En vigor la nueva Ley Electoral de Castilla-La Mancha aprobada en solitario por el PP

La reforma establece que a cada provincia le corresponderá un mínimo inicial de tres diputados y los 18 diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población y su reparto no se conocerá hasta que aparezca especificado en el Decreto de convocatoria de elecciones aunque si tenemos en cuenta la población actual Toledo quedaría con 9, Ciudad Real con 8, Albacete con 6 y Cuenca y Guadalajara con cinco escaños cada una.

Para aprobar esta reforma --que salió adelante el pasado día 21 de julio en el pleno de las Cortes con los únicos votos a favor del PP-- fue necesaria la reforma previa del Estatuto de la Comunidad Autónoma para reducir la horquilla de diputados que conforman las Cortes, pasando de un intervalo de entre 47 y 59 al de entre 25 y 35.

La reforma ha sido muy contestada desde los distintos partidos políticos. El PSOE la califica de "pucherazo" de la presidenta regional, Dolores de Cospedal, en una norma que consideran hecha a la medida para asegurarse ganar las elecciones. Los socialistas la han recurrido ante el Tribunal Constitucional.

IU por su parte cree que el PP es "consciente de su pérdida de poder" y "se quiere mantener" en el mismo "a consta de lo que sea" y "no le tiembla el pulso para retorcer las leyes electorales". La formación también prepara un recurso judicial a una norma que, a su juicio, "atenta contra el núcleo esencial de los principios y valores", "trampea las normas electorales" y es "un desprecio al ciudadano".

Desde Podemos lo califican de "fraude democrático" y creen que la intención de Cospedal es  "sustraerse al control democrático de los ciudadanos, y escapar así a las unánimes críticas que están suscitando sus políticas antisociales en la mayoría de la sociedad, y por supuesto, eludir su responsabilidad en posibles casos de corrupción, como es el caso de la presunta financiación ilegal de su campaña a las elecciones autonómicas de 2007".

UPyD cree que sienta un "un precedente de privar a gran parte de la sociedad castellano-manchega a su legítimo derecho a estar representada" en el Parlamento regional. Esta formación política cree que el ahorro que plantean los populares es "una falacia" y se preguntan el porqué de su negativa de someterla al recurso previo de inconstitucionalidad, un mecanismo que hubiera paralizado la reforma hasta obtener el dictamen del Constitucional.

La presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal defiende que la nueva ley es "justa, plural y representativa", y cree que "se está dando un paso histórico".