Jueces, fiscales y políticos piden que la Justicia se adapte al fin de ETA

El documento, que pretende la adaptación de la Justicia al escenario de cese de ETA, ha sido enviado al Congreso, al Senado, al Gobierno vasco, diputaciones, los tribunales, partidos políticos, sindicatos, Iglesia, universidades, organizaciones sociales y medios de comunicación.

En el encuentro, que ha dado lugar a la redacción del texto, asistieron, entre otros, el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez; el juez de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcarcel; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra; el Fiscal Superior del País Vasco; Juan Calparsoro; la presidenta de la Audiencia de Navarra, Esther Erice; además de magistrados y fiscales de otros órganos judiciales de Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid, entre otros.

También estuvieron presentes, entre otros, el diputado del PNV Emilio Olabarria; el Secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández; los abogados Txema Montero e Iñigo Iruin; y el presidente de la Fundación Sabino Arana, Juan María Atutxa, que firma la carta de presentación de las conclusiones.

El documento afirma que, "por encima de diferencias" que mantienen los participantes en el seminario, el tercero desde 2012, éstos mantienen unos principios comunes sobre "la necesidad de superar la excepcionalidad que ha presidido la respuesta penal en los casos relacionados con el terrorismo".

En este sentido, destaca que, tras el anuncio de ETA "de cese definitivo de su actividad criminal y ante la perspectiva de su desaparición definitiva, cobra más fuerza, si cabe, una idea" que los asistentes al encuentro "juzgan fundamental", como es que "los efectos de la intervención penal han de ser coherentes con los valores de convivencia en libertad en cuya defensa encuentra su razón de ser".

De esta forma, creen que "la superioridad del Derecho se debe materializar en el respeto a las libertades en cuyo nombre actúa" porque un sistema jurídico penal "no se define por los derechos que proclama, sino por los que sacrifica".

Las conclusiones se refieren al "sistema jurídico penal en su conjunto" porque "atañe a las prácticas desarrolladas por todas las instancias del Estado, así como por los tribunales".

En esta línea, abogan por la supresión del régimen de detención incomunicada, así como del delito de enaltecimiento del terrorismo al considerar que afecta a la libertad de expresión, y el delito de terrorismo sin pertenencia o colaboración con banda armada.

Reinserción

En lo que se refiere al derecho penitenciario, destacan que "el principio guía que ha de regir la fase de ejecución de las penas, ha de ser el principio de reinserción". De esta forma, instan a "remover los obstáculos que impiden que los presos de ETA cumplan sus condenas de acuerdo a los criterios generales y universales".

Los participantes en el seminario piden que el hecho de que la banda haya puesto fin a su actividad violenta "ha de tener reflejo en el pronóstico de peligrosidad de sus presos" y en la relevancia de su pronóstico, en fase de ejecución, con el objetivo de "permitir su acceso a las condiciones de vida que mejor favorezcan su reinserción, entendida como la capacidad de vivir sin incurrir en nuevos delitos".

Por ello, proponen que los presos cumplan su condena en cárceles próximas a sus lugares de origen, "facilitando el proceso de paz y la normalización, tanto dentro como fuera de las prisiones".

También reclaman que la Administración Penitenciaria "facilite la aplicación de las normas legales que prevén la excarcelación, con las cautelas necesarias que sean necesarias, de los internos que padezcan enfermedades graves e incurables".

Asimismo, piden que su clasificación penitenciaria "se rija por el pronóstico individualizado de sus posibilidades de llevar una vida en libertad sin delinquir, de manera que puedan acceder al régimen de vida que resulte más indicado en cada caso para favorecer los itinerarios de inserción social, laboral y familiar".

Víctimas

El documento reivindica "el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, superando el papel al que tradicionalmente las ha relegado el derecho penal". En este contexto, valora, "por su trascendencia en términos de justicia restaurativa, los encuentros que mantuvieron con sus víctimas algunas de las personas presas que habían rechazado públicamente la violencia".

No obstante, señala que "los derechos de las víctimas no justifican la excepcionalidad que supone el incremento de su legitimación activa en la fase de ejecución de las penas, fase en la que el principio inspirador no debe ser tanto la gravedad del delito", sino "la reinserción de quien lo cometió".