó ha dicho que, aun sin llegar a la dación en pago, se podrían adoptar medidas de segundas oportunidades para frenar los desahucios al estilo de lo que ya hace Fracia y Alemania, y ha constatado que, en materia de pobreza energética, otros países europeos "llevan años de ventaja".


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