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Un plazo que no se respetó

miércoles 08 de noviembre de 2006, 14:15h

Intencionadamente he dejado transcurrir unas horas desde que se agotó el plazo (legal) para la renovación del Consejo General del Poder Judicial antes de escribir este comentario. Nadie parece haber prestado la más mínima atención a este vencimiento (el pasado martes), conscientes todos de que no se ha dado una sola ocasión en la que el chalaneo político en torno al máximo órgano fiscalizador y regulador de la Magistratura haya permitido una renovación en tiempo y forma. Y, así, los más avezados del lugar hablan ya de que lo más probable es que allá por abril o mayo, si es que los negociadores de PSOE y PP quieren, se concrete por fin esta renovación, que lleva aparejada la del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo.

Naturalmente, los ’populares’, que ahora cuentan con un cómodo control del Consejo, desde el que han hostigado en múltiples ocasiones los planes del Ejecutivo, unas veces cargados de razón, otras sin ella, no tienen el más mínimo interés en que las cosas cambien ahora. Al fin y al cabo, la Asociación Profesional de la Magistratura, que en ocasiones parecería actuar como correa de transmisión del PP (como Jueces para la Democracia parecería a veces moverse a los impulsos del PSOE), hace y deshace en cuestiones judiciales sin tener prácticamente cortapisas. Y no es ningún secreto que esta politizada justicia nuestra opina y hasta dictamina con excesiva frecuencia en función de dependencias y servidumbres políticas.

Por su parte,los socialistas exigen mucho, quieren colocar al ex ministro Fernando Ledesma en la cúpula judicial y perpetuar el actual sistema viciado de elección (y selección) del Consejo. De manera que, pese a los buenos oficios de María Teresa Fernández de la Vega en sus contactos con la otra parte negociadora, representada por Eduardo Zaplana, el acuerdo parece estar lejano. ¿Por qué iba a haberlo en esta cuestión y no en otras aún más acuciantes como la inmigración, las negociaciones de paz con ETA o ciertos aspectos de la política exterior?

Ocurre que esta situación de enfrentamiento entre clanes judiciales hace un flaco favor a la noción misma de la justicia. Y la necesidad, derivada de la regulación legal, de que los dos grandes partidos se entiendan en la nueva composición del CGPJ y, por tanto, en la elección del sustituto de Francisco Hernando –figura que ha sido y está siendo bastante beligerante en el hostigamiento a muchas decisiones del Gobierno- al frente de los jueces, no actúa precisamente a favor de la celeridad a la hora de la renovación. Incumplimiento flagrante de plazos legales, componendas, zancadillas y una visión sectaria de la vida jurídica son moneda corriente y factores que actúan muy poco a favor de una imagen saneada de la justicia española. Otra ocasión perdida.
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