En rueda de prensa, Díaz ha explicado además que el 80% de lo quemado en el caso de Cogolludo pertenece al Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, porcentaje que aumenta al cien por cien en Bustares.
La vegetación afectada, tal y como ha detallado, ha sido monte arbolado, formado en gran parte por enebros, quejigos, encinas, sabinas y pinos resineros, a lo que se suman jara y robles en el caso de Bustares.
Denuncian la disminución de efectivos
Díaz ha denunciado la reducción de los efectivos antiincendios en la comarca, asegurando que el año pasado los agentes medioambientales contaban con dos helicópteros y este año solo con uno, además de que "se han quitado cuatro patrullas próximas al lugar del fuego" que contaban con vehículos ligeros con 500 litros de capacidad.
Ha lamentado igualmente la retirada de una torreta de vigilancia y dos vigilantes móviles, y sobre los retenes ha incidido en que "antes estaban formado por diez u once personas y en la actualidad solo por cuatro o cinco", lo que a su juicio es "insuficiente".
Sobre los efectivos propios de la empresa pública de gestión ambiental Geacam, ha matizado que en la provincia de Guadalajara trabajaban 460 personas en 2010, y en este ejercicio son solo 300 las que están operativas.
El daño es "irreparable"
Díaz ha asegurado que el daño producido por estos fuegos es "irreparable e irreversible" y se ha visto afectada "una de las turberas más importantes del Sistema Central".
"Llevamos tres años avisando del peligro que conlleva la reducción de medios, y desde la Consejería no hacen caso de las advertencias de los agentes y ningunean a este sector", ha aseverado.
En este sentido, ha manifestado que desde APAM C-LM han presentado "una gran cantidad de documentos" de advertencia y recomendaciones a la Consejería "y no han contestado a ninguno".
Confirman que GEACAM contratará a 50 personas hasta septiembre
Díaz ha ratificado el anuncio de este miércoles por parte de Geacam de que se llevarán a cabo durante la próxima semana nuevas contrataciones y ha concretado que serán 50 personas las que formen parte del equipo antiincendios, aunque ha subrayado que estas contrataciones terminarán el 30 de septiembre.
En este punto, ha recordado que el 30% de la plantilla que no aceptó la novación de sus contratos en la empresa pública será cesada el 30 de septiembre, mientras que el resto de empleados de este tipo abandonarán sus puestos el 16 de noviembre.
Piden un cambio de Consejería y dan diez razones para la dimisión de Mª Luisa Soriano
Luis Díaz ha mostrado el deseo de los agentes medioambientales de depender de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas y no de la Consejería de Agricultura, ya que consideran que "funcionarían mejor".
"Es una Consejería acostumbrada a trabajar con protocolos de emergencias y creemos que nosotros atendemos emergencias medioambientales a través del 112, ese es nuestro sitio", ha enfatizado.
En este sentido, ha explicado que materializará su propuesta a lo largo de la próxima semana, y espera "recibir respuesta" ante esta solicitud.
De otro lado, el presidente de los agentes medioambientales castellano-manchegos ha ofrecido un decálogo de motivos que a su juicio deberían provocar la dimisión de la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano.
Así, ha asegurado que estas razones son "la intención de privatizar montes públicos, permitir el fracking, el desmantelamiento progresivo de la Red de Centros de Recuperación y el uso generalizado de lazos en zonas de lince y lobo".
Otros motivos son "la legalización de la cetrería, la futura ley de caza que perjudicará al medio natural, la legalización de la caza de jabalíes por lanceo o el desmantelamiento de los órganos de participación pública en materia ambiental".
Por último, ha expuesto como otras razonas la "reducción del colectivo del Cuerpo de Agentes Medioambientales a 470 cuando se necesitan 700" y la "disminución de los recursos materiales y humanos destinados a prevención".
En este punto, ha incidido en que el presupuesto antiincendios, a pesar de subir cinco millones en el último año, "es de 61,6 millones cuando hace cuatro años era de 118", con lo que la aportación en Castilla-La Mancha "es similar a la de la Comunidad de Madrid, aunque es diez veces más grande".
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