Un informe levanta una nueva polvareda política en torno al contrato de basuras de Toledo

En el informe,  traslada al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sus conclusiones sobre este contrato, cuyo coste para las arcas públicas pasó en dos meses de 6,13 millones a 17,4 millones de euros por la necesidad de actualizar el convenio colectivo de los trabajadores de la empresa. La decisión la aprobó la Junta de Gobierno de Toledo del PP en mayo de 2007 y la ratificó en noviembre de ese año el nuevo equipo de Gobierno del PSOE.

En su declaración ante el juez Ruz del pasado 15 de julio Bárcenas vinculó este contrato a una donación de la compañía, filial de Sacyr, para sufragar la campaña de la candidata del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal. El extesorero dijo que las entregas de dinero que recibía el PP "jamás fueron finalistas, salvo una, en Castilla-La Mancha".

El contrato investigado contemplaba la recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte al centro de tratamiento en todo el término municipal de Toledo. La Junta de Gobierno de la Ciudad, controlada por el PP, lo aprobó en diciembre de 2006 por un coste de 6,13 millones de euros.

Se modificó el convenio colectivo con incrementos salariales

Sin embargo, el 23 de mayo de 2007, cuatro días antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año y tras un conflicto laboral, el Gobierno local, dirigido por José Manuel Molina (PP), modificó el convenio colectivo de los trabajadores para que se introdujeran "incrementos salariales por encima de los índices de revisión de precios de la concesión", lo que provocó la "modificación del precio del contrato".

Este compromiso se confirmó con un "acuerdo de ejecución y mantenimiento del equilibrio financiero de la concesión" que el Ayuntamiento de Toledo, gobernado desde las elecciones por el socialista Emiliano García-Page, aprobó el 15 de noviembre de 2007. Entonces se contempló un "sobrecoste" para las arcas públicas de 7,2 millones para los diez años de contrato y 4,1 millones más adicionales para los cuatro de prórroga.

"El incremento de los costes de mano de obra como consecuencia de un convenio colectivo no constituye un supuesto de ius variandi (el Ayuntamiento no ha actuado imponiendo al concesionario cambios en el contrato). Por tanto, tal como pone de manifiesto el viceinterventor en su informe, los efectos económicos de estos acuerdos no deben ser soportados únicamente por la Administración", señala el informe de la IGAE.

En el mismo sentido, el funcionario que firma el informe apunta que la situación de conflicto laboral no es "un hecho imprevisible para el contratista, ya que la periódica negociación colectiva es una incidencia normal en la dinámica de las relaciones laborales".

"El concesionario debería haber tenido previstas las revisiones salariales dentro de los costes del servicio, siendo de su exclusiva responsabilidad la negociación colectiva con los empleados, origen exclusivo de los sobrecostes", apunta.

La IGAE no cuestiona la legalidad del proceso

La IGAE, en todo caso, no cuestiona la legalidad del proceso de adjudicación del contrato, que tenía una duración de siete años prorrogable por otros siete más que posteriormente se amplió a diez, fue adjudicado legalmente.

"La preparación del contrato se realizó cumpliendo, en términos generales, con el régimen jurídico aplicable. Se ha comprobado que se evacuaron los informes preceptivos y se cumplió el trámite de audiencia pública", señala este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En su declaración del pasado 15 de julio, en la que reconoció la autoría de la supuesta contabilidad B del PP, Bárcenas aportó al juez dos recibís por valor de 100.000 euros correspondientes a la supuesta donación que habían sido firmados por el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas. Éste declaró como testigo en noviembre de 2013 aunque aseguró que hizo los documentos "al dictado" de Bárcenas y sin llegar a percibir nunca ninguna cantidad.

 El PSOE volverá a pedir la comparecencia de Cospedal y Vicente Tirado

El informe ya ha suscitado reacciones en Castilla-La Mancha.  El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, ha avanzado que su grupo parlamentario volverá a solicitar que el presidente del Parlamento, Vicente Tirado, y la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, expliquen en las Cortes el contrato a la empresa Sufi, filial de Sacyr, realizado en 2007 por el equipo de Gobierno del PP de Toledo.

En rueda de prensa, Fernández Vaquero ha apuntado que, además de dar explicaciones "en los juzgados", deberían previamente "dar explicaciones donde las tienen que dar, que es en el Parlamento de Castilla-La Mancha", por lo que el PSOE registrará esa petición de comparecencia en septiembre.

El socialista se ha referido así al informe de la Intervención General del Estado que, sostiene que el acuerdo para mejorar en 11 millones de euros el contrato a la concesionaria del servicio de basuras --que, según el extesorero del PP, Luis Bárcenas, pagó una comisión de 200.000 euros para la campaña electoral de Cospedal-- sería "nulo de pleno derecho".

Esa información, según el secretario de Organización del PSOE, "acaba de confirmar algo que sospechamos". "Ahora ya nos van cuadrando las cosas. Es significativo que unos días antes de las elecciones se le dieran 11 millones más a esta empresa en un contrato de adjudicación", ha comentado Fernández Vaquero.

El PP resalta que la Intervención no ve irregularidades

La portavoz regional del Partido Popular, Carmen Riolobos, ha reseñado por su parte que el informe de la Intervención General del Estado "no encuentra irregularidades sustanciales en el proceso de adjudicación del servicio".

Riolobos ha señalado que el hecho de que no se encuentren irregularidades en el proceso de adjudicación "es lo más importante" y evidencia que el proceso "fue limpio y transparente, como ha defendido siempre el Partido Popular".

En cualquier caso, ha recordado que la adjudicación definitiva del servicio de basuras a la empresa Sufi --filial de Sacyr-- la hizo el PSOE cuando ya estaba Emiliano García-Page como alcalde, luego será él el que "tendrá que dar explicaciones al respecto".

El Ayuntamiento de Toledo anuncia que solicitará el informe

El Gobierno local de Toledo ha anunciado por su parte que va a solicitar el informe de la Intervención General del Estado que determina como nulo el acuerdo adoptado por el Gobierno local del PP otorgando una mejora en el contrato de la limpieza a la empresa Sufi.

El portavoz del equipo de Gobierno, Rafael Perezagua, a preguntas de los medios, ha adelantado que solicitará al juzgado que lleva el caso dicho informe para estudiarlo en profundidad, toda vez que, según las informaciones conocidas hoy, el documento considera "nulo de pleno derecho" el acuerdo de la Junta de Gobierno Local y advierte trato de favor hacia la empresa.

El concejal ha recordado que en la comisión celebrada el año pasado tras saltar a la opinión pública el caso de los "Papeles de Bárcenas" que implicaban al contrato de la limpieza de Toledo, el PSOE ya advirtió que el protocolo rubricado por el PP a cuatro días de las elecciones contenía irregularidades. En concreto, carecía de informe técnico y económico y suponía una modificación sustancial del contrato cinco meses después de ser adjudicado.

Perezagua ha señalado que el PSOE respaldó ya desde el Gobierno el citado protocolo "por responsabilidad, para defender los intereses de los trabajadores y garantizar el servicio" pues se trataba de aplicar las nuevas condiciones del contrato. En este punto ha aclarado que el informe de la Intervención pone en entredicho el sobrecoste del contrato, que se declara nulo de pleno derecho.

Sobre la relación con la presunta financiación ilegal del PP, ha asegurado que deberá ser el juez el que determine si este asunto está ligado a la supuesta comisión de 200.000 euros que Bárcenas afirma que entregó Sufi para financiar la campaña de María Dolores de Cospedal a cambio del contrato de limpieza.

Si de esas diligencias se desprende que ha habido un daño a los intereses de los toledanos, Rafael Perezagua ha reiterado la intención del equipo de Gobierno de personarse en el correspondiente proceso penal para depurar responsabilidades.