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El Tribunal Superior de Justicia le pide que se pronuncie expresamente

Manifestación en agosto de 2012
Manifestación en agosto de 2012

Ultimátum al Gobierno de Castilla-La Mancha sobre la readmisión de interinos despedidos en 2012

miércoles 02 de abril de 2014, 15:48h

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha emitido una providencia en la que da un ultimátum de cinco días a la Junta de Comunidades para que se pronuncie expresamente sobre si se opone o no a la ejecución provisional presentada por STAS y UGT para la readmisión de casi 500 interinos, "a la vista de la ambigüedad del contenido del escrito presentado por la Junta", según han dado a conocer ambos sindicatos.

STAS y UGT recuerdan que fue la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal quien el pasado 7 de febrero, declaró públicamente sobre la sentencia que instaba al Gobierno de Castilla-La Mancha a la readmisión de los interinos despedidos y expresó su intención de "volver a crear todos los puestos de trabajo que se amortizaron en 2012 y se va a readmitir a las personas despedidas". La presidenta precisaba entonces "readmitiremos a estas personas, volveremos a crear los puestos de trabajo y paralelamente se recurrirá la sentencia".

Casi dos meses después la readmisión no se ha producido. En el camino ambos sindicatos pidieron la ejecución provisional de la sentencia. Una petición que, aseguran, "iba en la misma sintonía que las declaraciones de la presidenta, al solicitar el reingreso de los funcionarios interinos, demorando el abono de los salarios dejados de percibir hasta que hubiera una sentencia definitiva por parte del Tribunal Supremo". 

STES y UGT consideran que la ejecución provisional "tiene un efecto beneficioso para ambas partes puesto que los funcionarios al ser reingresados percibirían sus retribuciones, mientras que la Junta obtiene el debido beneficio con motivo de los servicios que prestarán en la administración" y creen que las alegaciones presentadas por la Junta "no son solamente ambiguas, como marca el Tribunal, sino que en algunos casos son completamente absurdas y carentes de fundamento, y lo único que pretenden es entorpecer el proceso para intentar dilatar y no cumplir la ejecución de la sentencia".

El Gobierno de Cospedal esgrime "dificultad" en la ejecución de la sentencia que los sindicatos, creen, se solventaría con un trabajo previo de la Administración al disponer de todos los datos precisos para ello, y que los cambios estructurales llevados a cabo por la Administración para integrarlos en las unidades administrativas precisas se resolverían con la convocatoria de una Mesa Sectorial en el que se analizara el tema, algo a lo que, critican, "se ha negado sistemáticamente la Dirección General de Función Pública".

"Un grave perjuicio para los intereses de la región"

Los sindicatos creen que la falta de ejecución por parte de la Administración supone "un grave perjuicio para los intereses de la región de muy difícil reparación, ya que el resarcimiento de daños y perjuicios en que consiste el abono de los salarios dejados de percibir pueden suponer una cantidad importante, que aumentaría si se demorasen hasta que hubiera sentencia definitiva".

Ahora, y ante el  plazo de cinco días para hacer efectivo el compromiso público de Cospedal con respecto al reingreso de los interinos, STAS y UGT aseguran que será una manera de "evitar que aparezca ante la opinión pública como una mentirosa" y han convocado una asamblea general de interinos para este jueves, 3 de abril, a las 17 horas en el  Centro Social Santa María Benquerencia para analizar la situación y acordar todas las posibles acciones a realizar para que la ejecución se haga efectiva.

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