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La crisis del Constitucional

La crisis del Constitucional

sábado 17 de noviembre de 2007, 17:58h

La grave crisis del Tribunal Constitucional no es un tema jurídico, sino político, como político es el Alto Órgano, que tiene su propio título constitucional (el IX) independiente del VI del Poder Judicial. Pero también es cierto que la obligada condición de juristas de sus miembros y el que sus decisiones tengan la forma de sentencias, fruto todo ello de la fuerte penetración del corporativismo en los tiempos del proceso constituyente, lo judicializa irreparablemente. Así que estamos ante lo más enrevesado que cabría imaginar: un conflicto político que cursa en términos jurídicos.
 
Llevar cuestiones radicales de fondo no al contraste con la voluntad soberana de la ciudadanía, sino al espacio impreciso de la coherencia jurídica formal, incluso cuando se pretende con la Constitución entendida como norma máxima, es inevitable que incentive el uso desviado del Tribunal Constitucional como última instancia respecto a decisiones políticas que tienen su techo racional en el Parlamento y en su caso, en la apelación directa mediante referéndum.

Eludamos por un momento la verdadera cuestión de fondo de este conflicto, que es el Estatut de Catalunya, y observemos la incertidumbre de temas menores, pero muy cercanos a la sensibilidad social, que también están ahora mismo colgados de lo que suceda en el Tribunal Constitucional, pero no del debate por el Alto Órgano, sino de cómo se resuelva la batalla interna de recusaciones y por tanto, de poder, directamente derivada de la lucha política entre socialistas y populares.

Ahí está, por ejemplo, el tema del matrimonio homosexual, aprobado por el Parlamento y ya vigente y utilizado. El Tribunal Constitucional se produce en términos jurídicos, y en lo jurídico cabe el nominalismo, y es un hecho que, en nuestro idioma, matrimonio significa nominalmente, etimológicamente, “unión de hombre y mujer”. ¿Sería legítimo, o siquiera comprensible, que una cuestión de nombre sirviera de palanca para torcer la soberanía democrática, que culmina en el Parlamento? Parece de sentido común que el concepto prima sobre la etimología, que no es sino una interesante e instructiva rigidez, pero un conservador podría vincular su decisión jurídica a la etimología y provocar con ello un delicado conflicto social.

Es ante el Estatut de Catalunya donde cobra sus peores perfiles la radicalidad de la confrontación política de gobierno y oposición en torno al Tribunal Constitucional. Cierto que Rodríguez Zapatero ha vuelto a usar su acreditada táctica de cambiar las reglas del juego sobre la marcha cuando no le convienen, pero también es poco sensata la cadena de recusaciones, por parte del PSOE y del PP, que pone a los magistrados bajo toda sospecha y deteriora anticipadamente lo que en adelante resuelvan.

Todo esto es insensato y agudiza el malestar con que la ciudadanía asiste al deterioro de la calidad democrática en el funcionamiento de las instituciones, sobrevenido en esta etapa de Rodríguez Zapatero, tan distinta y desde luego peor, al largo mandato de su compañero de partido, Felipe González. La única salida decente pasa por que todos, el Gobierno, que ha creado el conflicto, pero también el PP, que ha entrado parece que gustosamente al trapo, saquen sus manos del Tribunal Constitucional y le dejen trabajar con la deseable independencia que ahora le falta.

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