Una de las leyes más recientes, aplicada en nuestro país, tiene que ver con la extensión de la prohibición de fumar a cualquier tipo de espacio de uso colectivo, local abierto al público, que no esté al aire libre, con algunas excepciones, además de prohibirlo también en algunos lugares abiertos, limitando lo que se entiende por espacio cubierto. La llamada popularmente Ley antitabaco, que entró en vigor en enero de 2011.
En España somos muy dados a comentar que las leyes se hacen para no cumplirlas, por lo que se crea un vacío, entre la aplicación de la Ley y los encargados de hacerla cumplir, que perjudican seriamente al ciudadano, al margen de los riesgos propios de la exposición al humo del tabaco. Por eso no es de extrañar, que en algunos locales públicos, sean los propios funcionarios de la policía local o gubernativa, los primeros en saltarse la Ley, olvidando el protocolo del código de conducta que todos deberían conocer: los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.
Para que los ciudadanos cumplan con las disposiciones y obligaciones no bastan las leyes, sino que es necesario un cambio cultural que sólo se podrá tener con el paso del tiempo y la aplicación de estos conceptos en la práctica. Pero si tenemos en cuenta que son los propios legisladores los que se saltan la Ley, la cosa se complica para dar una imagen de unidad y modernidad ante la sociedad.
Lo que pasó de ser una súplica, por parte del profesional de la hostelería, para permitir el uso del tabaco en momentos puntuales, sin minorar los derechos de los otros consumidores tolerantes, se ha convertido en una generalización total y absoluta del uso del tabaco -sobretodo en los pueblos- sin que los potenciales perjudicados puedan exigir que se cumpla la Ley, sin provocar un serio altercado.
Aunque la finalidad de la Ley es proteger a los no fumadores del humo ambiental del tabaco, a los trabajadores de la hostelería, la restauración y los menores, lo cierto y verdad es que después de tres años de la entrada en vigor de esta polémica Ley, se vuelve a incrementar el uso del tabaco en lugares prohibidos, sin que al parecer exista un control por parte de las autoridades, en la protección de los consumidores, dejando a estos, el marrón y la solución -nunca pacifica- para que se vean respetados nuestros derechos.
Ismael Álvarez de Toledo
Escritor y periodista
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