España 2020: cinco desafíos

Cuando en marzo del 2010 la Comisión Europea publicó el documento "Europa 2020. Una Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador", el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, proponía, en su prefacio, cinco grandes objetivos para esta década: el empleo, la investigación y la innovación, la energía y el cambio climático, la educación y la lucha contra la pobreza. La propuesta de la Comisión incluía siete iniciativas emblemáticas que desarrollaban de manera detallada líneas de acción para abordar con éxito esos desafíos.

Si queremos que la situación de la España del 2020 sea la de un país cuyo sistema económico, social y político es capaz de generar bienestar y oportunidades en su presente y en su futuro para todos los españoles, no cabe duda que una muy buena parte de los objetivos antes mencionados son también los nuestros. Entre las distintas, e importantes áreas, que deberían configurar las líneas de actuación hasta 2020 yo voy a destacar aquí algunas de las que me parecen, sin discusión, fundamentales.

Primero, la educación. No habrá habido un tema sobre cuya situación tanto lamento se vierta cada día, respecto del que todos coincidan que es urgente resolver, y que tanto impacto esté teniendo en el futuro de las personas y de la sociedad que colectivamente constituyen. La educación en España tiene enormes lagunas de calidad, está perjudicando notablemente la igualdad de oportunidades, como instrumento clave de movilidad social, no estimula el valor del esfuerzo y como colofón lastra las posibilidades de un desarrollo y crecimiento económico sólido y competitivo.

Así las cosas, y con un tercio de estudiantes en edad escolar obligatoria que abandonan el sistema educativo sin acreditación alguna para su inserción laboral, o se actúa de una vez por todas, con determinación y sentido de la responsabilidad, lo que afecta esencialmente a los responsables políticos, o la España del 2020 -y más allá- no ofrecerá una imagen muy diferente a la de la complicada, y a veces dramática, trama de problemas que ahora tenemos.

La ley de Calidad de la Educación aprobada por el Parlamento en diciembre del 2002, cuya aplicación apenas vio la luz al ser paralizada por el Gobierno socialista tan pronto como accedió al poder en el año 2004, no pudo, muy lamentablemente, desplegar sus posibilidades para responder eficazmente a los problemas de nuestro sistema educativo. Sin embargo, producto del debate que hubo entonces y del que sigue habiendo ahora, hay un acervo de ideas sobre las necesidades de la Educación en España, que son ampliamente compartidas por los profesionales del sector, por los empresarios y. en general, por la sociedad española. No hay una sola excusa, ya no hay un momento más que perder para afrontar este gran desafío.
 
El avance de las tecnologías y de Internet
 
Segundo, la era digital. El espectacular avance de las tecnologías de la información y de la comunicación y la puesta en marcha de Internet, su producto estrella, han permitido en esta última década un desarrollo de las relaciones sociales, de la formación, de las transacciones comerciales, etc., en el espacio digital, de una gran amplitud.

Por lo que se refiere al mercado digital se puede afirmar que está destinado a convertirse en el motor del mercado interior europeo. Tal es su potencial, que un estudio de marzo de 2010 calculaba que la Unión Europea podría aumentar en un 4 % su PIB estimulando un rápido desarrollo del mercado digital de aquí al 2020, lo que vendría a suponer unos beneficios de entorno a los 500.000 millones de euros durante el periodo.

España tiene en estos años que impulsar un mercado digital único y desarrollar en el propio país una serie de acciones encaminadas a alcanzar una posición competitiva.

Objetivos como facilitar el despliegue de las redes de alta capacidad-velocidad en un entorno de competencia; establecer un programa de gestión eficaz del espectro radioeléctrico que fomente la rápida implantación de las redes de cuarta generación y el Internet móvil de muy alta velocidad; impulsar la interoperabilidad y los estándares comunes en el mercado de las comunicaciones electrónicas; reforzar la seguridad y la privacidad de los datos como pilar esencial de Internet; incorporar a todos los grupos de población en el uso de las nuevas tecnologías o impulsar el apagón analógico de la Administración Pública mediante la plena conversión de los servicios de la Administración al entorno digital, son algunos de los grandes desafíos en este área.
 
La inviabilidad del garage development
 
Tercero, emprendedores. Muy afortunadamente estamos asistiendo a un debate en el que el valor de emprender, sus riesgos y sus beneficios, empiezan a ser considerados como parte constitutiva de una sociedad que quiere luchar por su futuro. Así es; hoy la necesidad de emprender y la importancia de una actitud vital emprendedora forman parte del debate sobre nuestro futuro y se abre paso cada vez con más brío.

Me voy a permitir centrarme ahora en uno de los temas que dificultan en España el desarrollo del impulso emprendedor. Con demasiada frecuencia la actividad profesional de los innovadores, especialmente de los jóvenes, se enfrenta a estructuras muy rígidas y costosas para desarrollar ideas y tecnología. En España, los instrumentos que se utilizan son la empresa (normalmente sociedad limitada o, rara vez, anónima) o la figura del empresario autónomo. En ambos casos hay obligaciones fiscales y económicas que entrañan exigencias iniciales que habitualmente exceden la capacidad de los jóvenes innovadores.

El concepto del "garage development" (el que llevó al éxito a muchos, entre ellos a Bill Gates) es difícilmente viable con esas estructuras. Y tampoco hay que olvidar que los procesos creativos son normalmente mecanismos de prueba y error, el éxito suele estar precedido por fracasos previos. Sólo se cuenta la parte amable de la historia, el resto se olvida o no interesa.

Si esos fracasos asfixian a los innovadores, debido a las obligaciones mencionadas, al final es mejor optar por buscar un trabajo seguro. Por todas estas razones es necesario establecer estructuras mercantiles sencillas y flexibles para vehicular la creación y la innovación, por ejemplo sería interesante poner en marcha el CIF del Emprendedor.
 
Investigación y racionalidad de las administraciones
 
Cuatro: investigación e innovación. Cuando Estados Unidos atravesó la Depresión de 1929, lejos de recortar los gastos en investigación, la Administración americana dobló el presupuesto. Investigación e innovación son siempre esenciales para mejorar la competitividad de la economía pero, si cabe, son todavía más determinantes cuando se trata de salir de una situación de crisis. Es esta área precisamente en la que el Parlamento Europeo ha insistido más en obtener un incremento presupuestario para los programas de investigación financiados por la Unión Europea (Programa Marco de Investigación).

En España, con niveles de inversión en I+D+i todavía alejados de la media de la UE hay que hacer un esfuerzo claramente superior (en parte en el sector público y en muy buena parte en el sector privado). Pero hace falta más, es necesaria una administración eficiente de los recursos, la explotación económica de los nuevos hallazgos (el número de patentes españolas está también sustantivamente por debajo de la Media Europea) y una relación flexible entre investigadores y empresas.

Quinto: racionalidad en el funcionamiento del sistema autonómico. No puedo dejar de referirme a otro gran asunto que ha terminado por tener efectos depredadores sobre nuestro bienestar, y amenaza aún más nuestro futuro. Me refiero a la creciente ausencia de racionalidad en el funcionamiento del sistema autonómico. La dimensión de sus consecuencias es tan profunda que nos permite hoy hablar abiertamente sobre el mismo, lo que hasta hace bien poco quedaba automáticamente descartado.

Parece francamente difícil concebir la España del 2020 como una sociedad próspera, con una economía sólida y llena de oportunidades, si no corregimos todas aquellas duplicidades, en algunos casos multiplicidades, de recursos económicos, humanos y organizativos que drenan y obstaculizan a diario los esfuerzos colectivos de nuestra sociedad. O se racionaliza radicalmente el funcionamiento del sistema autonómico, corrigiéndolo de manera clara, determinada e inmediata, o no será posible afrontar con posibilidades de éxito los muchos problemas que tenemos en esta segunda década del siglo XXI.

Hasta aquí esta breve reflexión sobre lo que a mi entender son parte de los desafíos que tenemos que afrontar en el camino hacia la España de 2020. Creo poder afirmar que algunos, como mínimo, son compartidos por la inmensa mayoría de la sociedad española. Pienso también que todos somos responsables de nuestro futuro colectivo, como lo somos de nuestro futuro individual, y por ello, en muy buena medida, la España del 2020 será la que nosotros queramos. Pero igualmente creo que los líderes políticos tienen una enorme responsabilidad sobre todo aquello que, siendo de su competencia, dificulta el pleno despliegue de la energía y capacidad de la sociedad española. En esa dirección hoy hay un número importante de decisiones políticas que tomar, no hacerlo sería una grave irresponsabilidad.

[*]  Pilar del Castillo Vera es eurodiputada del PP y pertenece al Consejo Editorial del grupo Diariocrítico. Artículo publicado en el libro "La España que necesitamos"
 

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