El desplazamiento de los legisladores citados anteriormente, se inscribe en la estrategia de defensa institucional del Parlamento, frente a los pronunciamientos del Gobierno y de varios asambleístas del oficialismo de cesar en funciones a los legisladores, en ejercicio de una pretendida facultad ilimitada de la Asamblea Constituyente para resolver sobre la permanencia de las instituciones y organismos básicos del Estado.
Los legisladores Torres, Castillo y Barcia defenderán ante la Unión Interparlamentaria la tesis de que una disolución, vacancia o receso obligado del Congreso “constituiría un acto arbitrario, ilegal e inconstitucional, por parte de la Constituyente, toda vez que el Estatuto aprobado por el pueblo en las urnas le otorgó plenos poderes para reestructurar el marco institucional del Estado y redactar una nueva Constitución, que solo entrarán en vigencia una vez que el pueblo se pronuncie favorablemente en un referendo”.
El Grupo Parlamentario, a más de alertar sobre la posible ruptura del orden constitucional en el Ecuador, solicitará que este organismo adopte una posición en defensa de la vigencia del estado de derecho y la democracia, como bienes supremos de nuestros pueblos y que, a la vez, rechace las pretensiones de consolidar regímenes totalitarios.
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