El PP entendía que esta norma no era compatible con la Constitución porque
establece "restricciones al ejercicio de un derecho fundamental".
Así lo explicó en su día el presidente del Partido Popular de Navarra, Santiago Cervera -hoy fuera del partido-,
que indicó que la norma "supone una restricción fundamental al derecho
básico de los profesionales sanitarios de ejercer su libertad de conciencia y
de ideología, reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución".
Esta ley, presentada por el PSN y apoyada por NaBai e IUN, fue aprobada por
el Parlamento de Navarra en octubre de 2013.
El Tribunal Constitucional concluye su dictamen avalando
la norma navarra, aunque el fallo cuenta con un voto particular, según las
misma fuentes.