El PSOE ha presentado este martes un paquete con más de 40 medidas concretas para luchar contra la corrupción, que incluye la incorporación al Código Penal del delito de financiación ilegal de partidos -que también castigue al que paga- y la obligatoriedad de que las formaciones políticas devuelvan el dinero obtenido de esta manera.
El PSOE ha presentado este martes un paquete con más de 40 medidas concretas para luchar contra la corrupción, que incluye la incorporación al Código Penal del delito de financiación ilegal de partidos --que también castigue al que paga-- y la obligatoriedad de que las formaciones políticas devuelvan el dinero obtenido de esta manera.
Muchas de las medidas que ofrece el PSOE al resto de grupos políticos formarán parte de una proposición de ley que registrará en el Congreso de los Diputados y con la que quiere tomar la iniciativa en esta lucha y "marcar el paso" al PP. Aunque Ferraz ha descartado cualquier pacto con el partido del Gobierno, porque cree que estaba "utilizando" las negociaciones abiertas para "tapar sus vergüenzas", los socialistas sí están dispuestos al diálogo para recabar apoyos a sus propuestas.
La iniciativa socialista incluye modificaciones del Código Penal y de varias leyes e incorpora otras medidas, como la creación de una Oficina Anticorrupción, con capacidad de actuación directa en todo el ámbito del sector público del Estado y de las Administraciones Locales, con competencia para revisar actuaciones y procedimientos con alcance económico y capacidad para exigir las responsabilidades que puedan derivarse de ellos.
Además, también propone el cese obligatorio de los altos cargos y la suspensión de parlamentarios y concejales en el momento en el que sean llamados definitivamente a juicio oral por delitos de corrupción política, así como la prohibición de nombrar altos cargos a quienes se encuentren inmersos en juicio oral por estos delitos.
El PSOE también propone que esta situación sea motivo de inelegibilidad y quiere que así se incorpore en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
Por lo que se refiere al Código Penal, los socialistas proponen incrementar las penas de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales e incorporar una clásula de agravamiento para otros delitos cuando sean cometidos por autoridad o cargo público.
Además, y para llevar al papel el compromiso de que "quien lo hace, la pague y lo pague", que defiende el secretario general, Pedro Sánchez, quieren que se revisen las normas reguladoras de la responsabilidad civil para asegurar que, en supuestos de corrupción, las consecuencias del delito se satisfagan con todos los bienes y derechos del condenado y, con las garantías debidas, los que pudiesen figurar a nombre de sus allegados o testaferros.
Procedimientos más rápidos
Otras medidas son la atribución a la Audiencia Nacional de la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de corrupción política y el establecimiento de un procedimiento preferente y sumario para que estos delitos puedan enjuciarse y castigarse de forma rápida.
Además, incorpora la prohibición del indulto para delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.
En materia de regeneración democrática, pide primarias entre militantes para elegir a los responsables máximos de todos los partidos y que se especifique en los estatutos de las formaciones políticas la suspensión o anulación de afiliación y militancia en supuesto de corrupción.
Máximo de dos mandatos en Moncloa
Asimismo, defiende establecer un límite de dos mandatos consecutivos para ejecer la Presidencia del Gobierno y limitar y reducir los aforamientos. También propone modificar el procedimiento para designar a los miembros de órganos constitucionales y de otros órganos elegidos por las Cámaras, de manera que se evalúe la competencia e idoneidad de los candidatos.
El paquete de medidas incorpora también la dedicación exclusiva de los parlamentarios y la exigencia de un certificado fiscal que compruebe que no cuentan con deudas tributarias, su situación patrimonial y las variaciones que se hayan podido producir, una exigencia que extiende a los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración general del Estado.
También propone aumentar de dos a cinco años el periodo de incompatibilidad para altos cargos que quieran incorporarse a empresas del sector sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión.
Y defiende que el ministro de Hacienda y las Administraciones públicas presenten anualmente ante el Congreso un informe detallado por Ministerios de los gastos de representación de todos los altos cargos.
En materia de financiación de partidos, además del nuevo delito de financiación ilegal, propone que se reduzca de manera "significativa" la cuantía máxima permitida de donaciones dinerarias provenientes de las personas físicas.
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