Castilla-La Mancha recibirá 58 millones de euros para abordar el sobrecoste de la LOMCE

El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, asístía a la Conferencia Sectorial de Educación, donde ha valorado la "sensibilidad" del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al "escuchar a las comunidades autónomas y garantizar la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) para el próximo curso.

Marín se ha mostrado satisfecho con el resultado del reparto de los fondos por parte del Ministerio para la puesta en marcha de la Formación Profesional Básica, que ha destinado 58,12 millones de euros a Castilla-La Mancha. "Esta financiación servirá para garantizar la implantación de la nueva FP Básica, medida clave para reducir el abandono escolar temprano", ha subrayado.

Calendario de implantación gradual

La implantación de la reforma educativa, según ha recalcado el consejero, será de manera gradual con el fin de facilitar la adaptación a los centros educativos y equipos directivos y docentes, de forma que en base al calendario de implantación, el próximo curso se empezará a aplicar en los cursos impares de Primaria y en primero de Formación Profesional Básica.

En el siguiente curso, 2015/2016, se extenderá al resto de Primaria, a los cursos impares de Secundaria (ESO), primero de Bachillerato y segundo de FP Básica. Por último, en el curso 2016/2017 se completará la aplicación de la reforma educativa.

A preguntas de los medios de comunicación sobre el sobrecoste que conlleva la reforma, el ministro de Educación ha trasladado que en los tres próximos siguientes se dotará a las comunidades autónomas de 964 millones de euros, de los cuales 614 procederán del Fondo Social Europeo, y el resto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Por último, el consejero ha defendido la entrada en vigor de la nueva normativa que, en su opinión, "mejora el nivel de conocimientos del alumnado en materias prioritarias como Lengua o Matemáticas, y ofrece más oportunidades al alumnado fomentando su permanencia en el sistema". Frente a ello, ha criticado "la falta de criterio académico, el inagotable sectarismo y los perosque propugnan comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, cuyo único objetivo es retrasar la aplicación":

Por ello, el consejero ha emplazado a las comunidades autónomas que no quieran poner en marcha la LOMCE "a que dejen de poner trabas y dejen el dinero que les corresponde a las regiones que sí quieran hacerlo".

Reducción de la tasa de abandono escolar temprano

Por último, Marcial Marín ha valorado la reducción de la tasa de abandono escolar temprano experimentada en Castilla-La Mancha en los dos últimos años en más de 5 puntos, "que implica que cada vez son más los jóvenes castellano-manchegos que retoman su formación académica". Este hecho "nos anima a seguir trabajando como hasta ahora, impulsando medidas que están dando sus frutos, como el Plan de Acción Para el Empleo Juvenil o el programa de refuerzo escolar 'Abriendo Caminos".

Críticas de algunas Autonomías: el ministro dice que no se generará deuda

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha afirmado que el sistema de financiación para la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), presentado este lunes a los consejeros del ramo de las comunidades autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, no va a computar como deuda para las autonomías, después de que varias comunidades autónomas, como Canarias, Andalucía, Asturias o País Vasco, manifestasen sus dudas sobre este sistema de financiación de la LOMCE y alertasen de que los fondos europeos para la implantación de la ley (614 millones) computen como deuda.

Según el ministro, los 964 millones previstos para los tres primeros años de implantación de la norma --desde 2014 hasta 2017--, es un adelanto a las autonomías, cuya deuda inicial "se amortiza automáticamente" con la generación de un crédito, que "supone incurrir en el gasto para el que se ha facilitado (a las CC.AA) este anticipo".

El titular de Educación ha indicado que el déficit de las comunidades autónomas no aumenta porque lo que lo produce son los intereses y en los anticipos de fondos europeos están excluidos. "El anticipo, como es en este caso, si se da como adelanto de fondos europeos, no hay intereses", ha aseverado el ministro para añadir que esto "no entra en la contabilidad de las comunidades autónomas". "Se genera un crédito que mata la deuda que se haya contraído", ha apostillado.

Sobre las críticas de varias comunidades autónomas por el hecho de que el Ministerio de Educación haya presentado a sólo dos meses del inicio del próximo curso escolar su propuesta de financiación de los sobrecostes que supone la implantación de la LOMCE, Wert ha contestado que para lograr los 614 millones de euros del Fondo Social Europeo ha sido preciso el acuerdo con los ministerios de Empleo y Hacienda, que tienen un papel "más relevante" en el acceso a los fondos estructurales europeos. "Todo eso se ha hecho sobre la base de un trabajo ingente, en un tiempo récord", ha añadido.

El ministro ha indicado que el reparto de fondos entre las comunidades autónomas se da para afrontar con los sobrecostes que suponen los cambios en la arquitectura del sistema educativo --FP Básica y los itinerarios de 3º y 4º de la ESO--, y que, en gran medida son para gastos de personal --pago de profesores--, además de para gastos de funcionamiento. Asimismo, ha indicado en la medida en que las comunidades incurran en estos gastos, podrán recurrir a estos fondos.

El coste de implantación de la ley asciende a 964 millones para los tres próximos cursos escolares (desde 2014 hasta 2017), de los que 614 proceden del Fondo Social Europeo y 350 del Gobierno. Además, el ministerio estima para la consolidación de la norma en los tres cursos siguientes (de 2017 a 2020) un coste de 1.200 millones (400 millones por curso), que tendrá que ser cofinanciado por las comunidades autónomas, aunque esto tendrá que ser debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Las comunidades autónomas que recibirán mayor financiación para hacer frente al sobrecoste que supone la implantación de la norma son Andalucía y la Comunidad Valenciana, con 189,67 y 112,12 millones de euros, respectivamente, mientras que las que menos fondos son Navarra (11,75 millones) y La Rioja (9,72 millones).

La Comunidad de Madrid es la tercera que más fondos va a recibir (110,89 millones de euros), seguida de Cataluña (106,17 millones), Castilla y León (59,92), Castilla La Mancha (58,12), Galicia (55,07), País Vasco (48,89), Canarias (44,86), Murcia (40,81), Extremadura (29,45), Aragón (26,04), Baleares (23,07), Cantabria (12,45) y Asturias (12,02). las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla percibirán 4,68 y 8,35 millones, respectivamente.