Las comunidades autónomas se desvinculan de los nuevos recortes de Montoro

El próximo 31 de julio hay prevista una reunión entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las comunidades autónomas para analizar las polémicas 255 medidas de recortes pero antes habría que aclarar de dónde han surgido. Y es que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha puntualizado este martes que no se trata de propuestas del Ejecutivo, sino de medidas planteadas por las propias autonomías. "El Ministerio defiende que no hacen falta en este momento más recortes sino que lo que hace falta es eficiencia en el gasto", ha explicado.

Pero desde la mayoría de las autonomías se han desvinculado de los recortes propuestos. Desde el gobierno vasco "no reivindican ni se identifican con ninguna". Andalucía también están "radicalmente en contra" del documento. Pero lo más curioso viene desde comunidades donde también gobiernan los populares como Madrid o Valencia.

Desde la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha señalado que se ha enterado del documento por la prensa y ha abroncado a su compañero Cristóbal Montoro por no informarle. Por su parte desde la Comunidad Valenciana dicen que no se puede aceptar el recorte.

Por su parte, el Gobierno del País Vasco ha asegurado que no implantará ninguna medida de recorte y ha advertido de que "no tolerará" una estrategia de "recentralización" con la "excusa" de la crisis económica. "Montoro y el Gobierno del PP vuelven con la guadaña y el libro de recetas permanente y continuado de los recortes y los sufrimientos para volver a plantearle a la sociedad que hay que seguir recortando", ha valorado el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas.

Entre la batería de propuestas de "racionalización" se abarcan ámbitos muy diversos que afectan a los funcionarios, las televisiones autonómicas o el uso de los servicios públicos, pero sobre todo incluyen numerosas propuestas relativas a la prestación sanitaria. Entre ellas se encuentra el copago por la falta de asistencia a citas programadas, el copago por asistencia a consulta médica y de urgencias o el copago por prestaciones ortoprotésicas (como una cadera), interrupciones del embarazo y fecundaciones in vitro.

Desgravación por seguros médicos privados 

También incluye el establecimiento de una cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando entre pensionistas y trabajadores activos y teniendo en cuenta a los enfermos crónicos; y la posible desgravación fiscal para los ciudadanos con seguro médico privado.

Las comunidades además han planteado alternativas como controlar el número de prescripciones por paciente, la revisión de la cartera de servicios, la regulación de los turnos médicos y centralización de guardias o establecer una regulación "más clara" para la atención sanitaria a la población inmigrante.

Otras medidas serían el alquiler de instalaciones al sector privado, el cobro de aparcamientos en los hospitales, el establecimiento de tasas hosteleras en los centros médicos o la compensación económica específica a las autonomías por el incremento del IVA sanitario.

Suprimir o eliminar el complemento de productividad 

En cuanto al personal del sector público administrativo, algunas de las propuestas giran en torno a la supresión o reducción del complemento de productividad, la eliminación de los complementos adicionales de las pagas extra de junio y diciembre o la supresión de los planes de pensiones.

En políticas activas de empleo, la supresión de gastos no vinculados a esta actividad o la revisión del gasto en formación. Otras de las propuestas puestas sobre la mesa contemplan un ajuste contrato-programa de las televisiones autonómicas, así como mejoras en el uso del parque móvil compartiendo vehículos o limitando su uso y estudiar la concesión privada de determinados servicios públicos.

El documento también incluye medidas específicas para la eliminación de duplicidades, tendentes a la eliminación o integración de diversos entes públicos, como la asunción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos de las funciones de las agencias catalana y vasca.

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