El Poder Judicial pide a Gallardón despenalizar el aborto por malformación al margen de la salud psíquica de la madre

El informe que se encargó a la vocal conservadora Carmen Llombart ha obtenido el voto favorable del presidente, Carlos Lemes, y de todos los vocales designados a propuesta del PP excepto Fernando Grande-Marlaska, quien había presentado una alegación recomendando al Gobierno que espere al Constitucional por tratarse de una materia sensible y por una cuestión de seguridad jurídica.

En este punto coincidían los otros dos vocales que se han abstenido, Mercé Pigem (propuesta por CiU) y Enrique Lucas (por PNV).

En el Pleno se sometían a debate dos informes, el que ha salido adelante y el de la progresista Pilar Sepúlveda, cuyo dictamen pedía directamente la retirada de la reforma y que ha obtenido el respaldo de los siete vocales designados a propuesta del PSOE y de la vocal de IU.

Tras más de dos horas de debate no se han aceptado las alegaciones presentadas a ambas propuestas, ni las de los vocales nacionalistas y Marlaska ni la defendida por Nuria Abad avalando el Anteproyecto tal y como se ha presentado por el Gobierno.
El informe que será remitido a Justicia afirma, en apoyo a sus tesis sobre el aborto eugenésico, que si el feto es incompatible con la vida no hay conflicto de intereses, pues "el concebido en estas condiciones no podría ostentar la condición de nasciturus" ni, por tanto, acogerse a la protección constitucional que éstos tienen.

Se añade que debería darse por sentado que el conocimiento de la inviabilidad fetal causará dolor a la madre, en lugar de imponer a la mujer "una carga más" al exigirle que pruebe el daño psicológico que padecerá por parir un niño inviable.

Simplificar trámites

La valoración del Anteproyecto, cuyo contenido no vincula al Gobierno, incide también en la "desproporción" de los trámites diseñados por el Ministerio de Justicia para que la gestante aborte legalmente. Considera que exigir dos informes probatorios del daño psicológico emitidos por médicos distintos a los que practican el aborto y que no trabajen en el centro sanitario donde se realice, es excesivo.

"Parece suficiente con el informe emitido por dos médicos, distintos del que practique la intervención, sin que sea preciso acudir a un facultativo externo al centro o establecimiento médico en que se realizará la interrupción del embarazo", dice el informe de Llombart, para advertir de que la circunstancia "se agrava singularmente en el caso del peligro grave para la salud psíquica de la mujer por anomalía fetal incompatible con la vida".

El informe del CGPJ también echa en falta que no contenga una política general, integral de protección de la maternidad.