Barreras democráticas

Los llamativos escándalos de financiación ilegal o desvío de fondos públicos en el caso de partidos y sindicatos tienen un origen común en todos los países con democracias parlamentarias. El ministro japonés de Exteriores, Seiji Maehara, renunció hace tres años a su cargo tras reconocer haber recibido una donación política ilegal. En Francia llegó a los tribunales la financiación ilegal del partido que llevó a Sarkozy al Elíseo; el llamado "caso  Bettencourt". En Gran Bretaña el escándalo le estalló en las manos en el 2008 al número dos del Partido Conservador, George Osborne por tratar de obtener financiación ilegal para su partido. Ningún sitio está a salvo del escándalo, salvo tal vez Suecia. Y no porque sean más honrados, que lo serán, sino porque carecen de legislación al respecto, y dado el principio de "nulla poena sine lege" no puede haber así ni delito ni tampoco titulares escandalizados.

Los partidos políticos y los sindicatos han evolucionado con las democracias a las cuales sirven de herramientas imprescindibles. De organizaciones de masas ajenas a las instituciones del estado en la primera mitad del siglo XX financiadas con las cuotas de sus afiliados y las aportaciones de donantes particulares a estructuras semipúblicas, cada vez con menos militantes de carnet y una financiación estatal regulada por severos controles de las donaciones privadas. Se sustraen así, al menos en teoría, a las coacciones de los intereses particulares bien ejemplificadas por las condonaciones bancarias de las deudas de los partidos políticos, algo prohibido ya por el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos aprobada por el Consejo de Ministros el 21 de febrero. Pero no se trata aquí de entrar en los detalles mejorables o en las carencias de ese intento de limitar las corruptelas en la financiación de partidos y sindicatos.

El enfoque es el de considerar a esas organizaciones como entes administrativos sujetos a una detallada normativa reguladora de sus mecanismos democráticos de funcionamiento interno plasmada en los artículos de la LOPP. Ese carácter institucional otorga a los partidos políticos, por el simple hecho de ser reconocidos por el Estado como merecedores de subvenciones o interlocutores válidos, un aura de legitimidad que dota de autoridad a los mensajes emitidos por los representantes de esos partidos, aunque su contenido sea una clara proclama terrorista, antidemocrática, xenófoba o violenta.
La mera verbalización de esos mensajes los enmarca y articula, plasmando prejuicios y actitudes contrarios a los derechos humanos y políticos que de otro modo no encontrarían un cauce a través del cual proyectarse. Este fenómeno parece tener una especial relevancia cuando se trata del mensaje emitido por partidos extremistas minoritarios. Como en el caso del PNV, CiU o la derecha francesa con el discurso xenófobo del Frente Nacional de los Le Pen se ha comprobado, además, que la emisión de mensajes extremistas por parte de movimientos escasamente representativos provoca un efecto de radicalización en los partidos mayoritarios más centrados alejándoles de posturas moderadas o de pactos con otras formaciones distintas, al tiempo que los convierte en cajas de resonancia de algunos de esos mensajes, alcanzando así audiencias más amplias mientras se diluye gran parte de su carácter políticamente incorrecto.

La jurisprudencia española niega la obligatoriedad de una "democracia militante", reconociendo así la legalidad de cualquier proyecto político "siempre que no se defienda mediante actividades que atenten contra los principios democráticos o contra los derechos fundamentales de los ciudadanos". Se penalizan así las actividades, pero no se ilegalizan las opiniones o programas de partidos que pudieran defender la segregación racial, la xenofobia, el machismo pasivo-agresivo o la pederastia. Precisamente una sentencia del Tribunal de Apelación de Holanda ha anulado la prohibición de la asociación pedófila holandesa "Martijn" que aboga por la aceptación de relaciones sexuales consentidas entre niños y adultos.

No debería ser válido ampararse en la libertad de expresión, de reunión o de asociación para justificar la violencia, el terrorismo, la xenofobia o la pederastia. Y el Estado, financiador de todos los partidos políticos, puede y debe arrogarse el derecho de decidir, con todos los controles democráticos necesarios, que organizaciones son merecedoras del aval institucional. La legitimidad otorgada a cualquier mensaje por el carácter legal de su emisor, amplificado en el caso de organizaciones, asociaciones, partidos o sindicatos con publicaciones difundidas entre el público debería hacernos reflexionar sobre los límites de lo votable en una democracia cuando su ejercicio incontrolado perjudica la libertad, la seguridad o los derechos de otros.