www.diariocritico.com

Responsabilidad 'in vigilando' en el guateque de las mordidas

Hace mucho, en los años del hambre y dictadura, la picaresca era necesaria para buscarse la vida. Me contaba mi padre que una de sus “travesuras” de joven consistía en ir a una taberna y pedir una determinada marca de agua gaseosa que, como era desconocida,  el tabernero no disponía de ella. Luego, hacían la misma operación varios amigos más. Al día siguiente, un representante de esa marca nueva visitaba el mismo establecimiento y convencía al dueño de lo popular que era su producto. Si picaba el anzuelo, mi progenitor y sus colegas recibían una recompensa económica. Era sólo una de las muchas maneras que ingeniaban los pícaros hambrientos para sacarse unas pesetas.

Hoy, sin hambre y con democracia, los golfillos de la calle han sido sustituidos por los “buscones”, no los de Quevedo sino los que delinquen, no para buscarse la vida,  sino la buena vida. La trama era perfecta, o eso pensaban los mangantes. Unos pocos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid recomendaban a los ilusos ciudadanos que iban a una oficina municipal para, por ejemplo,  solicitar una licencia para un local de copas,  acudir a unos determinados despachos para agilizar los trámites. Los engañados podían tener lo que es obligación del Consistorio ofrecer pero a cambio de un pellizco de unos miles de euros que servían para que “funcionatas” y “jacintas” (arquitectos y demás listos) se llevasen su parte de la “mordida”.

El golferío funcionó un tiempo y los golfos se llevaron varios millones de euros por la cara, hasta que se supo lo que era un secreto a voces, según empresarios de la hostelería y algunos de los que mordieron el anzuelo y ayudaron a la Policía y a la Justicia a detener a los de la trama.

Los investigadores llamaron “Operación Guateque” a la persecución de este delito concreto y se llevaron por delante una decena de sospechosos y montañas de documentos encontrados en distintos registros en oficinas del Ayuntamiento de Madrid. Los detenidos están acusados de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Forman, presuntamente, parte de una banda que se dedicaba a cobrar comisiones por agilizar permisos y licencias. Mis amigos de la zona de copas de la Plaza de Santa Ana me contaban hace años que el papeleo de sus negocios  se estancaba si no había sobornos.

Varios han denunciado en los últimos años cosas parecidas. Sin mucha suerte, porque hasta la “Operación Guateque”, nada de nada. Como dice mi amigo Pedro Castro, alcalde de Getafe, esto le puede pasar a cualquiera, en un intento de echarle un cable al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha sabido reaccionar con agilidad y se ha puesto al frente de la manifestación contra los golferíos apoyando la propuesta socialista de crear una comisión de investigación. Los datos parecen adelantar que ni el PP ni el primer edil de Madrid son cómplices del delito, ni responsables penales del engaño a los taberneros que querían licencias. La oposición entra en esa cuestión y pincha en hueso, aunque monta escándalo y hace todo el ruido que puede, por la cercanía de las elecciones de marzo de 2008.
Gallardón, al que muchos  consideran “un verso suelto” dentro del PP, en esta ocasión no se ha soltado ni el pelo.

Está actuando como Zapatero en la crisis ferroviaria en Cataluña, sin soltar lastre, a pesar de las evidentes responsabilidades políticas que ambos deberían asumir. Aunque se da muy poco en la política española, existe una cosa que se llama responsabilidad por hecho ajeno, que se debería de dar cuando el responsable de que las licencias se tramiten con normalidad y como marca la ley no ha vigilado. La llamada culpa ‘in vigilando’, y de la que debería responder Gallardón, se produce por el incumplimiento de los deberes de vigilancia. Debería dar una respuesta frente a los perjudicados, por las "mordidas" preparadas por unos funcionarios de los que está obligado  a responder.

Recordando de nuevo a Castro, esto le puede pasar a cualquiera y Gallardón no es responsable ni cómplice del delito, pero, en democracia se debe responder cuando saltan “marrones” de estas dimensiones. La culpa ‘in vigilando’ debe ser de alguien. Del que decida Gallardón, quien tiene una ocasión de oro para avanzar, dar un paso más en la construcción de nuestra democracia y ayudarnos a borrar de la memoria ese dicho tan extendido de que “aquí no dimite nadie”. Da la sensación de que sólo se producen bajas políticas y reconocimientos de hechos golfos y errores después de que la Guardia Civil coloca las esposas en las muñecas de los señalados.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios