Tribunal, ¿de qué?

Ramón Álvarez de Miranda deberá dar cuentas ante el Congreso por el extraño comportamiento del Tribunal que preside y que, según la Constitución, tiene encomendada la fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Pero, hete aquí, que con 700 trabajadores a su cargo, muchos de ellos curiosamente relacionados por lazos de parentesco, las últimas cuentas auditadas de los partidos se remontan a 2008.

   Estamos hablando, obviamente, del Tribunal de Cuentas que hace, a tenor de lo sabido estos días, poco honor a su nombre en cuanto a la función y nulo control en el recuento de parentelas. Dice el presidente que se puede explicar todo, pero no debe conformarse con un escrito a la Cámara como temen algunos, tiene que comparecer ante los diputados y explicar cómo es posible que de los 700 trabajadores, 100 sean familiares y porqué con tan amplio personal no se conoce su diagnóstico de la contabilidad de los partidos de los últimos cinco años, cuando se generan tantas sospechas en la ciudadanía.

   La perversión de uso que los partidos políticos han llevado a cabo sobre determinadas instituciones del Estado amparadas por el texto constitucional, se evidencia de forma palpable en este organismo fiscalizador cuyos consejeros son nombrados por los propios partidos a los que tienen que vigilar.

   Solo así se explica su desconocimiento de los manejos espurios de donaciones privadas que acaban en los tribunales ordinarios de justicia convertidos en escándalos políticos de corrupción. Hasta ahora no se han enterado de ninguno de los escándalos que han salpicado la vida pública. No han sabido del caso Gürtel, ni de Filesa, ni de la financiación ilegal de CiU ni de nada de nada.

   Surge inmediatamente la pregunta sobre la utilidad para el prestigio de la democracia de una institución que no cumple la misión atribuida y por qué, en tiempos de recortes del gasto público que afectan a derechos fundamentales de los españoles, se respetan plantillas tan numerosas y bien pagadas.

   O los partidos políticos se plantean una reforma en profundidad del papel de este órgano constitucional y la modificación radical de la elección de sus doce consejeros o se les pedirán cuentas, esta vez sí, en las urnas.

   La contabilidad de las formaciones políticas debe ser analizada y con lupa cada año, además de hacerse públicas para conocimiento del personal. Eso es lo que garantiza la limpieza del juego democrático. No valen lamentos cinco años después de que los partidos no han entregado las auditorías internas.

   Y qué decir de la larga lista de apellidos repetidos hasta la saciedad en el organigrama del Tribunal. Por mucho que aleguen que las oposiciones han sido impecables hay que saber que los miembros del tribunal son parientes de los examinados y siempre se tiene una cierta benevolencia con un hijo o una hermana.

   Quizá el caso más escandaloso sea el del representante de UGT, el sindicalista Julio Ronda, que ha conseguido reunir en tan bien remunerados puestos de trabajo a su exesposa con la actual, un hijo, su nuera, su cuñada, dos sobrinos y hasta un amigo de la infancia. Los sueldos en tan benéfica institución rondan los tres mil euros de promedio.