El alcalde de Alcázar de San Juan, satisfecho con la privatización del agua

Ortega ha lamentado que el PSOE esté "alentando las protestas más radicales" contra esta medida "cuando son los responsables" de la quiebra técnica de Aguas de Alcázar, una empresa en la que dejaron "una deuda de 8 millones de euros".

Respecto a la veintena de personas encerradas en el Ayuntamiento, Diego Ortega ha indicado que, aunque aún no ha podido hablar con ellos, espera que abandonen su encierro "porque tiene que primar el sentido común y la lógica".

"Estas personas ocupan el Ayuntamiento de forma ilegal, espero que recapaciten y abandonen esta actitud, ya que el Consistorio es el espacio de la Democracia", ha asegurado.

Tras agradecer el apoyo del PP de Ciudad Real y Castilla-La Mancha al equipo de Gobierno, Ortega ha dicho que están viviendo estos días "con tristeza" por el hecho de que "haya personas que no respeten la decisión de un equipo de Gobierno elegido democráticamente en las urnas".

"Hay quien está usando la crispación y la violencia y no se pueden consentir las actuaciones antidemocráticas de unos pocos", ha asegurado.

La empresa seguirá estando bajo el control del ayuntamiento

  Ortega ha reiterado este viernes que Aguas de Alcázar seguirá siendo una empresa bajo el control del Ayuntamiento pese al cambio de modelo de gestión aprobado en el Pleno, donde por mayoría se ha decidido que Aqualia sea la empresa que, junto con el Consistorio, forme parte de la sociedad mixta en la que se va a convertir la gestión del ciclo hidráulico en la ciudad.

   Ortega ha vuelto a insistir en que el nuevo modelo de gestión va a mejorar la calidad de su servicio, cuyo control seguirá dependiendo del Ayuntamiento, "que no subirá las tarifas a los ciudadanos ya que serán fijadas por el Pleno".

   Ha incidido además en que se mantendrán todos los puestos de trabajo, y el nuevo modelo ya está presente en un gran número de municipios de toda España y varias decenas en la provincia de Ciudad Real.

"Incoherencia e irresponsabilidad del PSOE"

   En este sentido, Ortega ha subrayado la "incoherencia" del PSOE, "que se ha posicionado contrario a un modelo de gestión que este mismo partido aplica en ayuntamientos importantes, como los de Toledo, Puertollano o Valdepeñas".

   Además, la Diputación Provincial, cuyo vicepresidente es el exalcalde de Alcázar, José Fernando Sánchez Bódalo, "multado e imputado por su responsabilidad en la quiebra de CCM", tiene encomendada la gestión del agua "de más de una treintena de municipios a una empresa privada".

   Para el equipo de Gobierno, la actitud de los socialistas en este asunto es, además, "irresponsable", dado que "están instigando a los ciudadanos para salir a las calles e incluso ocupar el edificio del Ayuntamiento, generando una crispación totalmente injustificada".

   "Todo se está haciendo desde la legalidad y desde la responsabilidad de una Corporación que debe solucionar los problemas con los que se encontró, heredados de los anteriores gobernantes", ha señalado.

   En este punto, ha recordado que la situación de Aguas de Alcázar en la actualidad es de "quiebra", "debido a obras realizadas por la anterior Corporación socialista sin procedimiento, sin legalidad y adjudicadas a dedo".

   "La mayoría de esas obras han beneficiado a empresas privadas y a particulares, por lo que todo ello está en estos momentos en los tribunales, y por este caso el exalcalde y otros anteriores gestores del Consistorio y de Aguas de Alcázar están imputados judicialmente", ha insistido.

   Por ello, a juicio del alcalde, la búsqueda de capital privado se ha presentado como la "única opción posible". "Si no se hubiera hecho nada, legalmente habría que disolver la empresa en los próximos meses", ha asegurado.

   Por todo ello, el alcalde alcazareño ha vuelto a pedir al PSOE "responsabilidad" y que dejen de utilizar este tema "como forma de ganar en las calles, con manifestaciones, encierros e insultos, lo que perdieron en las urnas en las últimas elecciones municipales".

   Asimismo, ha considerado una "burla" que quienes hicieron de Aguas de Alcázar "una empresa constructora al margen de la legalidad y llevándola a la ruina" se presenten ahora "como sus salvadores".

Beteta: "cuando una empresa pública está con déficit hay que apretar la ley"

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se ha manifestado sobre la polémica surgida en Alcázar de San Juan por la privatización del servicio de aguas en el municipio que "cuando una empresa pública está con déficit hay que apretar la ley".

Preguntado por este asunto tras una rueda de prensa en Toledo, Antonio Beteta ha subrayado que los ayuntamientos "tienen autonomía local para poder decidir" en casos como éste.

"La ley establece un procedimiento y si una empresa pública tiene déficit hay actuaciones para solucionarlo", ha remarcado. "Si es una empresa deficitaria y el Ayuntamiento tiene superávit, podrá apoyar a la empresa, y si no, tendrá que tomar las medidas adecuadas para que vuelva al equilibrio presupuestario", ha aseverado.

Page: "El cambio se tiene que hacer hablando mucho y no por las bravas"

"El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que el cambio en el sistema de aguas en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) se tiene que hacer "no por las bravas, no imponiendo a la gente", sino "discutiendo y hablando mucho".

Así lo ha asegurado, a preguntas de los medios, después de que este viernes el pleno extraordinario celebrado en la localidad ciudadrealeña haya rechazado, gracias al voto de calidad del alcalde, Diego Ortega, la celebración de un referéndum sobre la privatización del servicio de aguas que había pedido la plataforma de Aguas de Alcázar con la presentación de 11.000 firmas.

"Creo que lo que se ha puesto de manifiesto es una falta de diálogo y de búsqueda de consenso cuando se quiere cambiar un servicio estructural de esta naturales y que además no se tenía comprometido", ha comentado el líder socialista, quien ha añadido que además "se hace en un equipo de Gobierno que seguramente no es homogéneo, porque se corresponde con una situación muy particular en Alcázar".

De esta manera, a juicio de Emiliano García-Page es "evidente" que lo que está pasando en Alcázar de San Juan es "lo mismo que ocurre con el Gobierno de la Junta: les sobre mucha soberbia", ha aseverado.

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