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Recorte a la justicia universal: una víctima española sólo podría perseguir a sus criminales si también lo son o si son residentes en España

Recorte a la justicia universal: una víctima española sólo podría perseguir a sus criminales si también lo son o si son residentes en España

> La oposición pregunta al Gobierno qué ha prometido China para que se reforme así la ley

martes 11 de febrero de 2014, 20:11h
Los grupos de la oposición se han mostrado unánimes al acusar al PP de "estrangular" la justicia universal por promover en el Congreso una reforma para introducir nuevos requisitos y han advertido de que la "herencia" y la "marca España" que dejará el Gobierno será la "impunidad" de quienes han cometido crímenes "execrables" contra la humanidad.

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El Grupo Popular ha llevado al primer Pleno ordinario del recién estrenado periodo de sesiones la proposición de ley, en la que reforma el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para imponer nuevos requisitos en la competencia de los tribunales españoles para perseguir delitos de genocidio u otros crímenes contra los derechos humanos.

La principal novedad es limitar las actuaciones a casos en los que los criminalmente responsables sean españoles o extranjeros residentes en nuestro país tras la comisión de los hechos supuestamente delictivos, lo que abriría la puerta a archivar numerosas causas abiertas en la Audiencia Nacional. Entre ellas, el genocidio del Tibet o el asesinato del cámara José Couso

Actualmente, el principio de justicia universal ya estaba limitado por la reforma del 2009 -pactada por PP y PSOE y apoyada por el Grupo Mixto- que limitaba la competencia de los jueces para actuar sólo en los casos en que quedara "acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España".

El encargado de defender la iniciativa ha sido el portavoz de Justicia del PP, José Miguel Castillo Calvín, que ha destacado su "carácter ambicioso" y ha considerado que la actual regulación constituye una "mera declaración de principios" y una "Justicia quijotesca" que no encuentra resultados en la práctica.

"No limita ni restringe la competencia de los tribunales españoles, al contrario, sin crear falsas expectativas, podrán ser perseguidos y juzgados de manera más efectiva que antes", ha dicho Castillo Calvín, para instar a "abandonar la demagogia y los falsos tópicos" y exponer que el PSOE recurrió en más de una docena de ocasiones a las proposiciones de ley y a las enmiendas para reformar las leyes.

Amenazan con llevar la reforma al Constitucional

Desde la tribuna, asistía al debate el monje tibetano Thubten Wangchen  invitado por UPyD, que ha podido escuchar como este grupo junto a otros como ERC o CiU han ofrecido su apoyo a los socialistas para llevar al Tribunal Constitucional este cambio legislativo y no "ser cómplices" de él. De salir adelante, el PNV también ha mostrado su deseo de modificarla.

Todos los grupos han coincidido en que la iniciativa lanza "un guiño" a países "transgresores" que, como Estados Unidos o China, no han reconocido la legitimidad de la Corte Penal Internacional. A su entender,   la reputación de España queda "seriamente dañada" en un momento en el que su legislación actual ha servido de ejemplo a otros países, como Francia.

La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha cargado duramente contra el Gobierno por "estrangular" la justicia universal "pasando por encima y arrollando" los derechos de los españoles ante las presiones extranjeras. "La respuesta terrible que da el Gobierno español es desproteger a sus nacionales", ha remachado.

Ha lamentado que España pase de estar a la cabeza en la defensa de los derechos humanos para colocarse a la "cola" en la persecución de crímenes "execrables" en pro de la impunidad. "Esta será su herencia, esta es su marca España", ha espetado a la bancada 'popular'.

Rodríguez ha advertido de que España podrá ser denunciada ante la Corte Penal Internacional por no perseguir estas violaciones y ha reprobado el "atajo y la trampa" a la que ha recurrido el PP para ahorrarse los informes preceptivos del Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial.

En la misma línea se ha pronunciado el resto de portavoces de la oposición, que han puesto en duda que la reforma amplíe los delitos susceptibles de ser juzgados por los tribunales españoles y han exhortado al grupo proponente a asegurar a la familia de Couso o a las víctimas del genocidio tibetano que sus casos serán juzgados con la nueva regulación.

¿España cede ante los poderosos a cambio de qué?

Para el portavoz del PNV Aitor Esteban, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha "achantado ante los poderosos y a los intereses del mercado" a cambio de favores de escasa entidad. "Si sale adelante, propongo a la Cámara mantener el debate sobre la justicia universal durante toda la legislatura y que podamos modificarla en la próxima", ha agregado.

Desde UPyD, Irene Lozano ha arremetido contra las "bochornosas" formas del Gobierno en torno a esta "fraudulenta" iniciativa y ha querido saber "qué ha prometido a China a cambio de esta faena superior". "Nos interesa que se fortalezca la democracia en China, no debilitar la española", ha añadido.

El portavoz en Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, ha criticado la "vergüenza" que supone que el Partido Popular "cambie la marca España por la marca Caín y lo conviertan en el país de la impunidad". "Hoy el PP defiende la ley de punto final", ha apostillado.

De su lado, el diputado de CiU Jordi Jané ha compartido que la proposición de ley tiene "aspectos de clara inconstitucionalidad" y supone un "paso atrás" en la justicia universal, en el que se "cierra la puerta" a la personación de la acusación popular.

Los diputados Joan Tardá, de ERC, Olaia Fernández Dávila, del BNG, o Sabino Cuadra, de Amaiur, han enmarcado esta propuesta en las actuaciones del Gobierno tendentes a "defender a presuntos genocidas franquistas" y "brindar un modelo de impunidad". Tardá ha animado a los grupos a llevar la reforma al Tribunal Constitucional y a los jueces a plantear cuestiones de inconstitucionalidad.


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