En rueda de prensa en Albacete, José Luis Gil ha confirmado que este jueves mandaron una carta a la ministra, solicitándole "que dé la orden" al delegado del Gobierno para que actúen los organismos competentes, citando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Inspección de Trabajo, y "que se coordinen y reúnan" con los agentes sociales "para resolver este desaguisado".
Para Gil, "sólo la corrección" de ese medio millón de horas semanales que se ha detectado "supondría la creación de 14.000 empleos" y eso equivaldría a "bajar en un 4,6% el desempleo en Castilla-La Mancha".
El secretario regional de CCOO ha añadido que, además, "esta ilegalidad nos cuesta a todos en la región 225 millones de euros al año" que se derivan, ha detallado, de 108 millones que dejan de recaudarse de la Seguridad Social, 70 millones que no se pagan en prestaciones y 50 millones que serían los que tributarían esas personas que se podrían contratar.
"Con una tasa de desempleo superior al 30% no puede haber ese medio millón de horas ilegales" y se ha mostrado "confiado" en que la ministra Báñez "conteste de forma urgente" y que el delegado del Gobierno "convoque a los agentes sociales".
Por otro lado, ha mencionado una de las propuestas dentro del proyecto de reforma fiscal presentado hace unos días en la región y que implicaría "implantar un impuesto del 0,3% a las entidades financieras de la región por los depósitos que tienen" de los ahorradores.
Una medida que supondría conseguir "unos 35.000 millones" y que, ha insistido, "se cargaría a las entidades financieras, no a los depositantes, algo que sería tremendamente injusto".
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