Manos Limpias dice que hay relación con la 'operación Malaya'

El presidente del sindicato funcionarial, Miguel Bernad, aseguró haber denunciado los hechos delictivos que se investigan hace medio año, "sin que se hubieran tomado las medidas oportunas al respecto".

"Lo denunciamos ante el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, las anteriores concejales de Medio Ambiente y Urbanismo, Paz González y Pilar Martínez, respectivamente, que no nos hicieron caso; y ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Félix Boix, que nos remitió ante un juzgado de instrucción", agregó.

Implicación de Alcalá 20
Bernad señaló que la presunta trama afecta a más nueve Juntas de Distrito más que las registradas ayer, entre ellas apuntó a Tetuán, Arganzuela, Hortaleza, Moncloa y Chamartín, y a tres funcionarios de medio por cada Junta "sin contar con los despachos externos".

Asimismo, denunció que la supuesta trama afecta no sólo a licencias de apertura y obras de establecimientos, "sino que tiene más ramificaciones en cambio de usos de edificios y recalificaciones urbanísticas".

El presidente de 'Manos Limpias' reveló que la última actuación delictiva de la operación se centra en el expediente de la antigua discoteca Alcalá 20, que reabrió sus puertas hace días a pesar de no contar con la autorización municipal. "Hay una tremenda presión política para permitirla reapertura de la discoteca, así como tremendas cesiones de licencias en locales como Joy Eslava y Pachá", explicó.

Entre 10.000 y 60.000 euros
Respecto a la cantidad supuestamente cobrada por funcionarios corruptos, el sindicato manifestó que ronda entre los 10.000 y los 60.000 euros, "dependiendo de la mordida impuesta por cada funcionario". "No había tarifas preestablecidas ni había organización, porque cada funcionario cobraba lo que veía", añadió.

Por estos motivos, Bernad indicó a Europa Press que el sindicato que preside ha acordado ejercitar la acción popular en este caso, "en defensa de la legalidad vigente, del Estado de Derecho y de la ciudadanía de Madrid, que tiene todo el derecho a que el principio que se ejerza el artículo constitucional 103, que establece que la administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento a la Ley y al Derecho".

"Actuaremos como acción popular en el juicio porque un hecho tan evidente contra el artículo 11 del Código Penal equipara el delito de omisión de responsabilidad pública con el de acción, una vez advertido los supuestos delitos hace año y medio, y sumado a la actuación de riesgo que ha supuesto", dijo Bernad.

Por último, el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias significó que la presunta corrupción "de una mínima parte de los funcionarios" no debe "manchar la imagen" del resto de los trabajadores, aunque aseveró que estos hechos "no deben quedar impunes".