Registran una oficina Bankia para recabar información sobre la mujer de Bárcenas

   Así consta en un auto dictado ayer lunes, en el que el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 ordena un requerimiento subsidiario de registro,  similar al que ordenó practicar en la sede del PP los pasados días 19 y 20 de diciembre, después de que la entidad no haya mandado la información completa que el juez le reclamó el pasado 29 de enero.

   El magistrado, que investiga en el marco del 'caso Gürtel' los ingresos en efectivo o mediante cheques que Bárcenas y su mujer realizaron entre 2004 y 2007, ha ordenado que la entrega de documentación solicitada se produzca entre las 10.00 y las 20.00 horas de este martes.

   En concreto, el magistrado sospecha de un ingreso de 500.000 euros que se produjo el 19 de enero de 2006 y una salida de 149.000 euros que se registró el 12 de abril de 2005 que Iglesias justificó en la compra-venta de obras de arte. En el primer caso la entidad bancaria comunicó al juez que no pudo "localizar" el justificante de esta operación mientras que en la segunda aseguró que, "debido al tiempo transcurrido", no conserva esta información.


"FALTA DE CONGRUENCIA" DE BANKIA

   El juez destaca que la documentación no remitida por Bankia reviste "especial trascendencia" en la investigación que se sigue para tratar de "determinar tanto el origen como el destino de los fondos ingresados en las cuentas de los imputados Rosalía Iglesias Villar y Luis Bárcenas Gutiérrez".

   En este sentido, pone de manifiesto "una falta de congruencia" entre las explicaciones ofrecidas por Bankia para "justificar tal omisión documental" y el hecho de que la entidad remitiera informaciones anteriores en el tiempo a las solicitadas y alegara que no disponía de una documentación que, según la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, debería guardar durante "un periodo mínimo de diez años".

   A su juicio, el banco no aportó "justificación suficiente más allá de las alegaciones relativas a las gestiones llevadas a cabo para la localización de la documentación correspondiente, sin concretar cuáles fueron las mismas ni tampoco las causas de su resultado infructuoso".

   El juez Ruz, que ha ordenado esta diligencia a petición de las fiscales del caso, Concha Nicolás y Concha Sabadell, espera encontrar con este requerimiento "efectos, documentos o cualesquiera otros materiales relacionados con la actividad presuntamente delictiva investigada", que podría ser constitutiva de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y estafa procesal.

   Además de autorizar la "intervención y posterior análisis" de los archivos y ficheros informáticos que se incauten, el magistrado ordena que se requiera a la Sociedad Española de Sistemas de Pago Iberpay "toda la información que obre en su poder (identidad de las entidades y sucursales intervinientes)" en relación con la salida de 149.000 euros.