La otra opción que recoge la resolución judicial es la readmisión de los trabajadores, algo "imposible" en la práctica, dado que la Fundación Virtus, aunque sigue existiendo legalmente, no tiene actividad alguna.
Según ha explicado en rueda de prensa el abogado de los profesores, Luis Javier Fernández Sánchez, la sentencia confirma de esta manera que "los trabajadores que hasta el momento de la sentencia trabajaban para Virtus pasarían a depender de la Junta, haciéndose cargo ésta de las responsabilidades salariales de los afectados y del pago de su Seguridad Social".
El letrado ha asegurado que esta sentencia fue aprobada el pasado 19 de septiembre, pero que hasta el momento no se ha podido ejecutar "por la falta de colaboración de la Red Virtus con la justicia, ya que ha retrasado los plazos".
En palabras del abogado, esta derrama económica ascendería a 300.000 euros "sin tener en cuenta cargas sociales que habrá que regularizar y sin saber si habrá que ejecutar la sentencia, algo que no nos gustaría que pasara".
A esta demanda, ante la que no cabe el recurso de casación "por haberse pasado en plazo", le seguirá una demanda patrimonial por parte de 22 alumnos de Fundación Virtus, "las segundas víctimas de esta tropelía", según Fernández, "ya que salieron sin la doble titulación prometida" al matricularse en estos estudios.
Hasta este momento la sentencia se encontraba en primera instancia, donde tal y como ha explicado el abogado se recogía la posibilidad de una sucesión empresarial por parte de la Consejería de Educación que ordenaba la inmediata contratación de los profesores afectados.
En enero de 2012 se llevó a cabo el despido de los trabajadores sin ser readmitidos en otros centros, a los que además no se les abonaron los 45 días por año trabajado acordados en un primer momento, "siendo consecuencia directa la enorme cuantía a la que en este momento ascienden los adeudos contraídos con los trabajadores", según ha explicado Fernández Sánchez.
En la rueda de prensa ha intervenido además uno de los profesores afectados, que se ha mostrado "triste y cansado" por la situación, ya que a sus 59 años "las expectativas de volver a trabajar desaparecen". "Ves como se agota el paro y sigues sin tener una solución", ha lamentado.
Sobre la Fundación
La Fundación Virtus se creó con la intención de dar formación en mantenimiento de aviones al hilo de la construcción del aeropuerto de Ciudad Real, ahora en período de liquidación y en proceso de venta. En la fundación se integraron, entre otros socios, el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), incorporándose, posteriormente, otros socios de carácter privado.
Además de la formación profesional correspondiente, la fundación logró que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) le concediera también su habilitación, por lo que los alumnos podrían trabajar en cualquier país europeo.
Los problemas económicos de la fundación hicieron que AESA amenazara con retirar esa habilitación, ante lo que la Junta de Comunidades asumió los compromisos de la Fundación. Ahora, según ha explicado Fernández Sánchez, tanto el Juzgado de lo Social de Ciudad Real, en primera instancia, como el TSJCM, dan la razón a los exprofesores y reconocen que hubo "continuidad de empresas".
La sentencia marca dos meses para su cumplimiento, ante lo que el abogado espera que se dé una respuesta cuanto antes y se abone las cantidades fijadas para los profesores.
Si (
No(
