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Otro caso de justicia universal que pende de un hilo: españoles encontrados en fosas saharauis

Otro caso de justicia universal que pende de un hilo: españoles encontrados en fosas saharauis

miércoles 12 de febrero de 2014, 16:27h
Los responsables del descubrimiento el pasado junio de dos fosas comunes con ocho cadáveres de saharauis han certificado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que las víctimas eran españolas según acreditan sus documentos de identidad, cartillas de racionamiento y rastros genéticos. Los peritos han confiado en que la reforma de la justicia universal no aniquile esta investigación.


Recorte a la justicia universal: una víctima española sólo podría perseguir a sus criminales si también lo son o si son residentes en España
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha tomado este miércoles declaración al psicólogo Carlos Martín Beristain, al antropólogo forense Francisco Etxeberria --que participó en el caso Bretón analizando los restos óseos de la hoguera de Las Quemadillas- y al familiar de tres víctimas encontradas en las fosas.

Ruz investiga el secuestro, la tortura y el asesinato de casi 600 saharauis desde que en 1975 se produjera la retirada de las autoridades españolas de la antigua colonia.

El Consulado deniega el visado a un testigo presencial que debía declarar ante Ruz

Mahmud Selma Daf, cuyo padre, hermano y primo fueron ejecutados el 12 de febrero de 1976 y sus cuerpos encontrados en esas fosas comunes, ha explicado que otros siete afectados y un testigo presencial de los hechos tenían previsto comparecer hoy en la Audiencia Nacional. Sin embargo, el Consulado español no les ha concedido el visado y no han podido acudir a su cita con el juez Ruz.

Los expertos han aportado al magistrado el material fotográfico, documental y genético que reunieron en su investigación forense de las fosas y que acredita el hallazgo de "población civil, con disparos en la cabeza, enterrada de manera no reglamentaria, teniendo en cuenta las religiones y costumbres de la población saharaui, y rodeada de casquillos de munición".

"No se murieron sino que fueron ejecutados", ha explicado Carlos Beristain, para advertir de que Marruecos no ha investigado durante 38 años estos hechos y que incluso aportó un informe en 2010 con datos falsos sobre estos desaparecidos.

Por ello, han confiado en que el juez Ruz siga adelante al contar con multitud de evidencias sobre estos hechos y "no haya interferencias del poder ejecutivo en una justicia que han esperado las víctimas por crímenes que han estado en la impunidad desde 1976". "Tenemos mucho miedo a que nos archiven el caso", ha manifestado Mahmud Selma Daf.

"Intolerable" proposición contraria a la Constitución

En este sentido, el abogado Manuel Ollé, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, ha calificado de "intolerable" la proposición de ley presentada por el PP al ser "contraria al derecho internacional y a la Constitución española". Por ello, ha afirmado que las víctimas no descartan recurrir al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si sale adelante la reforma de la justicia universal.


"Nos encantaría que hoy diputados y senadores del PP hubiesen estado en la Audiencia Nacional escuchando estos testimonios y cómo se aniquilaba al pueblo saharaui, a ciudadanos españoles que fueron víctimas del genocidio y que quedarán sin ningún tipo de protección", ha dicho Ollé.

A su juicio, las violaciones más graves de los derechos humanos y los crímenes "más horrendos y execrables" jamás pueden quedar impunes. Ollé ha afirmado que la defensa de derechos fundamentales no se puede "tirar abajo" por intereses económicos o políticos y ha concluido: "Llegaremos a donde tengamos que llegar".

La Asociación Pro Derechos Humanos de España solicitó a Ruz la ampliación de la querella admitida a trámite por su Juzgado en 2006 tras descubrir esta fosa común en Smara, en el Sáhara Occidental. El enterramiento ocultaba los restos mortales de seis adultos y dos menores, algunos de ellos con documentación española.

Los querellantes aseguran que Marruecos ocupó el territorio "mediante una cruenta guerra y masacre contra el pueblo saharaui que duró 16 años", y el Ejército marroquí llevó a cabo "el secuestro, encarcelamiento y desaparición" de cientos de saharauis, la mayoría con nacionalidad española.


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