Gallardón mete con calzador la reforma del aborto en el Consejo Interterritorial de Salud
>> Andalucía, Asturias, País Vasco y Canarias exigen su
retirada del orden del día de la reunión del miércoles
>> Gallardón envía el texto también a los Colegios de
Médicos y de Enfermería y pisa el acelerador para que la nueva ley se pueda
aprobar en julio
lunes 09 de junio de 2014, 16:57h
Ni las
elecciones, ni la crisis del PSOE ni un nuevo Rey. La reforma del aborto, la apuesta
más arriesgada de Alberto Ruiz Gallardón, no va a conseguir pasar desapercibida
en su acelerado trámite para tenerla lista antes del verano. A finales de semana,
el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunciará por fin, tras
varios retrasos, sobre el controvertido anteproyecto de ley impulsado por el
Ministerio de Justicia. Y no se espera que sea un trago fácil. Previamente, el
ministro de Justicia ya habrá recibido otra dosis de la misma medicina este
miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud. Andalucía, Asturias -las
dos bajo gobierno socialista-, País Vasco (PNV) y Canarias (CC) ya han
pedido que se retire este punto del orden del día que el Ministerio de Ana Mato
se ha visto obligado a meter con calzador.
En el debate sanitario, la ley del aborto de Alberto Ruiz
Gallardón tendrá en contra a las Consejerías de Sanidad del PSOE -con la Andalucía
de Susana Díaz llevando la voz cantante- y también a algunas gobernadas por el propio
partido del Gobierno que han puesto reparos desde el punto de vista
estrictamente sanitario. Los mismos que, por ejemplo, ya se ha apuntado sobre el
caso de malformaciones en el feto desde el Consejo General de Colegios de
Médicos, incluido en la lista de organismos que deben ser consultados.
El objetivo de Gallardón, anunciado públicamente, es que el "Anteproyecto de Ley Orgánica para la
protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada",
esté listo para su aprobación en Consejo de Ministros en julio.
Antes, tendrá que dirigirse al Consejo de Estado, como es
preceptivo, para lo que esperará a recibir todos los informes previos, como el
del CGPJ o el Consejo Interterritorial de Salud. Mera cuestión de trámite que el
PSOE ya ha aprovechado para lanzar una velada sospecha sobre las intenciones
del Ministerio de Justicia. "Desconocemos por qué no se ha enviado aún, pero
debería hacerlo", explica su secretaria de Igualdad, Purificación Causapié.
20.000 mujeres
Causapié ha garantizado al Gobierno "un verano y un otoño"
de constante movilización contra la reforma. Protestas encabezadas con una
denuncia: "La reforma condena a más de 20.000 mujeres a la clandestinidad", es
decir la mitad de las que interrumpen su embarazo en España cada año, "porque
se va a seguir haciendo el mismo número de abortos". Según la secretaria de
Igualdad del PSOE, las sociedades médicas y científicas que ha consultado coinciden
en que esta cifra se mantendrá en los parámetros actuales.
Gallardón, de hecho, tiene un problema con las cifras,
porque el número de abortos baja en la última estadística... con la ley de
Zapatero.
El PSOE alerta también contra el "ensañamiento" de algunos
sectores que quieren que se multe a las mujeres que incumplan la reforma, con
lo que Causapié ha podido añadir a su batería de críticas el riesgo "de que las
mujeres con menos recursos acaben en la cárcel si no pueden pagar" la sanción
correspondiente.
El CGPJ aún tiene abierto el plazo de alegaciones hasta el jueves
a mediodía a las dos propuestas de informe redactados por las vocales Carmen
Llombart y Pilar Sepúlveda, ambas con duras críticas al texto del Gobierno. En realidad,
sólo discrepan en una cosa: Sepúlveda es partidaria de responder al Gobierno
que lo mejor es "reconsiderar y retirar" el Anteproyecto; Llombart, por su
parte, considera que el CGPJ no debe entrar a valorar "la oportunidad" de
hacerlo ahora.