La misión fundamental de este organismo es el abono a los trabajadores por cuenta ajena de parte de los créditos salariales e indemnizaciones pendientes de pago, por declaraciones de insolvencias o concurso de acreedores.
Según han denunciado sendos sindicatos, los expedientes, que han aumentado "enormemente" durante estos años, se acumulan retrasándose su resolución "meses y meses", más allá, dicen, del plazo legal de tres meses que marca el reglamento del Fogasa, llegando a situaciones "desesperantes" en las que los expedientes se demoran hasta dos años.
Para materializar su "enorme preocupación", los sindicatos han registrado un escrito en la Delegación del Gobierno en Toledo dirigido al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, en el que exigen al Gobierno que tome las medidas necesarias y, en el menor plazo posible, se dé una solución "global y definitiva", que sea capaz de llevar al organismo a unos niveles de gestión satisfactoria acortando al mínimo esos plazos de espera.