El derroche del Consejo Consultivo versión catalana: a falta de uno, se multiplican los 'chiringuitos'

Pero aunque ese nuevo consejo no esté remunerado, Mas ha mantenido año tras año en los presupuestos una serie de chiringuitos que han sobrevivido a la crisis y a los recortes sociales. Por lo pronto, el Govern no ha desamparado a los ex presidentes de la Generalitat. Si en Madrid, van a parar al polémico Consejo Consultivo, en Cataluña, disponen de despacho propio, secretaria, seguridad y un generoso sueldo procedentes de las arcas públicas, que también reciben los ex presidentes del Parlament. Todo ello gracias a la generosidad de Jordi Pujol, quien dictó una ley en esos términos poco antes de desalojar el Palau de la Generalitat tras 23 años de mandato.

Ahora, y por culpa de la corrupción, Pujol también ha tenido que desalojar su despacho de ex presidente y renunciar a su fabuloso sueldo vitalicio y a sus dos secretarias. Eso supondrá un ahorro de 192.000 euros, que era en lo que estaba presupuestado el alquiler de la céntrica oficina de Pujol. Pero la Generalitat seguirá abonando las facturas de los despachos de Pasqual Maragall y José Montilla, cuyas rentas ascienden a 31.000 y 105.000 euros respectivamente. También seguirá pagando el sueldo de Maragall, aunque no el de Montilla, quien renunció a su salario al convertirse en senador, ya que la ley prohíbe percibir dos salarios públicos al unísono.

En paralelo, los presupuestos de la Generalitat para este año han mantenido vivos una serie de organismos como el Consell del Audiovisual de Cataluña (CAC), que se dedica a evaluar los contenidos de las televisiones y a dictaminar si son o no adecuados para el espectador. El CAC tiene una plantilla de 77 personas y un consejo de dirección integrado principalmente por ex políticos que pueden así percibir un sueldo de directivo. Este chiringuito les cuesta a los catalanes 5,2 millones de euros al año.

Y no es el único. El Govern se rodea de muchos otros consejos de este estilo. El de Garantías Estatutarias, por ejemplo, nació en la época de José Montilla con idea de convertirse en una especie de Tribunal Constitucional a la catalana. En la vida real, nada tiene que ver con el Constitucional, pues este organismo solo se dedica a dictaminar si las leyes del Parlamento autonómico se ajustan o no al Estatut y la Constitución, pero sus informes ni son vinculantes ni tienen recorrido alguno en el ordenamiento jurídico.

Esta falta de influencia no impide que el Consejo de Garantias Estatutarias -que también da abrigo a algún antiguo político- cueste 3,1 millones de euros el año, de los que un millón se dedica a pagar la nómina de los juristas de supuesto reconocido prestigio y confesada afiliación política que lo componen. Pero como el consejo de estos expertos en derecho no es suficiente para la Generalidad, el Gobierno autonómico catalán cuenta también con una Comisión Jurídica Asesora, que comporta un gasto de 2,6 millones de euros al año.

A pesar de que Mas ha metido tijera en todos los servicios sociales, ha permitido que perduren otros consejos para fomentar la cultura y el deporte. Los recursos destinados a estas entidades se dedican principalmente a abonar las nóminas de los burócratas de turno. A los artistas y deportistas les quedan las migajas. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CoNCA) no tiene unas funciones claramente definidas. La entidad nació para repartir subvenciones, pero ahora las ayudas las da directamente la Conselleria de Cultura. Aun así, el CoNCA sobrevive y cuesta 1,1 millones de euros que sirven para pagar los sueldos de sus 18 empleados. El Consejo Catalán del deporte, que planifica y ejecuta la política deportiva de la Generalitat, cuesta 38 millones de euros al año.

Pero para la Generalitat, la estrella de la cultura es la lengua, por eso ha cuidado especialmente al Consorcio de Normalización Lingüística, un organismo que ofrece curso de catalán y cuenta para ello con una plantilla de 706 personas y un presupuesto de 43 millones de euros a los que hay que sumar otro millón largo, que el Govern destina al Termcat, una entidad cuya misión consiste en "garantizar el desarrollo y la integración de la terminología catalana en los sectores especializados y en la sociedad en general" y que cuenta para ello con 24 trabajadores.

Y otro millón y medio va a parar al CEO, una entidad pública que se dedica a hacer encuestas y que se creó a imagen y semejanza del CISS. Y 2,6 millones se dedican al Diplocat, un chiringuito de reciente creación que pretende albergar a un futuro cuerpo diplomático catalán. Además, la Generalitat conserva 206 empresas públicas, la mayoría de ellas deficitarias, pese a que prometió cerrarlas en 2011 cuando, antes de echarse al monte del independentismo, pactó los presupuestos con el PP.


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