Así han reaccionado los sindicatos después de que Cospedal haya anunciado que la Junta pedirá "seguramente" al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) una "aclaración" de la sentencia que condena a la Junta a readmitir a estos interinos para saber de qué manera tiene que aplicarla y preguntará con cargo a qué partida presupuestaria tienen que aplicar esta medida.
La rueda de prensa la han ofrecido la secretaria regional del Sector Autonómico de FSP UGT, Beatriz Tormo; la secretaria regional de FSP UGT, Carmen Campoy; el secretario regional de STAS, Gustavo Fabra; y el representante de STAS-Intersindical, Anastasio Lorente.
Todos ellos han pedido "coherencia" al Gobierno ya que aseguran que si el Tribunal Supremo ratifica la sentencia del TSJCM los cerca de 14 millones de euros que costaría a las arcas públicas la readmisión de estos interinos, podrían doblarse a unos 28 millones. "Ese dinero lo van a pagar todos los castellano-manchegos", han apuntado.
Los sindicatos también han anunciado que convocarán asambleas para pedir la ejecución de la sentencia y solicitar la dimisión de Esteban y De la Fuente y "si no nos hacen caso" no descartan iniciar movilizaciones y volver a salir a la calle.
CSI-F: "La sentencia debería tener consecuencias más allá del aspecto judicial"
El
sindicato CSIF ha recibido "con enorme satisfacción" la noticia de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que obliga al gobierno
regional a readmitir a los trabajadores interinos que fueron despedidos al
margen de la negociación colectiva y de manera unilateral por la Junta de
Comunidades y, a través de un comunicado, felicita a todos
aquellos trabajadores que "fueron injustamente despedidos en el verano del año
2012 por el gobierno de Cospedal, sin atender a lo que la ley establece en
materia de negociación colectiva, y que generó un conflicto laboral y social
que llevó a distintas movilizaciones y protestas ciudadanas, con el apoyo
permanente de todas las centrales sindicales".
CSIF recuerda que siempre defendió la necesidad
de negociar las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo en la Mesa
de Negociación, algo que la Junta de Comunidades y la Consejería
correspondiente "rechazaron, amparados en la situación de crisis que atravesamos,
cayendo en la más absoluta ilegalidad".
El sindicato cree que esta sentencia debería "tener consecuencias más allá del
aspecto judicial, pues determina que las decisiones que se tomaron fueron
injustas, inadecuadas, precipitadas, al margen de la negociación colectiva y
ajenas a la legislación, por lo que sería conveniente que alguien asumiera las
responsabilidades que exige la sentencia ahora conocida, que supondrá un coste
económico adicional, con el consiguiente deterioro de las arcas regionales".
Además, mantiene activas acciones judiciales a título individual en el mismo
sentido, gestionadas por los servicios jurídicos del sindicato y "lamenta" la
declaración de intenciones de la Junta de interponer recurso de casación a una
decisión judicial que certifica una injusticia cometida con cientos de
trabajadores.
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