El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegura que los inmigrantes irregulares que viven en España tienen una de las coberturas sanitarias más amplias de toda la Unión Europea, a pesar de que el Consejo de Europa ha publicado un informe en el que considera contrario a su convención la reforma sanitaria impulsada por Ana Mato en abril de 2012, que dejó sin derecho a la tarjeta sanitaria a este colectivo.
Este organismo recuerda a España que se ha comprometido ha garantizar a los extranjeros pertenecientes a países no europeos los derechos recogidos en la carta social europea, que obliga a prestar asistencia sanitaria a los ciudadanos sin tener en cuenta su estatus de residencia, bien ratificando convenios sobre derechos humanos bien adoptando la legislación nacional.
Sin embargo, un portavoz del departamento de
Ana Mato ha explicado que ningún país de la UE reconoce el derecho a la cobertura pública de la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones a los extranjeros sin residencia legal que a sus nacionales y a los residentes legales.
Además, con la reforma sanitaria se establecieron los requisitos necesarios para obtener la tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), entre ellos contar con un permiso de residencia en España, pero no se limita el derecho a recibir asistencia sanitaria.
De hecho, recuerdan desde Sanidad, para estos ciudadanos la reforma garantiza la asistencia completa a menores de edad y mujeres embarazadas, así como la atención en servicios de Urgencias hasta el alta médica y el acceso a programas de salud pública.
"Y las comunidades tienen un margen amplio para dar la atención que quieran", han añadido las mismas fuentes, lo que hace que España sea el país europeo que más atención da por Ley a este colectivo.
Además, añade el portavoz de Sanidad del PP en el Congreso,
Rubén Moreno, "no es cierto" que se incumpla la carta social del Consejo de Europa ya que ésta compromete a los países firmantes a ofrecer la misma asistencia sanitaria que a sus ciudadanos a todos aquellos que estén establecidos legalmente en el país, por lo que no estaría haciendo alusión a los inmigrantes irregulares.
De hecho, ha argumentado que de ser así ningún país firmante cumpliría con este requisito. El portavoz 'popular' ha recordado además que el citado informe del Consejo de Europa hace referencia al periodo del 2008 a 2011.
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