La Revolución Francesa trajo una nueva organización social que se basaba, o al menos pretendía formalmente hacerlo, en la libertad, igualdad y fraternidad de los ciudadanos. Durante el siglo XX los paradigmas de libertad e igualdad se mantuvieron con la evolución del concepto de fraternidad hacia postulados de justicia y concretamente de justicia social.
En el siglo XXI, acuñados en España y en Europa los contenidos de tales principios, los esfuerzos se centran la búsqueda de las garantías concretas en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Este camino no ha sido fácil. La definición de los derechos y libertades individuales no ha sido pacífico y la labor de los legisladores y tribunales, nacionales y europeos, han sido esenciales para desbrozar conceptos y dotar de contenido concreto a tales derechos.
En el caso del derecho de igualdad la interpretación de su contenido desde las diferentes posiciones políticas en el siglo XX ha acarreado no pocos sufrimientos a los pueblos. La perversión de los ideales de la Revolución Francesa condujeron al Régimen del Terror que una mujer, Madame Roland, fue capaz de resumir en una frase memorable: "Libertad. ¡Cuántos crímenes se comenten en tu nombre!". De la misma manera, el comunismo transformó la búsqueda de la igualdad de las personas en igualitarismo formal, ausencia de libertades y pobreza de los pueblos.
Las democracias occidentales y la Unión Europea de forma muy especial se han convertido en estos últimos años en garante y espejo de los derechos humanos y de los principios básicos de libertad, igualdad y justicia. La igualdad ha adquirido una perspectiva práctica y tangible que los gobiernos y los parlamentos están obligados a defender: la igualdad de oportunidades. Las políticas públicas en todos los niveles administrativos y legislativos tienen que ir directamente dirigidas a garantizarla.
Esta igualdad de oportunidades se refleja tradicionalmente en tres grandes áreas que son las que se refieren a mujer, a educación y al acceso a los recursos. En todas ellas estamos viendo cómo los avances de los últimos años están transformando y mejorando la realidad y adquiriendo nuevas perspectivas.
Lo que comenzó siendo una reivindicación de igualdad de oportunidades para las mujeres hoy en día supone también, en consecuencia, la apertura de áreas que tradicionalmente estaban cerradas a los hombres. No se puede decir con mayor rotundidad que como lo ha hecho hace pocos días Miriam Clegg, esposa del viceprimer ministro británico, cuando de forma tan informal y castiza hizo referencia al valor de los hombres que no renuncian a su compromiso y su derecho en la crianza de sus hijos.
Este mismo avance se está consolidando en la lucha por la desigualdad y el acceso de todos los ciudadanos a los recursos necesarios para adquirir un nivel de vida digno. La Estrategia Europea 2020 tiene entre sus objetivos la inclusión social como uno de los más emblemáticos, si no es el más ambicioso y que se concreta en la Plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social.
Esto supone a los Estados la obligación de tomar medidas coordinadas en todas sus políticas para lograr este objetivo de inclusión, con el apoyo de los fondos de la Unión Europea para luchar contra la pobreza y la exclusión social.
Como respuesta a este desafío el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado dos planes fundamentales para lograr este desafío: el Plan de Inclusión Social y el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia. Ambos planes han contado con la más positiva y unánime aceptación de las entidades del tercer sector.
Respecto del Plan de Inclusión Social, la Plataforma del Tercer Sector lo considera "una buena estrategia a medio y largo plazo". Hay que recordar que esta Plataforma está integrada por las siete organizaciones más representativas de España en su ámbito de actuación: Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).
En nuestra región la actividad para conseguir la inclusión social y la igualdad real de los colectivos más desfavorecidos se está realizando de forma coordinada con el gobierno de España.
Las acciones propias del gobierno de María Dolores Cospedal definen las líneas prioritarias de actuación para lograr la inclusión social en tres grandes ejes: dispositivos de alojamiento para personas que presenten una situación de vulnerabilidad; proyectos de integración social dirigidos a población en situación de vulnerabilidad o exclusión social, de tipo socioeducativo, de intervención en barrios o de inserción sociolaboral, fundamentalmente; y por último una tercera línea de proyectos que faciliten el acceso y la permanencia en la vivienda de personas en situación de vulnerabilidad de carezcan de ella o presenten el riesgo de perderla.
Estas actuaciones conjugan las acciones transversales de todas las Consejerías del Gobierno de la presidenta Cospedal para la elaboración de un nuevo Plan Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 que se completará en los próximos meses con la participación de las más importantes organizaciones para la lucha contra la pobreza y la exclusión de Castilla La Mancha.
Necesitamos más Europa para que veamos los resultados del buen camino emprendido en España y en Castilla La Mancha, para recoger los frutos de la planificación rigurosa y la mayor sensibilidad social que nos permitirán alcanzar las mayores cotas de igualdad de todos los tiempos.
Silvia Valmaña Ochaita
Secretaria de Área de Familia y Bienestar Social
Partido Popular
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