La inmoralidad penal de los consejeros de Caja Madrid-Bankia

El escándalo de las tarjetas en Bankia, que supera para 83 Consejeros de todas las ramas de la política y sindicatos los 15 millones de euros, es una muestra emergente de la inmoralidad con que se gestionaba la entidad con pérdidas de 9.176 millones asumidas por el FROB y un rescate de 22.400 exigido por los nuevos gestores. Todos los consejeros cobraban además de media unos 8000 euros salvo Miguel Blesa y la cúpula que lo hacían por millones, como la mano derecha de Miguel Blesa, Ildefonso Sánchez-Barcoj,el hombre que más gastó a cargo de las tarjetas sin declarar: en total 498.000 euros que se suman a los 9,7 millones de euros de salario que cobró sólo entre 2007 y 2011.

Blesa, con un sueldo de 3,5 millones al año, habría gastado en total 436.700 euros, a una media de 54.600 euros al año entre gastos y retiradas de efectivo en cajeros. Pero no fue, sin embargo, quien más gastó, sino que se sitúa en el cuarto puesto, por detrás de Ildefonso Sánchez-Barcoj, José Antonio Moral Santín y
Ricardo Morado. El problema es que todos cobraron en connivencia con la entidad que gestionaban, ya que estos gastos iban a cuentas opacas y no se declaraban a Hacienda ni por la Caja ni por los portadores de las tarjetas.

Por lo tanto además del delito fiscal está el delito penal que cometían como administradores, solo en las tarjetas, a saber que habrá pasado con las perdidas y los beneficios perdidos, ¿en qué se habrán gastado y a quién habrán beneficiado?. Es evidente que se trata de un tema de gran alcance en todas, su gestión que puede y debe llevar consigo largos años de cárcel, además de devolver el dinero robado, sustraído o utilizado en complicidad con los responsables máximos. Conozco al menos a dos de estos Consejeros y espero que reciban su merecido, den las excusas que den.

La responsabilidad penal de los administradores o gestores de una empresa o sociedad que comete delitos, quien responde criminalmente siempre es una persona física. Se trata de delitos que pueden cometer los socios y administradores tales como: Falseamiento de cuentas anuales u otros documentos (pena de prisión de 1 a 3 años o multa de 6 a 12 meses); Imposición de acuerdos adoptados por una mayoría "ficticia" (prisión de 6 meses a 3 años o multa del triple del beneficio obtenido); Obstrucción al control y supervisión pública (prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses); Administración fraudulenta (prisión de 6 meses a 4 años o multa del triple del beneficio obtenido). Otro tipo de delitos: El que se alce con sus bienes en perjuicio se sus acreedores (prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses); El que se generen o contraigan nuevas obligaciones y deudas cuando exista ya el proceso de disolución (prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses); Proporcionar datos falsos relativos al estado contable (prisión de 1 a 2 años y multa de 6 a 12 meses); Defraudar a Hacienda Pública eludiendo el pago de tributos, no reteniendo cantidades que se hubieran debido de retener u obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales.

En este caso prisión de 1 a 4 años y multa del tanto séxtuplo de la citada cuantía siempre y cuando el importe no ingresado por retenciones o disfrutado como beneficio fiscal indebido exceda de 120.000 ?. La obtención de una subvención o ayuda de las Administraciones Públicas de más de 80.000 ? falseando las condiciones requeridas para su concesión (prisión de 1 a 4 años y multa del tanto séxtuplo de su importe); Delitos contables como la anotación de cifras distintas a las verdaderas (en cuantía de 240.000 ?), ocultar o simular la situación de la sociedad (Prisión de 5 a 7 meses).

Es evidente que en el caso de Bankia- Caja de Madrid todo esto ha ocurrido y probablemente también en todas las cajas que han sido arruinadas por sus consejeros y que, salvo un par de ellas, la mayoría han cometido la mayoría de los delitos figurados más arriba. Sin embargo hemos asistido al cobro de cuantiosas indemnizaciones, por despido pre o jubilación, además de enterarnos de los escandalosos sueldazos de sus Presidentes, Consejeros y administradores, ganara o no dinero la entidad, en la mayoría de los casos doblando o incluso octuplicando el sueldo del Presidente de la nación que es de 90.000 euros frente a los 3.2 de Blesa. La mayoría con pérdidas cuantiosas por deficiente administración, cuando no mala voluntad y dolo, o simple robo, cobro de comisiones, prevaricación etc. etc.

¿Cuándo ha ocurrido esto? Desde 1985, y han bastado 27 años para devorar tres siglos de historia de unas Instituciones beneméritas. Ese es, el tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley que reguló los órganos rectores de las cajas de ahorro en 1985 y dio entrada a las recién nacidas comunidades autónomas en estas entidades financieras. El primer golpe fue la reforma del vicepresidente Enrique Fuentes Quintana del año 1977, que equiparó su funcionamiento al de los bancos y les alejó de su origen básicamente social y regional.

Las cajas ya tenían vía libre para competir por toda España, pero el tiempo ha demostrado que su caída bajo el poder autonómico supuso su auténtica acta de defunción, pues pasaron a formar parte de sus órganos de gobierno. Es decir, que se convirtieron en juez y parte, lo que dejó a muchas cajas a merced de los gobernantes de turno, que las convirtieron en sus brazos armados financieros. Hubo excepciones. Algunas leyes de cajas autonómicas fueron más rigurosas, como la catalana, y algunas entidades -como La Caixa, la malagueña Unicaja o la vasca BBK- lograron mantener una gestión profesional y prudente a pesar de las presiones de los políticos. Las cajas se lanzaron a crecer. Superado el bache de la crisis de los 90, entraron en tromba a financiar la burbuja inmobiliaria, hasta llegar a suponer en el 2007 el 49,3% de los créditos del conjunto del sector financiero y el 57% de los depósitos.

Los resultados que obtenían con su incursión poco prudente en este negocio les servía para financiar faraónicos y ruinosos proyectos de los gobernantes autonómicos: aeropuertos, parques temáticos, circuitos deportivos.... 

Todo iba bien gracias al ladrillo y las Comunidades, es decir "la Casta", pusieron al frente de muchas cajas a presidentes sin experiencia financiera, como Miguel Blesa (Caja Madrid), cuyo mayor logro era ser amigo de José María Aznar, o Modesto Crespo (CAM), dueños de sucursales de coches y amigo de Francisco Camps. También se llenaron de expolíticos: un retiro dorado de sueldos muy superiores a los de la administración pública. Sin ruborizarse, era normal ver saltos como el de José Luis Olivas, que pasó de presidir la Comunidad Valenciana con el PP a presidir Bancaja,  o Juan Pedro Hernández Moltó, que se convirtió en el máximo responsable de CCM, después de haber sido consejero del gobierno regional y diputado del PSOE.

Ahí falló el Banco de España y especialmente el Gobierno Zapatero. Ahí está también Juan Iranzo, catedrático, que desde el Consejo social de la comunidad de Madrid, el decanato de los economistas y la Dirección del Instituto de estudios Económicos de CEOE, ha pasado a cobrar 175.000 euros en Red Eléctrica el doble que Rajoy y otros Consejos, además de su sueldo como Consejero de CajaMadrid mientras duró y 46.800 euros de la tarjeta opaca, implicándose con ello en la dolosa gestión, como Consejero que fue de la misma, pues conocía su existencia, la usara o no, ya que todo son escusas y no basta dimitir.

Bernardo Rabassa Asenjo: PRESIDENTE DE COFIFARM IBÉRICA Y DE LA UTE CEBR-MULTIMÉDICA-QINDICE. PRESIDENTE DE CLUBS Y FUNDACIONES LIBERALES. MIEMBRO ASOCIADO DE ALIANZA LIBERAL EUROPEA (ALDE), PREMIO 1812. PREMIO CIUDADANO EUROPEO 2013 DE FORO EUROPA 2001.