El Grupo Parlamentario Socialista reclama al Gobierno de Esperanza Aguirre que en las próximas semanas realice las valoraciones pertinentes de los beneficiarios de la Ley de Dependencia para que puedan disfrutar de las prestaciones y ayudas a las que ya tienen derecho desde hace meses, y que no están percibiendo ya debido al bloqueo del Gobierno regional.
Este ha sido levantado el pasado 8 de noviembre con la publicación del Reglamento de desarrollo de la Ley de Dependencia, una medida que, a juicio de los socialistas, demuestra que Aguirre ha rectificado.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Maru Menéndez, y la portavoz socialista en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, la diputada Pilar Sánchez Acera, mostraron su satisfacción después de que el Gobierno regional “haya rectificado la posición de bloqueo de aplicación de la Ley de Dependencia”, tras publicar el pasado 8 de noviembre en el Boletín Oficial de la Comunidad el
Reglamento para aplicar esta norma en la región.
“Para nuestro grupo resulta satisfactorio porque, en primer lugar, la presión ejercida por nosotros y nuestras iniciativas parlamentarias han tenido sus frutos”, reivindicó Menéndez, que recordó que los socialistas elaboraron y presentaron el pasado 4 de octubre una propuesta de Reglamento en la Asamblea para ser aplicado en un mes ante la inactividad del Gobierno regional. “Al final han sido un mes y dos días, pero al fin y al cabo han rectificado”, se felicitó la portavoz.
Además, Menéndez dijo que “ahora lo que toca hacer para desbloquear esta situación definitivamente, es que desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales se proceda al registro de las personas con gran dependencia de la región para que puedan percibir las prestaciones y ayudas a las que tienen derecho”.
“La consejería está entrando por el buen camino”, continuó Pilar Sánchez Acera, “y queremos que se registren con la mayor celeridad todas aquellas personas dependientes que ya tienen valoradas”, que la consejera Gádor Ongil cuantificó en unas 6.000 personas, de las que el 40 por ciento sufren el grado de dependencia máximo “y que ya deberían estar recibiendo los servicios y atenciones a las que tienen derecho”.
“Queremos que eso se haga en las próximas semanas para que se pueda decir que la Ley de Dependencia está funcionando ya en la Comunidad de Madrid, como ya lo está haciendo en otras comunidades”, concluyó la diputada.
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