Revolución Democrática y Social
martes 18 de febrero de 2014, 11:51h
Nuestra
propuesta de Revolución Democrática y Social tiene dos pilares fundamentales:
la revolución política, de radicalidad democrática en las reglas del juego
democrático, y la revolución económica, de alternativas sociales a la
estrategia neoliberal de ajuste económico.
Sobre
estos dos pilares, debemos desarrollar una acción política continuada que lleve
a todos los rincones del Estado la ofensiva contra la reconstrucción del
bipartidismo monárquico, por lo que lo importante es dar contenido organizativo
a esta propuesta.
No
se trata de una campaña electoral ni tampoco de una campaña política concreta.
Al contrario, se trata de una invitación al debate honesto y riguroso de unas
propuestas determinadas que se consideran idóneas para ser el punto de partida.
Dichas propuestas provienen en su mayoría del debate de la X Asamblea Federal
de Izquierda Unida. El documento que sigue a continuación es, en ese sentido,
una mera orientación para el debate por parte del conjunto de trabajadores y
trabajadoras del Estado español.
El
presente documento se hará público el 5 de febrero de 2014, poniéndose entonces
a disposición de todos los militantes y simpatizantes de Izquierda Unida a través
de una página web y de los circuitos democráticos propios de la organización.
Se trata de un debate simultáneo en las asambleas de base y en las redes
sociales. La coordinación de la acción política queda a cargo de José Luís
Centella, y la portavocía a cargo de Alberto Garzón, ambos miembros de la
Ejecutiva Federal de Izquierda Unida.
La
aspiración del documento es la de generar un debate lo más amplio posible sobre
las alternativas democráticas y sociales al actual orden político y económico
que está ahogando a millones de trabajadores y trabajadoras. Para eso se espera
que el documento puede debatirse por el mayor número posible de personas, sin
poner un plazo determinado de final, y que el resultado del debate sea la
creación de un bagaje útil tanto para la creación de iniciativas legislativas
en todos los niveles de la administración pública como para su posible
incorporación a nivel estatutario de IU en el futuro próximo.
Frente
a las propuestas meramente cosméticas de PP y PSOE, nuestra propuesta es de
transformación, no de reforma ni de regeneración sino de transformación
radicalmente democrática.
Revolución
económica
Tenemos
que ser capaces de que la mayoría social identifique la contradicción entre el
capitalismo depredador y salvaje, especialmente en su expresión neoliberal, y
las necesidades del ser humano. El capitalismo no se plantea en este momento
mejorar la calidad de vida de las personas, pues para mantener sus beneficios
necesita recortes, sufrimiento y represión, es decir, necesita que la mayoría
asuma que tiene que vivir peor para que una minoría viva mejor.
El
capitalismo aprovecha la crisis para imponer una salida que recomponga su tasa
de beneficio, aumentando así la explotación, recortando los derechos sindicales
y democráticos para hacerlo posible y acentuando los conflictos armados. Es en
esa medida en la que se puede afirmar que las salidas que proponen los sectores
dominantes son una auténtica estafa.
En
consecuencia, la mayoría social trabajadora necesita su propia alternativa,
orientada a avanzar en la superación del capitalismo. Una alternativa que no
solamente proponga medidas económicas, fiscales y sociales, sino que desarrolle
una democracia participativa, también en sus aspectos económicos y favorezca la
organización y la lucha cultural, social, económica y política del mundo del
trabajo
Por
ello, la mayoría social trabajadora no puede esperar nada positivo del gran
capital. Lo que se hace necesario son medidas urgentes que no pueden venir
nunca de la derecha. Por ello este pilar debe contemplar al menos: una
propuesta de choque para la creación de empleo; una propuesta de cambio de
modelo productivo desde la planificación democrática de la economía; y una
postura clara sobre la deuda soberana que parta del cambio del artículo 135 de
la constitución, que establezca prioridad constitucional sobre el pago de la
deuda a la defensa de las necesidades básicas del ser humano, es decir los
derechos sociales, sindicales y laborales.
Al
mismo tiempo debemos concretar las propuestas que permitirían recuperar para lo
público sectores hoy privatizados, asegurando una mejor gestión. La idea es
plantear que anularemos las agresiones del PP, pero no para quedarnos en las
que realizo Zapatero sino para plantear un modelo nuevo de educación, sanidad,
etc., para ello planteamos de inmediato plantear el debate sobre dos
iniciativas: la reforma del artículo 135 de la Constitución y la necesidad de
la auditoria ciudadana de la deuda odiosa. Y al mismo tiempo presentar una
batería de iniciativas que desarrollen, los siguientes temas:
1.
Auditoría ciudadana de la deuda
El
nivel de deuda pública, tras la socialización de deudas acometida por el
proyecto neoliberal, es tan elevada que es imposible pensar en su posible pago.
Por esas razones es necesario poner en marcha una auditoría de la deuda pública
que establezca los criterios para una reestructuración de la deuda que libere
del lastre de los intereses al Estado.
Gran
parte de la carga fiscal que tiene que soportar un Estado ahora mismo es debida
a los procesos especulativos que han existido alrededor de la deuda pública, y
la mejor forma de hacer pagar los costes de la crisis a los especuladores es
precisamente dejar de pagar los títulos de deuda adquiridos en dichos procesos.
Actualmente la dinámica de endeudamiento público lleva a una espiral peligrosa
que amenaza con destruir las conquistas sociales adquiridas en el siglo XX,
mientras enriquece injustamente a una minoría de la población. Desactivar ese
chantaje es posible si se cancelan los contratos asumidos con los inversores
financieros, que son fundamentalmente grandes bancos y grandes fortunas. El
coste de ver cómo se cierran los mercados financieros puede ser compensado con
la reforma fiscal y con el hecho obvio de que los mercados volverán a prestar
en el medio plazo en un entorno de crecimiento (los mercados financieros no
tienen memoria: sólo tienen la lógica de la ganancia).
2.
Prioridad del gasto social
Una
sociedad justa tiene que garantizar el derecho a la existencia a través de la
priorización absoluta del gasto público en pensiones, desempleo y servicios
públicos esenciales sobre cualquier otro compromiso. De ahí que a corto plazo
sea necesaria una reforma constitucional que elimine el artículo 135, así como
una derogación de la reforma laboral y de la reforma de las pensiones.
Aprobación y aplicación de una Ley Orgánica para garantizar la prioridad en el
gasto para satisfacer en las condiciones establecidas en la propia Constitución
los derechos sociales y económicos establecidos en art. 27 del Título I
(derecho a la educación) y en su Capítulo III (salud, pensiones, protección
social y familiar, vivienda, etc.). Esta ley debe reconocer estos derechos como
exigibles ante las autoridades.
Aprobación
y aplicación de sendas Leyes Orgánicas que desarrollen el papel social de la
propiedad, establecido en el art. 128 del texto constitucional y la
planificación democrática de la economía establecida en el art. 131.
Hay
que garantizar la titularidad pública en sectores como vivienda, energía,
infraestructuras, pensiones, educación y salud. Todos los servicios declarados
de primera necesidad deben ser 100% públicos y quedar garantizados para toda
persona, con independencia de su país de origen.
La
crisis ecológica y la necesidad de iniciar un proceso de redistribución del
poder conllevan aceptar la urgencia de nacionalizar y controlar
democráticamente las grandes empresas productivas de aquellos sectores
considerados estratégicos, tales como la sanidad, la educación, los servicios
sociales y la energía.
3.
Empleo y salarios
Con
las medidas de "austeridad" fracasando ampliamente en el objetivo de
combatir el desempleo, es urgente reconducir la política económica y adoptar
políticas de estímulo económico. Apostamos por la adopción de un plan de
emergencia para combatir el desempleo, y el establecimiento de las bases para
una Estrategia Europea de Inversiones, a través de tantos instrumentos como
sean necesarios, que aumente la capacidad de financiación para inversiones. El
objetivo esencial es la creación de empleo decente, pero además aprovechando
para modificar la estructura productiva a fin de que presente una estructura
productiva diversificada y de alta productividad.
Esta
política expansiva no puede ignorar el impacto medioambiental del proceso de
crecimiento económico, y debe atender a una reconfiguración productiva de
principios ecológicos. No puede caerse en el error de considerar que debemos, o
incluso podemos, volver a un crecimiento económico propio de la época anterior
a la crisis. El capitalismo de tipo keynesiano está agotado.
El
centro de la política económica alternativa que proponemos es lograr el pleno
empleo digno y de calidad, cuyo objetivo inicial se concreta en alcanzar unas
cifras de paro inferiores a las del inicio de la crisis (es decir bajar por
debajo del 10% de la población activa en términos EPA) en el período de una
legislatura. Con esta finalidad se articula y a ella se subordina toda nuestra
alternativa económica.
La
participación salarial tiene que crecer recuperando el peso perdido en los
últimos años, en contraposición con la participación de los beneficios. Ello se
puede hacer coordinando políticas salariales y entrando de lleno en la
determinación salarial por la vía de fortalecer la centralización de la
negociación laboral. Un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros y
ninguna pensión por debajo de dicho salario mínimo.
Se
han de imponer topes salariales tanto en el sector público como en el sector
privado a fin de romper con la tendencia de desigualdad que conlleva la
dinámica capitalista.
El
papel de la negociación colectiva es clave para fortalecer el peso de la
participación salarial y de ese modo facilitar condiciones económicas justas
para todos los trabajadores. Ello aseguraría, asimismo, un elemento sólido de
demanda interna que fomente el crecimiento económico. Además, hay que
desarrollar normativa laboral para incrementar la participación de los
trabajadores en la toma de decisiones de las empresas. Esta participación
asegurará un comportamiento más adecuado de las empresas a medio y largo plazo,
así como establecerá unas relaciones de identidad más sólidas con la actividad
productiva.
Hay
que tener en cuenta y de forma muy especial el empleo juvenil, con planes
especialmente diseñados para atajar el grave problema que supone la emigración
de la juventud. Y, además, resulta urgente vincular ese hecho con el necesario incremento
de la inversión pública en infraestructuras de proximidad y en actividades que
permitan impulsar el I+D+i.
4.
Políticas de igualdad y tiempo de trabajo
Como
garantía de una sociedad justa y solidaria. Igualdad real entre mujeres y
hombres frente a los retrocesos que el PP está llevando a efecto en los
derechos conquistados durante décadas de lucha del movimiento feminista.
El
avance histórico de la productividad tiene que repercutir positivamente en las
condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos europeos, de tal forma que la
economía ha de quedar subordinada a los principios sociales de sostenibilidad,
trabajo decente, equidad y democracia. Además, la cantidad de ciudadanos
desempleados es mucho más elevada de lo que el sistema puede absorber en el
corto plazo a través de cualquier política de estímulos, con lo que procede
repensar asimismo el tiempo de trabajo diario. En consecuencia apostamos por la
reducción de la jornada laboral paralela al crecimiento histórico de la
productividad. Hay que acomodarse a los límites del planeta reduciendo el
impacto del consumo material y ajustando la capacidad de producción a los
recursos existentes. Es urgente poner a la economía al servicio de las
personas, de modo que un reparto del trabajo se hace imprescindible para
mantener el pleno empleo en el marco de un nuevo modelo de producción y
consumo. Un reparto del trabajo que se haga sobre la base de un incremento de
la participación salarial en la renta, esto es, manteniendo sueldos y
reduciendo los márgenes de ganancias empresariales.
Reconocer
a los migrantes los Derechos Humanos establecidos en los acuerdos internacionales
y desarrollar políticas de integración social y laboral.
5.
Reforma fiscal
Que
lleve a un sistema fiscal que en su conjunto sea progresivo, como dicta la
Constitución. Eso requiere descenso del peso de los impuestos indirectos y
crecimientos de los directos, que gravan en función de la renta y la riqueza.
Eliminación de los gastos fiscales. Intensificación de la lucha contra el
fraude y prohibición de las transferencias con territorios jurídicos
considerados paraísos fiscales. Y reforma y fortalecimiento de la Agencia
Tributaria y la Inspección de Trabajo hasta alcanzar los recursos humanos y
materiales medios existentes en los Estados de la UE equivalentes al nuestro.
Abolición
del Tratado de Maastricht y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Así como
toda normativa que establezca el principio de consolidación fiscal como único
criterio para guiar la política económica dentro de la Unión Europea. El
objetivo principal de las instituciones europeas ha de ser la creación de
puestos de trabajo, y eso es absolutamente incompatible con la camisa de
fuerzas que imponen los tratados y normativa jurídica desarrollados en los
últimos años.
La
creación de un Impuesto sobre Transacciones Financieras se hace necesario para
desincentivar las actividades especulativas, y para recaudar complementos que
tengan como fin la inversión en creación de trabajo decente.
Los
países europeos deben aspirar a construir espacios de integración financiera
que sean autosuficientes y que tengan prohibidas no sólo las transferencias con
paraísos fiscales sino que también se caractericen por una estricta regulación
financiera. El objetivo ha de ser garantizar la esclavitud de las finanzas con
respecto a la economía productiva y a su control democrático por parte de los trabajadores.
Para facilitar este propósito y evitar la fuga de capitales en aquellos
espacios de integración financiera que sean reducidos en tamaño es
imprescindible establecer controles al libre movimiento de capitales.
6.
Banca Pública y Sistema Financiero
Creación
de un sistema de banca pública que realice funciones de banca al por menor
(cajas de ahorros), banca de desarrollo (reconversión del modelo productivo) y
banca del estado (deuda pública). Además, se trata de fomentar la banca ética y
las bancas cooperativas, frente a la gran banca privada.
La
nacionalización proporcional del sistema financiero debe ser la condición
necesaria para recibir ayudas del sector público. Además, debe ser una decisión
que no tenga marcha atrás, esto es, que esté prohibida su privatización
posterior. La existencia de banca pública es un requisito para poder garantizar
que el crédito fluye hacia los sectores productivos que van a pilotar el modelo
de desarrollo alternativo. Hay que sustituir el criterio de la rentabilidad por
un criterio social que establezca las prioridades de desarrollo económico. El
control de las entidades financieras ha de ser democrático.
Avanzar
hacia una unión bancaria en el ámbito europeo que sea el germen de una banca
pública europea cuyo objetivo sea financiar las inversiones a largo plazo y
cuya actividad de gestión de depósitos esté nítidamente separada de la
actividad de inversión.
7.
Derecho social a la vivienda
Llevar
a cabo medidas favorables a las familias hipotecadas por medio de la moratoria
inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler
social.
Además,
el gran número de viviendas que están vacías y en propiedad de la banca
deberían ser utilizadas para crear un gran stock de viviendas en alquiler
público barato.
El
endeudamiento privado es uno de los escollos fundamentales que enfrenta
cualquier política expansiva, pero además es uno de los factores que agravan la
situación de las familias y de las empresas. Por eso es necesario poner en
marcha programas de reestructuración de la deuda privada, administrados por los
gobiernos nacionales pero financiados a nivel europeo, que faciliten el
desendeudamiento familiar y puedan estimular el consumo en pequeñas y medianas
empresas. Los criterios de tales programas han de estar basados en la justicia
social, de modo que han de atender a la renta y riqueza de las familias
afectadas.
8.
Políticas agrarias y ganaderas
Fomento
del sector primario como base de un mundo rural vivo en lo económico, en lo
social y en lo ecológico y por lo tanto clave en el desarrollo de las economías
locales y refuerzo del desarrollo endógeno. Por una Política Agraria Común que
deje de subvencionar las grandes explotaciones y las grandes corporaciones
transnacionales de la agroindustria y de promover el proceso de acumulación de
tierras en los países empobrecidos, acabar con el Dumping. En definitiva una
PAC que sirva para planificar de forma armónica la producción agrícola sobre la
base de las necesidades de los distintos países.
De
forma especial de los canales de distribución y comercialización para evitar
oligopolios que arruinen a los agricultores y que especulan con los productos
alimenticios. Trabajar para que las economías locales estén al servicio de las
personas, atendiendo a sus necesidades, con criterios de suficiencia, de
equilibrio territorial y de reposición y uso sustentable de los recursos.
Hay
que redefinir y reconsiderar la territorialidad y apostar por un modelo
descentralizado, que refuerce la economía local, los circuitos cortos y el
desarrollo endógeno.
Revolución
política
El
golpe de la Troika, que está limitando los espacios de una democracia formal y
poniendo los cimientos de un régimen autoritario, es el resultado de un
proyecto político europeo, pactado por la derecha y la socialdemocracia
europea, concretado en todos los tratados europeos desde Maastricht hasta el
último de Estabilidad, sobre la base de la desregulación económica y
financiera, las privatizaciones, una moneda única sin Tesoro Público y un Banco
Central que incentiva la especulación financiera de la banca privada.
Se
trata de contraponer un modelo de integración horizontal y solidario, que
empiece por consolidar las alianzas en el sur de Europa, frente al principio
desregulador que garantiza el traspaso de las rentas del trabajo a las del
capital haciendo retroceder las conquistas de las personas trabajadoras, su
capacidad adquisitiva, sus condiciones laborales y sociales.
Por
ello teniendo en cuenta el marco de descrédito de la política que la derecha
trata de extender para justificar un recorte de libertades, debemos plantear
propuestas que demuestren que es posible recuperar la confianza desde la máxima
participación ciudadana, y para ello debemos plantear medidas que persigan la
radicalidad democrática transformando las instituciones y que en el ámbito
social promuevan la politización de la ciudadanía y su participación efectiva
en las mismas y en su control.
En
este marco, tenemos que señalar que la crisis que asola al Estado español no es
solamente una crisis económica, sino también una crisis política que está
anclada en el paulatina degeneración del sistema monárquico instaurado en 1978
y de su, desde largo tiempo instalada, dinámica bipartidista. Pero al mismo
tiempo tenemos que reconocer que el sistema está intentando salvar el
bipartidismo monárquico y recomponer lo que podemos convenir en llamar régimen
del 78, para lo cual está desviando las críticas que se lanzaban desde el 15 de
Mayo de 2011 hacia el bipartidismo y los partidos mayoritarios. Es decir, está
tratando de esconder su propia responsabilidad.
De
esta manera, hoy son todos los partidos políticos, sindicatos e instituciones
como el Parlamento los que se encuentran entre los sujetos políticos peor
considerados por parte de la población.
No
podríamos entender este hecho sin atender a las múltiples y graves deficiencias
democráticas que tuvo la llamada transición, que se realizó como un proceso
esencialmente reformista y sin ruptura democrática con la dictadura y sus
aparatos de estado. No obstante, estas deficiencias que hoy se reafirman con
viveza no suponen un problema para la propia estructura bipartidista. Más al
contrario, las tendencias hacia el apoliticismo, y particularmente hacia el
abstencionismo electoral de sectores críticos al sistema, derivadas de la
actual crisis, son bienvenidas tanto por el Partido Popular y el Partido
Socialista como por el poder económico.
En
una suerte de nuevo empuje hacia la idiocia, o preocupación exclusiva por la
vida privada, el régimen procura escapar de su crisis de legitimidad expulsando
a los ciudadanos de la vida pública. El apuntalamiento del régimen se acompaña
asimismo con las duras medidas de represión basadas en la generación y gestión
del miedo.
El
Gobierno presidido por Mariano Rajoy está inmerso en un ejercicio de marketing
político en el que la retórica de regeneración democrática no está acompañada
de sustancia alguna. Las medidas incorporadas en sus propuestas son claramente
insuficientes, quedándose en aspectos superficiales y limitados a una mayor
información pública. No hay entre las propuestas del Gobierno ningún espíritu
de incrementar la participación política de la ciudadanía, ni de crear
mecanismos para la fiscalización de los cargos públicos y su actividad. En
definitiva, no hay nada que pueda ser considerado verdaderamente regenerador.
Frente
a esta propuesta nosotros consideramos que la política y la vida pública no es
el problema, sino la solución, y denunciamos el intento de vincular un
determinado tipo de política, corrupta, caciquil y clientelar, con la Política
con mayúsculas. Por esas razones hemos acordado realizar un llamamiento para la
rebelión democrática, en aras de lograr suficiente masa crítica como para tener
la hegemonía suficiente para poner en marcha un Proceso Constituyente que
desemboque en una democracia republicana en el Estado Español. Nuevas reglas y
nuevas instituciones para una sociedad que anhela la democracia y la
participación política.
El
documento que presentamos para su debate a la sociedad está conformado por
cuatro ejes.
1.
Estatus del cargo público
En
la tradición política liberal domina la visión según la cual es razonable
desconfiar de los ciudadanos, del pueblo y especialmente de la clase
trabajadora, bien sea por su supuesta baja cualificación o por su supuesta
incapacidad para la correcta toma de decisiones. De ahí que en las últimas
décadas de hegemonía liberal se hayan instituido una serie de instituciones,
como el Banco Central Europeo, sin control por parte de parlamentos y
gobiernos, a los que se superponen en las tomas de decisiones, es decir con un
carácter absolutamente antidemocrático. No es casualidad, de hecho, que durante
la presente crisis la mayoría de decisiones relevantes en materia económica
hayan sido tomada por instituciones no directamente vinculadas a la ciudadanía,
como son las que componen la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario
Internacional y Banco Central Europeo). Y, a tenor de la voluntad explícita
manifestada por los diferentes gobiernos europeos, la tendencia es a continuar
con el proceso de alejamiento de las instituciones respecto a la ciudadanía.
Basándose
en esta filosofía, naturalmente ideológica y al servicio de una determinada
clase social, se ha optado siempre por el diseño de leyes electorales que
filtrasen la voluntad popular. En consecuencia, el diseño liberal de las
instituciones ha preferido mecanismos de representación que teóricamente
permitían elegir a los mejores de entre el pueblo, garantizando su
independencia con respecto a éste una vez hubieran sido elegidos. La ausencia
de mecanismos de fiscalización del cargo público o la imposibilidad de poder
revocar el mandato hasta un nuevo proceso electoral son, a nuestro juicio,
deficiencias que hay que corregir.
Propuesta
nº 1: Creación de la figura del revocatorio
Consideramos
necesario que el parlamento y otras instituciones de representación reflejen de
la forma más precisa posible la sociedad y sus conflictos de clase, de la misma
forma que entendemos que los cargos públicos han de estar vinculados
estrechamente a sus representados.
En
consecuencia, creemos urgente crear el mecanismo del revocatorio para los
cargos públicos con tareas de gobierno. Esta figura permite a los representados
retirar su confianza en el representante a lo largo del mandato, sin necesidad
de esperar a unas nuevas elecciones, de tal forma que si éste se desvía de la
defensa de los intereses por los cuales fue elegido cabe deducir su pérdida de
legitimidad.
Propuesta
nº2: Transparencia y rendición permanente de cuentas
Al
inicio de cada mandato, el cargo público ha de hacer público todo su currículum
profesional y político, así como su patrimonio y renta, con el fin de que los
representados tengan la máxima información posible del representante en cuestión.
Además,
sometiéndose de esta forma al escrutinio público, dicho cargo público ha de
hacer público en todo momento su actividad política vinculada a las tareas para
las cuales ha sido elegido. En el plazo de un tiempo determinado, por ejemplo
cada año, el cargo público tiene que rendir cuentas de su actividad ante sus
representados. Al final del mandato el cargo público habrá de volver a
someterse a un nuevo escrutinio en el que pueda comprobarse si efectivamente ha
acometido con éxito las tareas de representación que le fueron encomendadas.
Propuesta
nº3: Remuneración justa
Consideramos
necesario que todo cargo público reciba una remuneración fija, austera pero
razonable para garantizar que puede desarrollar la actividad en plenas
facultades. Las medidas destinadas a retirar esta remuneración no tienen otro
propósito que dejar la política en manos de los ricos, frente a lo que nos
oponemos radicalmente. Así, entendemos que es necesario que el salario
garantice que el representante ejerce su función no como forma de enriquecerse
en política.
Una
remuneración que nunca será superior a la del funcionario de mayor rango de la
Administración en la que esté. Control estricto del absentismo de los cargos
electos en sus respectivas responsabilidades. Supresión de los regímenes
especiales en materia de pago de impuestos, años de cotización y monto de las
pensiones y en general cualquier régimen especial socio laboral o fiscal.
Propuesta
nº4: Incompatibilidad poder privado y poder público
Durante
décadas nuestro sistema político ha padecido la simbiosis existente entre el
poder privado y el poder público, de tal forma que se ha podido lubricar todo
proceso de corrupción en aras del beneficio privado. La consecuencia más clara
es que algunos representantes públicos han dejado de estar vinculados a sus
representados y han pasado a ser meros títeres de las grandes empresas y las
grandes fortunas que les han influido o cooptado, directa o indirectamente. De
ahí que consideremos imprescindible profundizar la ley de incompatibilidades de
los cargos públicos, tanto durante el mandato como en los años posteriores al
fin del mismo.
Propuesta
nº5: Ley anti-corrupción
Aprobación
de una ley integral -y severa- anti-corrupción, incorporando el delito de
enriquecimiento ilícito (patrimonio injustificado) o presunciones sobre la
titularidad de bienes u obligaciones de declarar o medidas cautelares que
impongan el cese de políticos imputados y el abandono del cargo. Los corruptos
tendrán que asumir los costes directos e indirectos que reportan de sus
acciones delictivas. Eliminación de la inmunidad asociada al cargo en lo
relativo a los delitos de corrupción. Adopción de medidas estrictas contra el
transfuguismo.
2.
Participación civil, transparencia y democracia participativa
Frente
a una democracia fundamentalmente representativa, como aparece reflejada en la
Constitución de 1978, nosotros proponemos incrementar los mecanismos de
democracia participativa a fin de que los ciudadanos mantengan un rol político
activo. Denunciamos la visión caricaturesca según la cual la democracia
consiste únicamente en votar cada cuatro años, y apostamos por una democracia
radical donde la participación ciudadana sea permanente.
Establecer
mecanismos de participación a todos los niveles de la esfera pública, que
garanticen el desarrollo de la participación como un derecho. Potenciar
asimismo la organización de la llamada sociedad civil.
Propuesta
nº1: Referéndums e Iniciativas Legislativas Populares
Proponemos
facilitar la convocatoria de los referéndums y la presentación de las
Iniciativas Legislativas Populares. De hecho, consideramos necesario ampliar
las circunstancias por las cuales un referéndum es un elemento obligatorio, a
fin de que las más importantes decisiones de política exterior e interior
tengan que ser refrendadas por los ciudadanos. Así, la reducción de requisitos
para presentar una Iniciativa Legislativa Popular y la facilitación de su
tramitación nos parecen igualmente necesarios.
El
establecimiento de mecanismos de autorización de actuación pública, como las
consultas populares o los referéndums, para asunto de trascendencia estatal,
autonómica o municipal convocados por el presidente del gobierno, los
presidentes de las Comunidades Autónomas o los Alcaldes o un número determinado
de ciudadanos.
Propuesta
nº2: Transparencia en la gestión de las finanzas públicas
Imprescindible
aprobar una ley de transparencia que garantice que todos los ciudadanos puedan
acceder a todo presupuesto público, tanto a nivel de presentación como de
ejecución. Que todos los contratos establecidos entre empresas privadas y
administración pública sean publicados de forma clara en las páginas web de las
administraciones, facilitando así mismo la presentación pública de las
condiciones de los concursos públicos.
Asimismo,
consideramos que toda la información relativa a los representantes y cargos
públicos, como sus agendas públicas, debe ser igualmente transparente para
facilitar el conocimiento por parte de los representados. Aprobación igualmente
de leyes que faciliten la obtención de información por parte de ciudadanos y de
los representantes y que prohíban el silencio administrativo.
Propuesta
nº3: Comisión de peticiones en el Congreso
Mejorar
y fortalecer, dando más peso, a la comisión de peticiones en la que todos los
ciudadanos pueden dirigirse de forma directa al poder legislativo. Así,
habilitar espacios para que las organizaciones civiles puedan establecer un
diálogo directo con los representantes del poder legislativo. Buscar nueva fórmulas
por la cual el Parlamento se abre a iniciativas ciudadanas que no tienen porqué
ser necesariamente legislativas (preguntas, proposiciones no de ley, etc).
Propuesta
nº4: Separar el poder ejecutivo del poder legislativo
Estudiar
las medidas necesarias para garantizar la autonomía de ambos poderes, para
asegurar que el gobierno no tiene mecanismos de cooptación o coerción sobre los
grupos parlamentarios que lo han apoyado. Facilitando así la flexibilidad y la
autonomía del poder más importante, el legislativo.
Propuesta
nº5: Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y
servicios públicos
Los
bienes comunes exigen formas de propiedad pública socializada. Se trata de
crear una nueva forma de gestión pública que permita a los ciudadanos a
participar en la elección de los modelos de organización, funcionamiento y
definición de objetivos de los servicios públicos. Para ello se establecerán
mecanismos de participación ciudadana en la actuación de la administración y en
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, y su ampliación al
ámbito socioeconómico. Esta participación debe orientarse por los principios de
igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control
popular, solidaridad e interculturalidad. El ejercicio de este derecho se
realizaría a través de distintos mecanismos como de democracia representativa,
directa y comunitaria, como pueden ser las audiencias públicas, las asambleas
de barrio, los consejos autónomos municipales, los observatorios populares.
Establecimiento obligatorio de gestación, gestión y control participativos de
los presupuestos de las administraciones públicas.
3.
Procedimiento electoral
El
diseño de leyes electorales destinadas a deformar el conflicto de intereses y
de clases que existe en toda sociedad, moldeando de esa forma el parlamento
resultante, ha sido un continuo también en la tradición liberal. De forma
específica en nuestro país, la ley electoral vigente ha fomentado el dominio de
dos únicos partidos que han tendido a asemejarse el uno al otro, al competir
por el mismo conjunto de ciudadanos y a partir de las mismas estrategias
políticas. La política ha sido deformada y el parlamento ha perdido su
capacidad de representar de forma precisa a la sociedad.
Propuesta
nº1: Ley electoral de carácter proporcional
Pensamos
que cualquier ley electoral que se aleje de la proporcionalidad será un diseño
institucional tramposo y no democrático. Por esa razón, entendemos necesario
modificar el sistema de circunscripciones para la Cámara Baja, el Congreso, y
garantizar que el voto de cualquier ciudadano del Estado español tiene el mismo
peso con independencia de la ubicación geográfica en la que esté adscrito.
Establecer
la misma proporcionalidad en los Parlamentos autonómicos, acabando con la
disparidad de criterios de una comunidad a otra. Cada CCAA, un circunscripción
electoral para su Parlamento. Avanzar en el derecho al sufragio, reconociéndolo
a partir de los 16 años e incluyendo a las personas inmigrantes con 2 años de
residencia en el Estado español.
Propuesta
nº2: Financiación de los partidos políticos
Proponemos
que toda la financiación de los partidos políticos tenga que ser pública y que
esté prohibida la financiación privada. Asimismo, creemos necesaria la creación
de una entidad independiente que fiscalice las cuentas electorales de los
partidos y la actividad electoral que éstos realizan, a fin de garantizar que
el presupuesto final se adapta a la actividad material.
En
todo caso, proponemos también que el Estado garantice la pluralidad informativa
en los medios de comunicación, tanto públicos como privados, en tiempos de
campaña electoral. Debates públicos con todas las formaciones, en horarios de
prime time, y una información que pueda permitir reducir el desembolso
electoral de los partidos.
Propuesta
nº3: Sobre los partidos políticos
Se
propone legislar sobre el funcionamiento de los partidos políticos, a fin de
garantizar la democracia interna (entendida en su tradición republicana, esto
es, como procedimientos de fiscalización sobre los dirigentes/representantes)
como condición imprescindible para el acceso a cualquier tipo de proceso
electoral y, por supuesto, de subvención pública. Así, le serían aplicables
todas las propuestas que en este documento se han señalado.
4.
Democracia en la palabra. El derecho a la no desinformación y contra la
acumulación y monopolización de medios
Los
antiguos griegos definían la isegoría como la igualdad en la participación de
la palabra, especialmente en el momento de participar en la asamblea. En
nuestras sociedades modernas, más de dos mil años después de aquella
descripción, estamos lejos de alcanzar una situación siquiera parecida a la que
sugiere tal concepto. Porque hoy la palabra pública está muerta, despedazada
por los medios de comunicación privados que privan a determinados sectores e
ideas la exposición de sus planteamientos. Así, hoy en día asistimos a un
espectáculo donde una idea común, un pensamiento único y uniformador, se
desdobla en dos tipos de matices y se expone como debate público. Nada más
lejos de la verdad.
Porque
creemos que todos los ciudadanos y organizaciones tenemos el mismo derecho a
exponer nuestras ideas públicamente, a ser oídos y escuchados por el conjunto
de la población, creemos en la democracia en el interior de los medios de
comunicación. Creemos en el derecho a la información y en el derecho a la no
desinformación, esto es, a la verdad. Maltrecha la profesión del periodismo por
los enormes conglomerados privados que obedecen a los intereses de sus
propietarios privados, así como por las televisiones públicas, dirigidas
políticamente en la dirección que al gobierno de turno le convenga, procede
buscar soluciones inmediatas para garantizar la profesionalidad y los derechos
a la información.
Propuesta
nº1: Debates plurales y ruptura del bipartidismo
Como
parte de la estrategia de apuntalar el régimen bipartidista que sostiene al
capitalismo español, las televisiones han sido inducidas políticamente a
mantener debates políticos con solo dos participantes, uno por cada cara de la
moneda del sistema. Así, se ha coartado la libertad de expresión y el derecho a
la información de gran parte de la sociedad. En consecuencia, proponemos
legislar para garantizar que todas las televisiones tengan la obligatoriedad de
proporcionar debates políticos en condiciones de pluralidad. Además, como parte
de un servicio público permanente y no sólo vinculado a los períodos
electorales.
Propuesta
nº2: Democratización de los medios de comunicación
Proponemos
legislar de forma que todos los medios de comunicación tengan protocolos
democráticos según los cuales las decisiones sobre la información no estén
tomadas sólo por los propietarios sino que el conjunto de las redacciones
tengan derecho a expresar su opinión y tomar decisiones respecto a la materia
sobre la que se informará.
Proponemos
una Ley General de la Comunicación Audiovisual que garantice el reparto de las
licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios
audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y
televisiones de cobertura municipal, autonómica y estatal. Nos oponemos a la
privatización de los medios de comunicación públicos.
Propuesta
nº3: Turnos de palabra en Congreso y Senado
Proponemos
ampliar el reglamento del Congreso de forma que se incremente el cupo destinado
a los grupos parlamentarios para hacer uso de la palabra, pudiéndose así
expresar la totalidad de las posiciones políticas representadas en el pleno, y
una mayor participación de los diputados/as a título personal.
Reforma
de los Reglamentos de funcionamiento de las Cortes Generales, de los
Parlamentos Autonómicos y de los Plenos Municipales para asegurar la
transparencia en la toma de decisiones, la participación de las minorías y el
control de las actividades del poder ejecutivo y la participación de la
sociedad en los mismos.
[*] Documento de trabajo sobre la regeneración democrática y política elaborado por la dirección federal de Izquierda Unida para impulsar un debate social