Los registros judiciales que se han efectuado a lo largo de todo este miércoles en distintas sedes del Ayuntamiento de la capital se enmarcan en una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 32, iniciada "varios meses antes" del verano en colaboración con la propia Administración local, y relacionada con presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho consistentes en el cobro de comisiones para agilizar licencias precisas para la apertura o el funcionamiento de locales en la ciudad.
La investigación afecta a un total de 16 funcionarios, que han sido imputados y detenidos. También, según fuentes de la investigación, se sabe que pueden estar implicados varios arquitectos y abogados en diverso grado de colaboración con la trama.
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, aseguró que los funcionarios del Ayuntamiento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón implicados en una presunta trama de corrupción funcionaban como "una mínima organización estable" que obtenía beneficios a través del cobro de comisiones por agilizar la tramitación de expedientes para la apertura de locales.
En declaraciones a la Cadena Ser, Moix especificó que los funcionarios investigados integraban "una organización con una estabilidad que permanece en el tiempo y que ha ido realizando una actuación dirigida a obtener dinero".
Moix descartó que el operativo desarrollado por la Guardia Civil, dirigido por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, tenga alguna "conexión política o guarde relación con la operación Malaya", al tratarse de funcionarios que "han hechos acciones concretas de agilización de expedientes".
El fiscal jefe aclaró que las detenciones practicadas no son por delitos urbanísticos, sino que serían más por cohecho como consecuencia del cobro de comisiones relacionados con expedientes administrativos.
En cuanto a la cuantía de las comisiones cobradas por el grupo de funcionarios, insistió en que todavía es difícil "cuantificar el monto total del dinero que se ha manejado". "Eso se valorará una vez que analicemos los datos que maneja la Guardia Civil", apuntó. No obstante, también ha podido saberse que cobraban 20.000 euros en comisiones ilegales por agilizar los expedientes.
Finalmente, se mostró convencido de que la operación desarrollada por la Guardia Civil, a instancia del juez instructor, permitirá desmantelar por completo la supuesta trama de corrupción detectada en el Consistorio de la capital.
Colaboración del Ayuntamiento
Con respecto a este escándalo, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que "no se va a tolerar" ningún tipo de actuación irregular de los funcionarios que trabajan en el Ayuntamiento, en relación a los registros judiciales de la Guardia Civil en distintas sedes municipales.
"Este tipo de actuaciones no pueden poner en cuestión el trabajo de los miles de funcionarios que diariamente prestan, con honradez, dedicación y vocación de servicio, su trabajo a los madrileños. En un colectivo de más de 20.000 personas, que exista un número que no llega a 20 (funcionarios presuntamente implicados) no puede llevar a los ciudadanos a dudar de los funcionarios municipales", ahondó Gallardón en declaraciones a los medios.
Asimismo, confirmó que la operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 32, iniciada desde antes del verano en colaboración con la propia Administración local, está relacionada con presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho consistentes en el cobro de comisiones para agilizar licencias precisas para la apertura o el funcionamiento de locales en la ciudad.
El alcalde explicó que esta operación "está sujeta a secreto de sumario" y la comunicación de la misma "corresponde al Juzgado de Instrucción que la está tramitando". "Desde que se iniciaron estas actuaciones, antes del verano, se ha producido una tramitación conjunta con el juzgado a efecto de facilitar toda la información necesaria y determinar la responsabilidad de las personas imputadas como consecuencia de esta investigación", agregó.
Gallardón dijo, además, que la operación ha sido conjunta entre la Guardia Civil y la Policía municipal, que "han desarrollado actuaciones conjuntas en aquellos puntos donde existía una imputación directa por parte del juez".
"El Ayuntamiento", continuó, "no va a tolerar nunca ningún tipo de actuación irregular por parte de las personas que tienen la obligación de estar siempre a la atención de los ciudadanos con objetividad, claridad, y ningún tipo de favoritismo".
Así, afirmó que denunciará "cualquier comportamiento que pueda desviarse de la obligación de un funcionario", y que "siempre que exista una actuación irregular se actuará como corresponde a un Estado de Derecho y con el reproche del poder judicial, los jueces y los tribunales".
Preguntado por si esta investigación tiene alguna implicación con Monserrat Corulla, presunta testaferro de Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro de la trama de corrupción urbanística en Marbella, Gallardón dijo que ha habido una confusión por el apellido del juez José Antonio Torres, ya que el juez de este caso se apellida igual que el que instruyó el Caso Malaya. "Es el mismo apellido pero son dos personas diferentes", explicó.
El Ayuntamiento conocía la investigación
La investigación afecta "aproximadamente" a un total de 16 funcionarios, según explicó en rueda de prensa el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, quien insistió en que estas actuaciones no están vinculadas con operaciones de calificación urbanística ni en particular con la 'Operación Malaya'.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada por un particular que en los trámites de obtención de una licencia advirtió un comportamiento presuntamente delictivo y alertó de la situación.
Sobre este asunto, la Guardia Civil ha remitido una nota que dice textualmente: "La Guardia Civil, en el marco de la operación “GUATEQUE”, dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 32 de Plaza de Castilla (Madrid) contra presuntos delitos de corrupción cometidos por trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, ha detenido en el día de hoy a 16 funcionarios municipales y técnicos y ha realizado más de una decena de registros en diferentes dependencias municipales y domicilios. Durante la operación se ha intervenido numerosa documentación que está siendo analizada por los agentes.
"En esta operación, en la que la Guardia Civil investiga los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa presuntamente cometidos por estos trabajadores, los agentes han contado en todo momento con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
"La operación continúa abierta y no se descartan nuevos registros o detenciones en las próximas horas".
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